En el día de hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió anular la mededida cautelar que suspendía los incrementos del servicio de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria, destacó que si bien "respetan" el fallo de la corte, no lo comparte.

En un comunicado dirigido a la población sostuvieron que:“Estábamos esperanzados con una sentencia favorable y reparadora. Con este tipo de decisiones se vulnera el bolsillo de la gente”.

“El fallo traerá serias consecuencias para usuarios, PYMES, pequeños comerciantes, clubes barriales, organizaciones comunitarias, cooperativas y empresas recuperadas que se encuentran asfixiados por los tarifazos en servicios públicos esenciales”, advirtieron los legisladores.

A la vez, se refirieron a las audiencias públicas. Al respecto, destacaron que “la audiencia pública es un derecho constitucional y es nuestro deber como diputados defender los derechos del pueblo. Esperamos que el Gobierno Nacional entienda”.

"Para la determinación de tarifas justas y razonables, es imprescindible que el Gobierno garantice los procesos de participación y consulta ciudadana avalados constitucionalmente”, concluyeron.

Firmaron el comunicado el preside Walter Abarca e integran Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Ricardo Moccero y Rodolfo Iriart.

La diputada del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, presentó en la Cámara Baja bonaerense un proyecto de solicitud de informes para que el Poder Ejecutivo Provincial y Municipal brinden precisiones sobre el operativo realizado ayer, alrededor de las 7 am, cuando las fuerzas policiales interceptaron, requisaron y maltrataron a alumnos y alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Quilmes.

Según testimonios de una madre de uno de los adolescentes agredidos: “Uno de los chicos es mi hijo, iban camino al colegio en su ´último primer día de clases´ y los interceptaron patrulleros, los pusieron contra la pared y por supuesto los maltrataron. Esto es gravísimo”. A su vez, una vecina alcanzó a grabar parte de lo sucedido en un video que se viralizó por las redes sociales.

“Las prácticas represivas ejecutadas por la policía, invierten toda lógica a favor de la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley Provincial 13.298 y de la normativa vigente en materia de Derechos Humanos, poniendo a los jóvenes en peligro”, subrayó Ramírez.

En los fundamentos de la solicitud, la diputada quilmeña advirtió que el Consejo Local Quilmeño de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (Ley 13.298), manifestó en reiteradas oportunidades a las autoridades del Municipio de Quilmes su absoluto rechazo a la violencia institucional ejercida sobre los y las adolescentes y jóvenes.

“Los acontecimientos detallados restringen las libertades individuales en pleno ejercicio de la democracia, vulneran los principios de seguridad ciudadana y democrática,  así como los Derechos Humanos y las normas provinciales, nacionales e internacionales con rango constitucional en materia de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, concluyó Ramírez.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, Ramírez elevó un Proyecto de las mismas características solicitando especificaciones al gobierno de la Provincia y al Municipio de Quilmes por un operativo policial ejecutado el pasado 16 de diciembre de 2015, cuando los integrantes de “Kilmes HH” realizaban un evento de Hip Hop, en la plaza ubicada en Av. Carlos Pellegrini/Canal de Beagle y Gran Canaria de la localidad de Quilmes.

Una cumbre peronista en el Senado de la Nación respaldó la iniciativa que impulsan los legisladores bonaerenses para recolectar un millón de firmas que permita avanzar en una convocatoria a Iniciativa Popular en rechazo al aumento de tarifas eléctricas decidido por el gobierno nacional.

En este sentido, los senadores Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina y María Laura Leguizamón se reunieron con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, Fernando Espinoza, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y los diputados provinciales Walter Abarca y Eva Ramírez.

El tándem matancero Magario y Espinoza resaltó que "la iniciativa del PJ bonaerense plantea que el aumento de la tarifa eléctrica perjudica a los sectores sociales que más necesitan el acompañamiento del Estado".

Y destacaron "la importancia del apoyo que recibimos para esta Iniciativa Popular de parte del presidente del bloque del PJ-FpV Miguel Pichetto, y de los senadores nacionales de nuestra provincia María Laura Leguizamón y Juan Manuel Abal Medina".

Asimismo, Abarca y Ramírez hicieron hincapié en que “la audiencia pública es un derecho constitucional que comprende a todos los ciudadanos y ciudadanas” y sostuvieron que “conforme la normativa vigente esta instancia de participación debe ser realizada antes de cada ajuste tarifario para que todo aquel que pueda verse afectado, o tenga un interés particular o general, exprese su opinión”.

