El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la denuncia contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, por el acuerdo que el poder Ejecutivo firmó por el Correo con una empresa propiedad de la familia Macri. El caso desató un escándalo político.

La Justicia investiga al Jefe de Estado y a Aguad por un acuerdo muy favorable al Grupo Macri, que administró el Correo hasta 2003, cuando fue estatizado. La fiscal Gabriela Boquin objetó ese acuerdo y denunció maniobras de la empresa para licuar sus deudas, con anuencia del Estado.

Ahora el fiscal Juan Pedro Zoni imputó también a los directivos de las firmas SOCMA y SIMECO y a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial que sustanciaba el concurso de la compañía.

La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Después de conocerse que el Estado iba a beneficiar con una quita notable al Grupo Macri, la noticia generó un escándalo político. A pesar de que funcionarios de primera línea, como el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendieron lo actuado por el Gobierno, fue el propio presidente el que anunció en una conferencia que "volvía todo a foja cero hasta que se aclare la situación". Ahora la Justicia investigará su propia responsabilidad en el caso.

El juez Sergio Torres propuso operativos en organismos públicos: Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y otros. Se investiga si el Estado benefició irregularmente a Avian Líneas Aéreas, empresa compradora de Macair Jet SA, perteneciente al Clan Macri.

Se trata de otro caso de "conflicto de intereses", según la definición del Gobierno nacional. La investigación apunta contra el empresario Franco Macri, el presidente Mauricio Macri y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. La Justicia deberá develar si el Estado benefició a la compradora de una aerolínea de aviación del Grupo Macri. Además, si su ingreso no se hizo en perjuicio de la línea de bandera.

El de Avianca es, por lo menos, el cuarto caso judicial que involucra a Macri o a su familia. Primero fueron los Panamá Paper, luego el escándalo del Correo Argentina y la semana pasada, la causa por Autopista del Sol. En todos, sobresale un entramado que vincula al mandatario con sociedades del grupo creado por Franco Macri.

En la causa que lleva adelante Torres se investiga además la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares. Una empresa sospechada es Fly Bondi, que podría estar vinculada al ministro Quintana.

La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandie, del Frente para la Victoria.

El Grupo Socma, de la familia presidencial, vendió el 7% de las acciones de Autopista del Sol (AUSOL) después de que el Gobierno autorizara un aumento del 120% en el peaje. La Justicia investiga penalmente a funcionarios del Ejecutivo nacional.

Otra vez "un conflicto de intereses" cruza a Mauricio Macri y a las empresas vinculadas a su familia. Ahora el juez Daniel Rafecas deberá analizar si hubo "negociaciones incompatibles con la función pública" en el accionar de funcionarios de la administración de Cambiemos.

Con la llegada de Macri a Casa Rosada, se establecieron diferentes aumentos de tarifas en los peajes de las autopistas. Entre las empresas favorecidas estuvo AUSOL, que pertenece a Sideco Americana, del Grupo Socma. Las acciones de esa compañía aumentaron un 394% desde diciembre de 2015. Después, Sideco vendió una parte de AUSOL por 20 millones de dólares a Natal Inversiones SA. Un negocio redondo.

Diferentes diputados de la oposición, como Rodolfo Tailhade y Margarita Stolbizer, se presentaron a la Justicia. En el caso de la dirigente aliada al Frente Renovador realizó una denuncia penal contra funcionarios de Vialidad Nacional. La investigación será realizada por Rafecas.

Tras la condonación de deuda y el pedido de volver a foja cero que rogaba el presidente Macri en febrero, la fiscal Gabriela Boquín, presentó un dictamen que revela el vaciamiento de Correo Argentino SA. La empresa propiedad de la familia Macri está bajo concurso de acreedores y bajo la lupa de la Justicia Comercial desde hace 16 años por diversas irregularidades.

