Los defensores oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez llevaron a cabo el pedido de absolución de Eduardo René Fracassi ante el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava en el marco de la reanudación de los alegatos en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se trata de la causa 1103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

El defensor oficial Marini dijo que Fracassi "no tuvo intervención en los casos que se le imputan y mucho menos debe responder por los abusos de algunas de las víctimas caso Sebeca, Gastaldi, Mantovani, Dietz, Larrea, Pioli, Martinelli".

"Ya hay sobradas muestras de que Fracassi no fue responsable de lo que ocurrió en el buque (9 de Julio) ni en Baterías", afirmó al indicar que el personal "que allí estuvo a cargo de la administración y control de detenidos nunca actuó bajo el control operacional de Fracassi por lo que mal le pueden adjudicar que desde su ubicación jerárquica haya creado las condiciones para posibilitar que personal bajo su dependencia abuse de las mujeres nombradas".

"De más está decir, todavía estamos esperando que la Fiscalía fundamente por qué lo consideran a Fracassi autor mediato de ese delito, idéntico razonamiento debe hacerse al delito de asociación ilícita, por lo que solicito la absolución", afirmó.

En este juicio se investigan y debaten los casos de 66 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su paso por centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de la base naval de Puerto Belgrano, como el ya desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

"Es una forma de reparar a las víctimas que aparecieron siempre en esas páginas como delincuentes subversivos, delincuentes en contra del pueblo argentino", señaló el fiscal, José Nebbia, ayer, en declaraciones formuladas a Radio Nacional Bahía Blanca.

El fiscal, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca aseguró que la determinación es "a modo de garantizar el derecho a réplica de las víctimas".

La solicitud del fiscal de la causa, realizada en el alegato del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad pretende que el Tribunal contemple, en el veredicto, que la sentencia sea publicada en el diario "La Nueva Provincia", propiedad del empresario de medios Vicente Massot, que integra la lista de imputados.

"Es una forma de reparar a las víctimas que aparecieron siempre en esas páginas como los delincuentes subversivos, delincuentes en contra del pueblo argentino, obligando a que se publique en sus páginas por primera vez la verdad, que sería la sentencia con los condenados y las víctimas de éstas causas", señaló Nebbia a Radio Nacional Bahía Blanca.

Massot y los 22 imputados están en la mira de los fiscales, que ya solicitaron la pena de prisión perpetua para 18 de los implicados, en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada.

El pedido recayó sobre diez represores de la Armada, cinco del Ejército y tres de la Prefectura Naval.

La fiscalía los acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

Durante el alegato, los fiscales manifestaron que se pudo ver cómo el diario "manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca".

Y analizaron que "esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas  perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal".