Un fiscal cercano al Gobierno será el encargado de investigar el escándalo del Correo

Por presiones del Gobierno de Mauricio Macri, fue desplazado el fiscal Juan Pedro Zoni en la causa que investiga al presidente de la Nación por su rol durante el escándalo del Correo. Se sospecha que Casa Rosada quiso condonarle una deuda millonaria al Grupo Macri.

El procurador interino, Eduardo Casal, decidió desplazar a Zoni y poner a Gerardo Pollicita, un hombre cercano al Gobierno. Fanático de Boca, Pollicita fue parte de una "comisión asesora" en seguridad deportiva de Boca en 2007, último año de Macri al frente del club xeneize. Además, Pollicita suele fallar en sintonía con los intereses de Casa Rosada.

El desplazado fiscal Zoni había impulsado la causa luego de que su colega Gabriela Boquín denunciara en el fuero comercial qeu el Estado había aceptado a mediados de 2016 un convenio que implicaba la condonación de una millonaria deuda al Grupo Macri, por unos 4000 millones de pesos.

El caso desató un escándalo: la familia Macri estaba de los dos lados del mostrador. Por un lado, el Grupo Macri ofrecía un plan muy favorable para la empresa y perjudicial para el Estado. Del otro lado, el gobierno macrista aceptó esa propuesta. Por esa causa, Zoni decidió imputar al propio Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.

Mientras Zoni avanzaba con la investigación y pedía pruebas incómodas para Casa Rosada, el procurador interino se apuró y lo desplazó. En su lugar puso a Pollicita, el ferviente hincha de Boca que no suele incomodar a la administración amarilla.

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Stolbizer a Laura Alonso sobre los negocios de Macri: “¿No tiene nada para decir? Nos toma el pelo”

La diputada del GEN cruzó en duros términos a la titular de la Oficina de Anticorrupción por los presuntos negocios millonarios del presidente con los parques eólicos.

¿Laura Alonso no tiene nada para decir sobre el negocio de los parques eólicos de la familia Macri? Nos toman el pelo", exclamó Stolbizer. En ese sentido, consideró que Alonso "es una persona capaz", pero su problema es que "es una persona ultradependiente del Gobierno y militante".

Al ser consultada sobre una reunión entre su aliado político, Sergio Massa, y Cristina Fernández de Kirchner consideró que "es insostenible" para ella. "Yo tengo claro el lugar donde quiero estar", afirmó

En declaraciones a FM La Patriada, Stolbizer señaló: "Sergio Massa puede reunirse y conversar con quien quiera, pero yo tengo claro cuál es mi límite y el lugar donde nunca podría estar".

En esa misma línea, la referente del GEN sostuvo que "no tiene nada que ver con el ámbito peronista", aunque indicó que "no le parece mal tampoco el diálogo" con un sector del partido.

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Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió 6 parques eólicos para hacerse de US$ 15 millones

A través de un contador, adquirió los contratos a la española Isolux en 2016. Meses más tarde, los traspasó a Genneia y a los chinos, haciendo una diferencia millonaria.

En su primera actividad de 2018, el mandatario visitó el martes el parque eólico Rawson, el más grande del país, a cargo de la empresa Genneia, del Grupo Macro. Las inversiones en energías renovables fueron desde el comienzo una de las apuestas fuertes del gobierno de Macri. También de las empresas de su familia.

Durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos parques a una empresa del Grupo Macro (Genneia, la que visitó el Presidente el martes) y a una compañía china (Goldwind). Con sólo uno de los parques hicieron una ganancia de alrededor de US$ 15 millones, según confirmaron a PERFIL tres fuentes directamente involucradas en los contratos.

Dos semanas después de la asunción de Macri, el contador Mariano Payaslian fundó Usir Argentina SA. Fue el 29 de diciembre de 2015 y la sociedad se constituyó para negocios financieros, con domicilio en su estudio contable, Gizzi & Payaslian, y con el propio Payaslian como socio y presidente.

Tres meses después, el contador fundó Parques Eólicos Miramar SA. Seis meses más tarde, el 5 de septiembre de 2016, creó otras dos empresas: Sideli SA y Sidsel SA. En las cuatro sociedades (Usir Argentina, Parques Eólico Miramar SA, Sideli y Sidsel), Payaslian figura como socio y presidente.