En un escrito, la fiscal Gabriela Boquin denuncia como Correo Argentino SA, con tres empleados y cinco directores, retiró, con autorización de la justicia, $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas, para gastos de funcionamiento. En los que figuran un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales a la firma Sideco del Grupo Macri; cargas sociales para gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una millonaria fiesta de fin de año para el escaso personal del Correo. De esta forma, para la fiscal Gabriela Boquin, queda claro que Correo Argentino financia gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri.

En detalle, el dictamen de 88 carillas revela que en 2016, ya con Mauricio Macri en el Gobierno, Correo Argentino obtuvo la autorización de la jueza Marta Cirulli, para retirar los fondos. A pesar de que Correo no tiene utilidades, ni actividad comercial, alquila a precios “exorbitantes” cuatro oficinas en avenida Del Libertador 498, piso 18º, el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, todas de la familia presidencial.

A su vez, Boquin plantea que la compañía debe devolver los fondos, al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.

El encuentro en la justicia se canceló hasta dentro de 120 días, cuando entren en funcionamiento los mecanismos de transparencia anunciados por el presidente de la Nación.

La Cámara en lo Comercial suspendió la audiencia prevista entre representantes de Correo Argentino S.A. y el Gobierno nacional, tras un pedido de prórroga de 120 días presentado por los funcionarios nacionales, que debían resolver el acuerdo de pago de la deuda que acumula la empresa de la familia Macri.

La Cámara Comercial  suspendió la audiencia prevista por la deuda entre el Correo Argentino S.A. y el Estado, por pedido del Poder Ejecutivo. La cancelación es por 120 días, cuando el Gobierno asegura que entrarán en funcionamiento los mecanismos de transparencias anunciados por el Presidente.

Las magistradas de la Sala B de la Cámara Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, aceptaron el pedido y le solicitaron al resto de las partes que opinen por escrito sobre la presentación del Estado. Los 120 días  comienzan a regir a partir del 17 de marzo.

La audiencia había sido solicitada por el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el titular de la cartera de Comunicaciones, Oscar Aguad. Para el primero de ellos, la reunión era "a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal" con "una solución justa y equitativa para todos los interesados".

Tras el escándalo por la condonación de deuda del Estado al Correo, un equipo de ese organismo auditará la empresa propiedad de la familia Macri.

La Auditoría General de la Nación (AGN) comenzó con los trabajos destinados a auditar al Ministerio de Comunicaciones, a la exSecretaría de Comunicaciones y a la exComisión Nacional de Comunicaciones, al tiempo que elaborará dos estudios especiales sobre el Correo Argentino S.A.

Así lo informó en un comunicado el órgano de control, que preside el peronista Oscar Lamberto, luego de que la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas aprobara el 22 de febrero pasado su intervención para dilucidar el proceso que terminó en el acuerdo entre el Estado y el Correo.

Para realizar los estudios, la AGN conformó un equipo técnico ad hoc, que también requerirá la colaboración del Poder Judicial de la Nación. El Colegio de Auditores Generales, conformado por siete miembros, actuará como Comisión de Supervisión y tendrá un plazo de hasta 120 días para presentar los informes correspondientes.

La Bicameral le encomendó a la AGN “la realización de una auditoría de gestión en el actual Ministerio de Comunicaciones de la Nación, así como también en la exSecretaría de Comunicaciones y en la exComisión Nacional de Comunicaciones, respecto a todo lo concerniente a la defensa del crédito que el Estado Nacional detenta en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.”, propiedad del empresario Franco Macri.

También le pidió “un estudio especial que tendrá por objeto el análisis de los créditos del Estado Nacional con la empresa Correo Argentino S.A., a la fecha de la propuesta efectuada en el marco del concurso preventivo de acreedores”.

Este estudio especial deberá contemplar una verificación del origen de los créditos concursales y post-concursales; una revisión de metodologías de cálculo aplicadas y reproceso matemático; un análisis de instancias intervinientes; la revisión de mecanismos de actualización y de costos judiciales estimados; un análisis de recuperabilidad y una revisión de la valuación de la propuesta a considerar.

