Se trata de la fábrica de calzado DASS. Este jueves se llevó a cabo una tensa reunión entre un grupo de trabajadores, el intendente y dirigentes de la oposición para intentar buscar una alternativa. “Soluciones mágicas no tenemos”, dijo, de modo increíble, el intendente de Cambiemos, Roberto Palacio.

La situación laboral en provincia de Buenos Aires pasa por un momento delicado. La vecina Azul vivió hace semanas una pueblada por el cierre de una planta de Fabricaciones Militares que dejó a más de 200 familias en la calle. Ahora, se da esta situación en Coronel Suárez, una localidad de 29 mil personas.

La crisis comenzó a fines del año pasado con el despido de 500 operarios. Ahora, se agrega la suspensión de 300 operarios más, a los que se quiere obligar al retiro voluntario. El motivo de la fábrica: no hay ventas. Los sectores textil y de calzado son los más golpeados por las políticas macristas de apertura de importaciones y caída del consumo interno.

"Estamos hablando de una ciudad de 29 mil personas, son muchas familias que se quedan sin su sustento. Es una situación muy grave que además va a repercutir sobre el propio mercado local, sobre nuestros comercios", señaló Gabriel Godoy, diputado provincial de Unidad Ciudadana por la sexta sección electoral.

Godoy describió un panorama muy oscuro para el interior bonaerense: "Hasta hace poco se decía que el problema del desempleo y la crisis era del Gran Buenos Aires. Ahora vemos que no es así, están estallando conflictos en muchas localidades. Hace poco tuvimos una pueblada en Azul, ahora pasa esto en Coronel Suárez", recordó en diálogo con Primereando Las Noticias.

Desde la oposición local, piden que se declare la "emergencia laboral" y que la provincia de Buenos Aires se haga cargo, ya que se trata de una de las empresas del rubro más importante de la zona.

El Bloque de diputados bonaerense del FpV-PJ formalizó su pedido para que el Ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, vaya al recinto a explicar la represión a los vecinos inundados de San Nicolás.

La gestión de María Eugenia Vidal quedó muy cuestionada por su accionar en las inundaciones que afectaron buena parte del norte de la Provincia de Buenos Aires. Y uno de los capítulos más polémicos de la acción estatal fue el de la represión a los vecinos de San Nicolas que reclamaban asistencia por parte del Gobierno de Cambiemos.

Ese episodio inexplicable llegó a la Cámara de Diputados bonaerense. Es que a través de la labor conjunta entre el Bloque del FpV-PJ y la senadora provincial Cecilia Comerio, se presentó un pedido de informe al Ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, por la violencia utilizada contra los inundados.

El escrito lleva la firma de los legisladores Miguel Funes, Lucía Portos, Lauro Grande y Gabriel Godoy y le pregunta a Ritondo si él o alguna autoridad de su cartera dio la orden de reprimir a un grupo de vecinos del Barrio Virgen del Rosario de San Nicolás.

Además piden que se informe quien estuvo a cargo del operativo que terminó reprimiendo a los vecinos, le preguntan si la cartera ordenó que los efectivos policiales no tengan visible su identificación y también reclaman que se informe cuáles son las medidas tomadas luego de la violencia ejercida contra los ciudadanos.

La represión en cuestión, como relatara Primereando, sucedió el pasado 16 de enero, cuando los vecinos  del Barrio Virgen del Rosario solicitando agua potable y alimentos.