En el encuentro, los legisladores, la intendenta Magario y el Fernando Espinoza también analizaron el discurso del presidente Mauricio Macri, y lo criticaron por no tener una mirada federal y carecer de un plan de gobierno que incluya a todos los argentinos.

Igualmente evaluaron los pasos que se están dando con los gobernadores peronistas con el objetivo de que el gobierno nacional devuelva a las provincias y los municipios los fondos de la Coparticipación que fueron detraídos en los últimos años.

El peronismo convoca a firmar un petitorio a toda la ciudadanía para expresar su desacuerdo con el “brutal aumento de tarifas”. La campaña forma parte de diversas acciones que vienen llevando adelante diputados y diputadas del Frente para la Victoria para frenar el tarifazo eléctrico.

Según comunicaron desde el Partido Justicialista Bonaerense, el documento rubricado será entregado a las autoridades nacionales correspondientes como muestra de “clara oposición” a la medida adoptada por el gobierno encabezado por Mauricio Macri y que “tendrá efectos negativos sobre un vasto sector de la ciudadanía, sobre todo de los más vulnerables”.

En La Matanza la firma del petitorio se desarrollará este martes 23 de febrero desde las 11hs, en el Salón Malvinas del Palacio Municipal, ubicado en Almafuerte 3050, San Justo. Allí se colocaran las mesas, donde públicamente cada ciudadano podrá expresar su disconformidad con los aumentos de tarifas.

Por su parte, similar convocatoria también fue impulsada por la diputada quilmeña Eva Ramírez, quien explicó que se establecieron mesas fijas y rotativas para que los vecinos y las vecinas del distrito puedan requerir la realización de una audiencia pública, “que es un derecho constitucional que nos abarca a todos y a todas”.

Durante el fin de semana comenzaron a ponerse en marcha, en algunos municipios, mesas de consulta para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan pronunciarse contra dicha medida y requerir al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que inmediatamente llame a audiencia pública.

En este sentido, la diputada Eva Ramírez señaló: “Se trata de una tercera etapa de trabajo, antecedida por la presentación de un Proyecto de Declaración en la Cámara Baja provincial y la elevación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal de La Plata para que el Poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto las resoluciones consumadas y convoque de manera urgente a audiencia pública”.

De este modo, “con la recolección de firmas buscamos reforzar el amparo judicial que efectuamos el pasado viernes 12 de febrero del corriente año”, agregó.

Ramírez precisó que los vecinos y las vecinas de Quilmes pueden sumarse al pedido colectivo de Audiencia Pública por una tarifa eléctrica justa, acercándose a las siguientes direcciones:

MESAS FIJAS:

-Av. Donato Álvarez y calle 842 de martes a viernes de 18:00 a 20:00 hs. y los días sábados de 10:00 a 14:00 hs. (Solano)

-Calle 844 y 897 de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs. y los días sábados de 10:00 a 14:00 hs. (Solano)

-Rodolfo López esquina Mosconi de lunes a sábado de 10 a 18 hs. (Quilmes Oeste)

-Yrigoyen esquina Humberto Primo de lunes a sábado de 10 a 18 hs. (Quilmes Centro)

MESA ROTATIVA:

-Yrigoyen y Rivadavia desde hoy y hasta el sábado 27/02 de 10 a 18 hs. (Quilmes Centro)

Además, la legisladora quilmeña recalcó: “Exigimos la realización de una audiencia pública, que es un derecho constitucional que nos abarca a todos y a todas”.

También, indicó que la Fan Page: https://www.facebook.com/AudienciaPublicaTarifazoElectrico/ y el correo electrónico: [email protected]están disponibles para que los usuarios y las usuarias del servicio de energía eléctrica puedan hacer consultas, informarse sobre la temática y descargar el formulario para adherir a la petición.

“Consideramos que este tarifazo es ilegítimo porque no se cumplió con el requisito de audiencia pública y abusivo por el impacto que tendrá en los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires”, finalizó Ramírez.

Diputados provinciales del FpV mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, para analizar de forma conjunta  “el impacto social” del nuevo cuadro tarifario de electricidad.

En este sentido, el diputado provincial Walter Abarca recordó que presentaron un amparo judicial contra "los aumentos excesivos que se ejecutaron sin las Audiencias Públicas que establece la Ley”.

“Venimos a pedir la participación de la Defensoría en el amparo que presentamos. Nos preocupa cómo impacta este aumento en el proceso inflacionario que estamos viviendo”, agregó Abarca.

De igual modo, la diputada provincial Eva Ramírez sostuvo que “estamos avanzando en una tercera etapa, mediante firmas de la ciudadanía, solicitando al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se llame de manera urgente a Audiencias Públicas”.