Finalmente, el Congreso le solicitó a la AGN “un relevamiento de los reclamos administrativos y judiciales entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. y de su continuadora Correo Oficial de la República Argentina, así como de sus controlantes desde la presentación del concurso preventivo”.

El acuerdo que derivó en una condonación de deuda millonaria a la familia Macri es también investigado por la Justicia. El fiscal federal Juan Pedro Zoni ya imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuesto fraude contra el Estado.

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial tendrá este jueves su primera audiencia para revisar el acuerdo, que Macri pidió devolver a “foja cero” tras el escándalo desatado por supuesto conflicto de intereses.

En paralelo, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside Juan Brugge (Frente Renovador-UNA) tenía previsto escuchar este martes a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pero la funcionaria viaja a París por una misión oficial ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Junto al Presidente, el fiscal Jorge Di Lello imputó a funcionarios del Ejecutivo, a miembros de la línea aérea de origen colombiano AVIANCA y a empresarios del sector aeronáutico. Es por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino

El presidente Mauricio Macri fue imputado por el fiscal Jorge Di Lello en el marco de la causa en la que investiga posibles irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y a favor del grupo Avianca.

Junto al Presidente, el responsable de la Fiscalía Federal número 1 imputó a funcionarios del Ejecutivo, a miembros de la línea aérea de origen colombiano AVIANCA y a empresarios del sector aeronáutico por la posible comisión de los delitos de" asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias", consignó el sitio Fiscales.

El instructor, en su requerimiento, refirió a una serie de maniobras, entre las que se encuentra el otorgamiento de rutas áreas, presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.

También fueron apuntados por Di Lello el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el director General de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; y el director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez.

En el expediente, el fiscal señaló que podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.

Legisladores de diversas fuerzas políticas coincidieron que las explicaciones brindadas por el Ministro de Comunicaciones por el proyecto de condenación de deuda del Correo Argentino Con el Estado, fueron pobres e inentendibles. Mirá el video.

Cuando ayer el titular de la cartera de Comunicación, Oscar Aguad, se presentó ante la Comisión de Comunicaciones e Informática del Congreso para explicar los detalles del arreglo por el cual se condonó una deuda de 70 mil millones al grupo Macri, generó que diputados de diferentes partidos políticos acordaron verbalmente que el alto funcionario no respondió a las preguntas realizadas por los legisladores.

Además piden que el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, se presente al recinto de la Cámara Baja, ya que está implicado en el intento de acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado.

“Esto no es un baile, esto es una comisión de la Cámara de Diputados que está haciendo un pedido de informes a un funcionario con el gravísimo caso del Correo Argentino”, sentenció la legisladora del Frente Para la Victoria (FPV), María Teresa García.

Por su parte, el diputado Néstor Pitrola del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) denunció que en este escandaloso caso “no ha intervenido la Cigen, la Oficina Anticorrupción. Están defendiendo un régimen y tenemos también proyectos de ejecución a los bienes de la familia Macri hasta la concurrencia de toda la deuda y la creencia que tiene el Estado”.

Otra voz crítica al acuerdo con el Correo Argentino y a las explicaciones brindadas por Aguad, fueron las del legislador del Frente Renovador, Felipe Solá, quien expresó que si se logra tener la mayoría simple en la Cámara Baja se avanzará en la interpelación de Peña y de Aguad.

Tras la escandalosa entrega de rutas áreas a las empresas "low cost", Avian y Fly Biondi, vinculadas al Presidente Mauricio Macri y al funcionario Mario Quintana, el diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tahilade, presentó ante el juez Sergio Torres una ampliación de la denuncia que había realizado a fines del año pasado. Apunta al Jefe de Estado, a su padre y a distintos funcionarios del gobierno nacional, al tiempo que solicitó ser considerado como "Amicus Curiae" del tribunal.