Isolux-Corsan había ganado por licitación pública durante el kirchnerismo los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV en Chubut. La compañía española ya estaba inmersa en una crisis financiera y en el centro de casos de corrupción. Sus contratos en los parques eólicos corrían riesgo de caer por supuestos incumplimientos en las inversiones. Antigua socia de Iecsa, comenzó a negociar en secreto con las empresas de los Macri para desprenderse de sus activos en la Argentina.

El 19 de octubre de 2016, Isolux anunció un acuerdo con Sideli SA y Sidsel SA “para la venta de los desarrollos eólicos del parque Loma Blanca”, según el comunicado de la empresa. Se trataba de Loma Blanca I, II, III y IV. “El precio de la transacción, que incluye las cuatro fases del parque eólico, asciende a US$ 25 millones”, aseguró. Para que la venta pudiera llevarse adelante, el Gobierno, a través de la empresa estatal Enarsa, y el Banco Nación debían aprobar la transacción. Y lo hicieron. La española había comenzado su proceso de desinversión para retirarse de la Argentina, según el mismo comunicado.

Sin embargo, cinco semanas después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar una licitación para explotar otros dos parques eólicos en el programa Renovar 1.5 del gobierno de Cambiemos. La empresa estaba observada por el ministerio de Juan José Aranguren porque sólo había cumplido con la inversión en uno de los cuatro parques que tenía desde el gobierno de Cristina Kirchner. Aún así, volvió a ganar la licitación por otros dos contratos: Loma Blanca VI y el parque eólico de Miramar, con capacidades para producir 100 MW y 97,5 MW, el doble que los anteriores.

No hay ningún nombre de las empresas de los Macri o de sus socios en los documentos públicos de Usir, Sideli, Sidsel o Parques Eólicos Miramar SA. Sin embargo, ante la consulta de PERFIL, el contador informó que un 10 ó 12 % de este conglomerado es de Sideco Americana. Las sociedades también estan integrada por Socma -Sociedades Macri-, otra empresa del holding, en un porcentaje más pequeño.

Payaslian es un hombre muy cercano a las empresas de la familia Macri. A lo largo de los últimos años, figuró como síndico de Sideco Americana y de la constructora Iecsa (entonces de Angelo Calcaterra, primo de Macri). Su estudio Gizzi & Payaslian prestó servicios a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Isolux y Iecsa.

Los otros socios de Sideli, Sidsel, Usir y Parques Eólicos Miramar son “un fondo de inversión europeo ligado a la energía solar” -no se informó el nombre- y las compañías financieras Helios Partners Sa y Selena Partners SA, controladas por viejos aliados de Macri: los ejecutivos Pablo Emilio Basualdo, Mariano Alberto Bernardo Arrigo y Juan Edgardo Srodek. Los tres son miembros de KBR Group, una financiera que operó para Macri en la emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires. Srodek, además, fue jefe de la campaña bonaerense del PRO en 2005.

El negocio. La convocatoria a la licitación del parque eólico en Miramar se abrió el 26 de octubre de 2016. Isolux ganó la licitación a fines de noviembre y vendió luego el contrato al mismo grupo de empresas a nombre a Payaslian. El holding de los Macri y sus socios crearon la sociedad que se quedaría con el negocio en marzo de 2016, siete meses antes de que se abriera la convocatoria a la licitación y ochos meses antes de que Isolux ganara el contrato con el Estado. Ante la consulta de Perfil sobre la contradicción en las fechas, Payaslian dijo: “Es parte de la parte preparatoria del contrato, las licitaciones se fueron postergando”.

Para septiembre de 2017, once meses después de que Isolux se empezó a desprender de los parques, las empresas creadas por Sideco Americana y sus socios terminaron revendiendo todo. Según fuentes de las compañías, la decisión comenzó a tomarse en febrero de 2017 y la razón fue “la necesidad de desprenderse de los negocios ligados al Estado”, ante el escándalo del caso Correo Argentino, que expuso los conflictos de intereses de la familia de Macri.

Uno de los parques, Loma Blanca IV, fue vendido por alrededor de US$ 40 millones a Genneia, la compañía del banquero Jorge Brito -indagado en el caso Ciccone-, entre mayo y septiembre de 2017. La cifra fue confirmada a PERFIL por tres fuentes con acceso directo a los contratos firmados entre las compañías. Lo habían comprado por apenas US$ 25 millones junto a otros tres parques. La ganancia para el holding de la familia presidencial y sus socios fue de unos US$ 15 millones en un año.

