Ante el aumento del 108 por ciento en la custodia policial para el fútbol amateur, se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que establece un arancel menor por los servicios de Policía Adicional.

La iniciativa, impulsada por la diputada de Unidad Ciudadana Fernanda Díaz, surge como respuesta a la resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense que comenzó a regir a principios de este mes y prevé un aumento de más del 100 por ciento en los costos que deben pagar los clubes que participan en deportes amateurs por los operativos de seguridad.

Según la resolución firmada por el Ministro Cristian Ritondo, los clubes que participan en ligas de fútbol amateurs, nucleadas en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, integran la categoría 5 de “espectáculos o reunión públicas”, por lo que pasarán a pagar 183 pesos por hora de servicio (llamada Core o polad”) cuando el monto anterior era de 83 pesos.

“Con esta categoría, un club amateur paga más que un Banco. Lo que proponemos es que exista una categoría especial para el deporte amateur y que los aranceles que se fijen sean iguales a la categoría de servicio más bajo” explicaron desde el bloque de Unidad Ciudadana, al tiempo que agregaron que “este exponencial aumento es totalmente desproporcionado en función de los recursos que cuentan los clubes que también deben afrontar los tarifazos y los gastos diarios”.

Además, los integrantes de la bancada opositora en la Cámara baja resaltaron que “los clubes son entidades sin fines de lucro que subsisten gracias al apoyo de la ciudadanía” y cuestionaron que “esta resolución afecta directamente a miles de vecinos y familias que acompañan el deporte amateur”.

El bloque de esa fuerza opositora en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presentó este jueves un pedido de informe, en el que manifiestan la intervención de la Gobernadora bonaerense para hacer cumplimiento preventivo de crisis correspondiente ante la amenaza de la empresa BRF de Baradero de despedir a casi doscientos trabajadores.

Los legisladores Miguel Funes y Fernanda Díaz de Unidad Ciudadana, a través de un informe, presentado en la Cámara Baja bonaerense dirigido a la goberandora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y por su intermedio a los Ministerios de Trabajo y Producción para que informe todo lo relativo a despidos, suspensiones y modificaciones de la situación laboral de los trabajadores de la empresa BRFQuick Food de Baradero en su planta industrial.

En el texto que tuvo acceso Primerando, se solicita saber: “1- Informe si ha tomado conocimiento de algún programa de reducción de personal por parte de esta empresa.

2- Cuáles son las medidas que se aprestan a tomar para preservar los puestos de trabajo y la actividad productiva.

3 -Si la empresa presentó ante la autoridad laboral un proceso preventivo de crisis.

4- Cualquier otra información que considere pertinente sobre lo ocurrido”.

Además desde el bloque de Unidad Ciudadana anunciaron ponerse a disposición de cada familia afectada y exigir a la Provincia actuar en consecuencia con la grave situación por la que atraviesan los 180 trabajadores.

En abril del 2015, se inauguró una ampliación de esta planta con una inversión de 65 millones, en el marco de un programa de inversiones que hizo esta empresa desde el año 2011, lo que generó otros 60 puestos laborales.

Los 180 despidos que se piensan realizar en Quikfood de Baradero se suman a los 70 de la planta de Atanor, recortes en Dontos, cesantías en la central de Atucha (Zarate) y la paralización de la obras del ferrocarril.

Según la mesa multisectorial, sindical y social de esa localidad estima que en este período se produjeron entre 400 y 600 despidos.