Los legisladores del FpV, informaron que reforzarán el recurso de amparo presentado a la Justicia Federal con una colecta de firmas contra el tarifazo en los municipios, para lo cual instalarán “mesas de consulta” en los que se podrá firmar contra el aumento y exigir la convocatoria a audiencias públicas.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Marcelo Honores se mostró preocupado por el “impacto social” del cuadro tarifario anunciado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, y prometió “asumir las responsabilidades que nos competen como Defensoría del Pueblo”.

En tanto,  los legisladores dieron cuenta del avance del amparo presentado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu. Indicaron que el magistrado, “dio inicio a la acción de amparo contra el incremento de las tarifas”.

“De ser concedida la medida cautelar, requerida dentro del amparo, el gobierno nacional deberá dejar sin efecto las resoluciones perpetradas en relación al incremento de la tarifa eléctrica hasta que el Juez con sentencia definitiva resuelva si fue legítimo o no el obrar del Estado al imponer un tarifazo sin audiencia pública”, aseguraron los diputados del FpV.

Durante la reunión,  participaron también los diputados Ricardo Móccero, Marisol Merquel, Alicia Sánchez, Valeria Amendolara,  Alejandra Martínez y Mauricio Barrientos, quienes pusieron de manifiesto el compromiso del Defensor del Pueblo para “llevar a cabo acciones conjuntas contra el tarifazo eléctrico dispuesto por el gobierno nacional”.

Desde el Frente para la Victoria solicitaron a la justicia que frene el aumento de las tarifas implementado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por un lado, un grupo de diputados bonaerenses del FpV presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Energía de la Nación por los incrementos.En el mismo piden la nulidad de esas medidas y reclaman la realización de audiencias públicas.

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal 2 de La Plata por los legisladores del FpV por la provincia de Buenos Aires, encabezada por Walter Abarca y Eva Ramírez lleva además las firmas de Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos y Marcelo Feliú, Manuel Elias, Mauricio Barrientos y Alicia Sánchez.

Los legisladores provinciales solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y consideraron que la modificación “debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional”.

El escrito sostiene que “han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias que se verán afectados por la modificación”

“Entendiendo que el gobierno de Macri vulneró, entre otras cosas los atículos 74, 46 y 48 de la ley 24065 y siendo esta una medida arbitraria, infundada e inconsulta que afecta y perjudica a millones de Bonaerenses es que presentamos el amparo,” afirmó el diputado Walter Abarca.

Los legisladores presentaron además un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el que repudian el aumento y adelantaron que iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a la realización de la audiencia pública correspondiente.

En tanto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también acudió a la justicia contra los aumentos. El jefe comunal de Avellaneda presentó un recurso en el Juzgado Federal número 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo Claudia Rodríguez Vidal.

Ferraresi sostuvo que hizo el planteo ante el nuevo régimen tarifario eléctrico "por la falta de audiencia pública" y cuestionó que el aumento "llevará a un desfasaje económico".

En el documento, el intendente solicitó que las tarifas energéticas se retrotraigan a los niveles previos al incremento anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que implica subas de 500% promedio.

La diputada quilmeña Eva Ramírez, del Frente para la Victoria, presentó en la Legislatura bonaerense una iniciativa que tiene como objetivos “visibilizar el valor cultural de las murgas” y “generar las herramientas necesarias para que puedan trabajar libremente”.

En este marco, la legisladora quilmeña rechazó enérgicamente la represión realizada por la Gendarmería contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” del Bajo Flores, el pasado viernes 29 de enero, mientras los pibes y las pibas estaban ensayando con su director.

Al respecto, Ramírez sentenció: “Repudiamos este hecho lamentable y condenamos el atropello y la persecución contra todo tipo de manifestación cultural. Desde nuestro lugar, defendemos el derecho humano a la libertad de expresión y sostenemos que la violencia nunca podrá ocultar nuestra cultura popular”.

De igual modo, exigió el pleno cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional e internacional en materia de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En vísperas del feriado de carnaval, la diputada del Frente para la Victoria promueve en la Cámara Baja reconocer “al género artístico-cultural denominado Murga como parte del patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires en los términos establecidos por la Ley Nº 26.118”.

“Este proyecto fue elaborado conjuntamente con movimientos murgueros nacionales y provinciales, con el fin de reconocer el valor cultural y el rol social de las murgas, generando las herramientas necesarias para que puedan trabajar libremente”, precisó Ramírez.

En línea con ello, la iniciativa dispone que se declare de interés provincial su investigación, preservación, apoyo y difusión. A su vez, instituye que es competencia de la actual Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires (ex Instituto Cultural), en su calidad de autoridad de aplicación, ejecutar acciones en articulación con los municipios para su cumplimiento.