El resto de los parques adquiridos a Isolux los vendieron a la china Goldwind en mayo de 2017, en coincidencia con el viaje de Macri a China ese mismo mes. La venta del segundo paquete sería por otros US$ 22 millones, según una de las compañías involucradas. En este caso, el holding de la familia presidencial negó esa cifra. No precisó otro número.

Durante la ronda de consultas, fueron algunas de las compañías y sus asesores -la parte privada de esta trama- las que accedieron a brindar información, mientras que los dos organismos del Estado a los que se les requirió explicaciones se negaron a brindarlas o nunca respondieron.

La Comisión de Defensa de la Competencia se negó a informar quiénes son los socios que integran Sideli y Sidsel porque “es información confidencial”, respondieron fuentes del Ejecutivo ante la consulta de Perfil. Los verdaderos accionistas no figuran ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Este medio se comunicó jueves y viernes con el ministerio de Energía, pero la cartera de Aranguren nunca contestó las preguntas.

El programa Renovar, del Ministerio de Energía y Minería, busca fomentar la generación de energía eléctrica a través de parques eólicos y energía solar, entre otras fuentes ecológicas. Un noble objetivo, con una oportunidad sin igual para los bien entendidos: es básicamente un negocio financiero, que otorga una rentalidad del 10 % anual en dólares en promedio, durante 20 años.

Fuente: Diario Perfil

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Piden investigar al Grupo Macri y al CEOministro Aranguren por corrupción

Lo hicieron las bancadas opositoras de Proyecto Sur y el Frente de Izquierda, que votaron a favor del desafuero de Julio De Vido. “Para ir a fondo con la corrupción hay que investigar no sólo la última década, sino las últimas décadas”, afirmaron.

Las diputadas nacionales Alcira Argumedo y Nathalia González Seligra exigieron que no solo se lleve a juicio a funcionarios del Gobierno anterior, sino también a los empresarios que forman parte de la “patria contratista”, entre ellos los que integran el Grupo Macri, y al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, hombre fuerte de la Shell.

“Si ha habido sobreprecios en la licitación de compra de gas licuado entre 2008 y 2015, sería bueno que también investiguen a las empresas proveedoras, que no han sido inocentes y honestas. Entre las empresas proveedoras más importantes figura nada menos que Shell, una especie de segunda familia del ministro de Energía”, advirtió Argumedo.

La diputada de Proyecto Sur recordó que Aranguren, antes de ingresar al gabinete macrista, fue presidente de la filial argentina de la petrolera angloholandesa y vicepresidente de suministros para América latina. “Algo tiene que ver el actual ministro con estos desfalcos”, denunció.

Por su parte, González Seligra señaló que la diputada de Cambiemos, Silvia Lospennato, había exigido ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales que los jueces fueran al Congreso “a buscar a los corruptos”, y solicitó, en consecuencia, que se cite a Aranguren, “porque se ha beneficiado y no se ha quejado para nada cuando ingresaban los cargamentos de gas licuado”.

“No vamos a ser cómplices del discurso que se quiere construir desde el macrismo”, agregó la legisladora del FIT, quien extendió el pedido a “la propia familia del presidente, que son quienes se han enriquecido con la obra pública”:

“¿O ya nos olvidamos que pasaron de 7 a 47 empresas durante la dictadura, y que se han perdonado 70 mil millones de deuda por el Correo; ¿Ya se olvidó Carrió de que denunciaba al titular de la AFI, Gustavo Arribas, y a l primo de Macri, Ángelo Calcaterra?”, se preguntó.

En el mismo sentido, Argumedo sostuvo que “para ir a fondo con la corrupción hay que investigar no sólo la última década, sino las últimas décadas”.

La diputada recordó que, en 2005, la organización Transparencia Internacional nombró la obra de la represa Yacyretá entre los diez monumentos a la corrupción más grandes del mundo y "ésa era la magnitud de corrupción que teníamos aún antes de que se iniciara el gobierno kirchnerista. En Yacyretá, en ese descomunal desfalco, participaron Sideco y Super Cemento, y otras empresas del Grupo Macri, entre cuyos directivos estaba el actual presidente".

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Sorprendente: Leandro Santoro te explica Odebrecht con muñecos

El referente de Irrompibles sorprendió a todos en Crónica TV explicando paso a paso con muñecos y maquetas, el escándalo de corrupción más grande que involucra a Cambiemos. Mira el video.

Leandro Santoro, uno de los referentes del Radicalismo opositor a Cambiemos, explicó la trama Odebrecht con muñecos y maquetas de las distintas empresas involucradas en el escándalo de corrupción más grande de la región.

