El pedido de extradición del primer prófugo del macrismo fue formulado por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa que investiga supuestas presiones y asfixia financiera del gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo.
El operador judicial de Mauricio Macri se entregó ante la Justicia de Uruguay, donde se encuentra prófugo tras ser citado a declarar en la causa que investiga las presiones al Grupo Indalo durante el macrismo.
Se trata de la causa en la que el ex presidente Mauricio Macri intentó evitar el entrecruzamiento de sus teléfonos con los de su mesa judicial.
Según la denuncia, los acusados habrían ” ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos” y el propio expresidente Macri.
La Justicia citó a Alberto Abad a a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la persecución a la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo. Se investiga por qué la AFIP impidió a Oil entrar al blanqueo.
La jueza Servini ordenó investigar las llamadas telefónicas realizadas entre el expresidente y los miembros de la denominada “Mesa Judicial”, entre enero de 2016 y agosto de 2019
Por fuera de cualquier marco regulatorio, el gobierno de Mauricio Macri mantuvo un “grupo de control” en la AFIP que se encargó se perseguir al grupo liderado por los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El empresario del Grupo Indalo declaró ante Tribunal Oral Federal N°3, que lo investiga por una supuesta deuda multimillonaria a AFIP. Aseguró que quiso pagar la deuda que se le imputa y no lo dejaron. Mirá el video.
El propio fiscal dictaminó la inocencia de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa en la que se investigaban supuestas maniobras ilegales en la venta del Gupo Indalo
La organización política La Cámpora emitió un comunicado donde señala, entre otras cosas, "el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo el Grupo de Medios Indalo desde que Mauricio Macri".
Bajo el titulo "Poder Judicial a la carta para intimidar voces opositoras", La Cámpora hizo publico un documento en donde critica el accionar del gobierno de Mauricio Macri por el manejo que hace de la justicia y lo responsabiliza por las detenciones de Cristóbal López y Fabián de Sousa que van contra de la libertad de expresión.
A continuación el comunicado completo.
Por orden del Gobierno, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó detener a los dueños de C5N, con el fin de intimidar a los comunicadores que trabajan en esa señal y al mismo tiempo dotar a la prensa adicta de una noticia que pueda opacar un fin de semana lleno de títulos referidos a la corrida cambiaría y el descontento social por los tarifazos.
Las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza consolidan el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo el Grupo de Medios Indalo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, buscando generar un caso ejemplificador hacia todos aquellos dueños de medios de comunicación que estén pensando en sostener una línea editorial contraria a la que baja desde la Casa Rosada.
Al mismo tiempo, propietarios de medios oficialistas que todavía tienen cuentas pendientes con la Justicia, gozan de la misma impunidad que tienen los empresarios que formaron parte de la "pata civil" de la última Dictadura, en una trama de complicidades que alcanza a familiares de integrantes del propio Gobierno Nacional.
Los casos de Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y Bartolomé Mitre (dueño de La Nación), sobreseídos por Julián Ercolini, casualmente uno de los integrantes del Partido Judicial que persiguen a López y a De Souza, dejan en evidencia el pacto de impunidad con el que conviven funcionarios, medios de comunicación para-estatales y magistrados obsecuentes.
Con respecto a la causa judicial que sirve de pretexto para encarcelar a los propietarios del Grupo Indalo, es importante recordar que no se trata de los únicos empresarios argentinos que le deben dinero al Estado nacional: la larga lista que podríamos elaborar se completa, entre otros, con el mencionado Mitre y sus socios de la familia Saguier en el Grupo La Nación ($280 millones a la AFIP); Edesur, Edenor, Edelap y otras ($19.000 millones a Cammesa), y el propio Grupo Macri ($70.000 millones por el Correo Argentino). En todos los casos, ni los amigos del Presidente (Caputo por Edesur, Mindlin por Edenor) ni los hermanos del jefe de Estado, fueron molestados por los jueces para intimarlos a que paguen sus deudas con el fisco.
Si hasta hoy las voces opositoras que se pueden encontrar en los grandes medios gráficos, audiovisuales y digitales son escasas, pensemos en lo que puede pasar cuando el Gobierno termine de tomar el control de C5N o directamente lo haga desaparecer, que es en definitiva el objetivo que persigue.
Repudiamos esta persecución y hacemos un llamado a defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces, valores esenciales para la convivencia democrática en un Estado de Derecho.