En la primera denuncia presentada por los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade el 30 de diciembre del año pasado; el jefe de Estado Mauricio Macri, su padre y funcionarios del gobienro nacional como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales. Pidiendose, en aquel momento, la investigación por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

En el escrito de ampliación de la denuncia, presentado en las últimas horas ante la justicia, se sumaron a dicha investigación dos nuevos hechos donde las empresas aéreas vinculadas a la familia Macri se ven claramente beneficiadas.

Es que por un lado, la concesión realizada por el Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) de las rutas áreas de cabotaje e internacionales a empresas “low cost”, donde según el documento de la JATA se dieron marcadas “arbitrariedades” y "beneficios" a las empresas Avian y Fly bondi. Ambas firmas vinculadas al presidente Macri y al coordinador del gabinete económico Mario Quintana, fueron "bendecidas" en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

Además se denunció la quita de los mecanismos de autorización de servicios no regulares y otros controles en beneficio casi exclusivo a la empresa AVIAN LINEAS AEREAS SA, continuadora de la empresa MACAIR JET SA, y sus empresas vinculadas, todo ello de propiedad del Presidente de la Nación y su familia, realizado mediante la Resolución ANAC 79/2017 dictada por el Administrador del organismo, el Ingeniero Juan Pedro Irigoin.

De este modo, la ampliación de la denuncia por beneficios a las empresas aéreas vinculadas al Presidente de la Nación y su familia, suma a la investigación lo actuado en beneficio de estas empresas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC, Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez, por infracción a los artículos 248 y 256 del Código Penal, y 218 del Código Aeronáutico.

Asimismo, en el escrito presentado el día de ayer para que se sume a la causa a cargo del juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello, los denunciantes solicitaron constituirse como “Amicus Curiae" (Amigos del Tribunal) para acompañar la causa.

El ministro de Comunicaciones expuso durante media hora los detalles del arreglo por el cual se condonó una deuda de 70 mil millones al grupo Macri al presentarse ante la Comisión de Comunicaciones e Informática.

El titular de la cartera de Comunicación, Oscar Aguad, aseguró que "la familia" del presidente Mauricio Macri, " es dueña del Correo Argentino", tiene que "pagarle al Estado lo que le debe y no le vamos a perdonar un peso de capital".

“Esta causa tiene una enorme secuela de complicidades, que van desde funcionarios que debieron activar el crédito para cobrarlo, hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron”, sostuvo Aguad ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se presenta desde las 15.15.

Junto al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, el funcionario advirtió que el dictamen de la fiscal ante la Cámara Nacional en lo Comercial Gabriela Boquín “no tiene nada que ver con los hechos” y “es un cálculo económico extravagante”.

En su presentación Aguad aseguró que el escándalo que desató el acuerdo que perdona más del 98% de la deuda a la familia Macri "es en realidad una chicana política".

"Lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90%. Las opciones que teníamos era hacer lo que se hizo durante 10 años, hacer simulacros de audiencias mientras se licua la deuda, pedir la quiebra y que no cobre nadie o lo que hicimos nosotros que es intentar cobrar ese 10% que quedaba", aseguró.

Y disparó ante las críticas de los diputados de la oposición: "Sólo en abstracto puede parecer que hay un conflicto de intereses".

Aunque siguió defendiendo el acuerdo Aguad reconoció además que "obviamente hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado".

Aguad cargó además contra la fiscal Boquín que denunció el escandaloso acuerdo. "Se firmó el acuerdo y se pidió a la Cámara que lo homologara. La fiscal hizo un dictamen a los seis meses oponiéndose. El dictamen no tiene nada que ver con los hechos, saca un cálculo extravagante que habla de 70 mil millones de pesos. Es una chicana política" dijo el ministro.

Desde la oposición las críticas contra el escandaloso acuerdo que el gobierno intentó mantener en silencio fueron muy duras.