El proyecto de Ramírez también estipula la instauración de un Parlamento Murguero, que cumplirá funciones de consejo consultivo y asesor y estará compuesto por representantes de agrupaciones murgueras, quienes actuarán ad honorem, preservándose en su estructura la representatividad de todos los distritos.

Por último, la Ley reconoce “a aquellos Municipios de la Provincia de Buenos Aires que tengan establecidas como políticas de Estado la promoción y protección de las actividades murgueras y/o carnavaleras en sus respectivos Distritos”.

Mediante una solicitud de Informes, la diputada quilmeña requirió que se expliquen los motivos por los cuales efectivos policiales reprimieron a jóvenes de la agrupación “Kilmes HH” durante un encuentro de Hip Hop en la plaza lindera a la Estación de Quilmes. “Las prácticas violentas ejecutadas, invierten toda lógica a favor de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

La diputada del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, elevó en la Cámara Baja de Buenos Aires un Proyecto de Solicitud de Informes para que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad, brinde precisiones sobre el operativo policial efectuado el pasado 16 de diciembre de 2015, cuando los integrantes de “Kilmes HH” realizaban un evento de Hip Hop, en la plaza ubicada en Av. Carlos Pellegrini/Canal de Beagle y Gran Canaria de la localidad de Quilmes.

Ramírez advirtió que en ese marco “los jóvenes fueron sometidos a una violenta requisa por parte de la policía local y bonaerense, puestos con las manos en alto contra la pared, recibiendo agresiones verbales y físicas propias de procedimientos dictatoriales”.

Entre los fundamentos del pedido, la diputada quilmeña recalcó: “Las prácticas represivas ejecutadas por la policía, van en contra de la normativa vigente en materia de Derechos Humanos e invierten toda lógica a favor de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Concretamente, en la iniciativa parlamentaria, Ramírez requirió que se explicite “si para tal procedimiento ha mediado la orden de alguna autoridad Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Departamental Quilmes, de la cartera de Seguridad provincial o del Municipio de Quilmes”.

Asimismo, exhortó que se “notifique el nombre, apellido y grado de los efectivos policiales que integraron el citado operativo policial, de sus superiores jerárquicos y autoridades implicadas, como así también si se han dado inicio a las actuaciones sumariales correspondientes y a la separación preventiva de los uniformados involucrados”.

Por último, Ramírez aseguró: “Los acontecimientos detallados restringen las libertades individuales en pleno ejercicio de la democracia, atentan contra cualquier expresión vinculada con la Cultura barrial y popular, y vulneran los principios de seguridad ciudadana y de nuestros Derechos Humanos”.

En el marco de los despidos en el Estado de las diversas gestiones de Cambiemos, la diputada por la tercera sección electoral del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, se solidarizó con los trabajadores que se vieron afectados por las cesantías dispuestas por el intendente de Quilmes, Martiniano Molina.

En el municipio que comanda el cocinero fueron unos 1.000 los empleados cesanteados. En este sentido, la legisladora provincial subrayó: “Estos despidos indiscriminados desconocen las trayectorias de trabajo institucional que dan sustento a las políticas públicas quilmeñas, como así también los vínculos de los profesionales con la comunidad”.

A su vez, la diputada se refirió a los trabajadores que realizan labores administrativas y de gestión integral al decir que “sus quehaceres son indispensables para el bienestar de todos los quilmeños y quilmeñas”.

De igual modo, Ramírez hizo hincapié en la necesidad de deconstruir quiénes son los despedidos y qué tareas venían llevando a cabo. “Me preocupa que estos despidos colectivos impliquen reducción de los servicios públicos y de los derechos sociales y sanitarios de los vecinos y vecinas de Quilmes”, indicó.

En esa línea, remarcó: “Apoyamos y acompañamos a los trabajadores y trabajadoras despedidos y a sus familias”.

Por otra parte, la diputada quilmeña y esposa del ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez apuntó: “Seguimos defendiendo el rol del Estado y las decisiones impulsadas en su momento como la municipalización de higiene urbana, alumbrado público y la agencia de recaudación (ARQUI). Esperamos que estas medidas que hoy toma el intendente de achicamiento del Estado no  se continúen con la tercerización de los servicios públicos”.

“Resulta sumamente contradictorio que las cesantías de la nueva gestión macrista, se suscitan en momentos en que el Municipio dispondrá para este año, según lo votado por el Concejo Deliberante, de un incremento sustantivo en la partida de recursos humanos”, concluyó Ramírez.