Santoro resalta que en 2006 Odebrecht y el Grupo Macri, tras la venta de Iecsa al primo del presidente, Ángelo Calcaterra; crearon una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que le permitió al presidente presentarse en distintas licitaciones de obras con el estado, “para que su empresa constructora se pueda presentar en la ciudad tenían que cubrir la formalidad de vendérsela al primo hermano”, detalló Santoro.

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Wado de Pedro: “La Corte se la jugó para retroceder. Vamos a impulsar el Juicio político”

EL diputado nacional del Frente para Victoria, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema que benefició a genocidas responsables de delitos de lesa humanidad. “La Corte se la jugó para retroceder. Vamos a impulsar el Juicio político” señaló.

Consultado por Radio Del Plata sobre el fallo, De Pedro dijo: "Yo tengo una postura. Hay una ley de julio de 2015 que reza que no se puede condonar penas en casos de delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema falló contra esa ley. Eso es causal para un juicio político. La Corte se la jugó para retroceder, para hacer política, para hacer lo que piensa Mauricio Macri, y sus operadores en la justicia".

Al recordar el tratamiento de esa ley en la Cámara de Diputados, el dirigente del peronismo de la Provincia de Buenos Aires contó que "en la sanción de la ley de 2015 se abstuvieron Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli ellos ya vienen con esta política de impunidad, porque son los empresarios que se beneficiaron con la dictadura. El Grupo Macri comenzó la dictadura con 7 empresas y la terminó con 74. Se beneficiaron con un genocidio".

“Cuando se cantaba 'Macri vos sos la dictadura', desde algunos sectores decían que no se podía cantar eso, que era retrógrado, que Cambiemos era un partido nuevo de derecha o de centro. Bueno, son los hijos de la dictadura, los que se beneficiaron con la dictadura y funcionarios de segundas y terceras líneas de aquel entonces”, añadió.

Sobre el rol de la Corte, opinó que “esta corte viene a avalar las privatizaciones, a avalar los reclamos económicos del Correo, de las AFJP, de esos sectores que perdieron los privilegios durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Esta Corte viene a devolverle privilegios a esos sectores minoritarios que se beneficiaron con la dictadura y con el menemismo”.

Además, De Pedro opinó sobre el aval que el Senado le brindó a los pliegos de los jueces que hoy están cuestionados: "Hay una complicidad de un sector del FPV y de un sector del peronismo que votaron a estos jueces de la Corte, votaron el pago a los fondos buitre, votaron el fin de la moratoria previsional. Ellos deben hacer una autocrítica, porque se la deben al pueblo que los votó para otra cosa”.

Sobre el futuro electoral del peronismo de la provincia de Buenos Aires, De Pedro resaltó que “necesitamos construir un frente amplio opositor con dirigentes políticos que tengan la capacidad de resistir las presiones del Gobierno, los medios y un sector del Poder Judicial”.

Además, señaló que “estos dos años nos enseñaron que en las elecciones tiene que quedar claro para la sociedad que las personas que forman parte de un espacio político no sólo van a poner su nombre en una lista, sino que tienen que ser parte de un acuerdo programático. Ese tiene que ser el compromiso con la sociedad”.

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El Grupo Macri denunciado por vaciamiento del Correo

Tras la condonación de deuda y el pedido de volver a foja cero que rogaba el presidente Macri en febrero, la fiscal Gabriela Boquín, presentó un dictamen que revela el vaciamiento de Correo Argentino SA. La empresa propiedad de la familia Macri está bajo concurso de acreedores y bajo la lupa de la Justicia Comercial desde hace 16 años por diversas irregularidades.

En un escrito, la fiscal Gabriela Boquin denuncia como Correo Argentino SA, con tres empleados y cinco directores, retiró, con autorización de la justicia, $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas, para gastos de funcionamiento. En los que figuran un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales a la firma Sideco del Grupo Macri; cargas sociales para gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una millonaria fiesta de fin de año para el escaso personal del Correo. De esta forma, para la fiscal Gabriela Boquin, queda claro que Correo Argentino financia gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri.

En detalle, el dictamen de 88 carillas revela que en 2016, ya con Mauricio Macri en el Gobierno, Correo Argentino obtuvo la autorización de la jueza Marta Cirulli, para retirar los fondos. A pesar de que Correo no tiene utilidades, ni actividad comercial, alquila a precios “exorbitantes” cuatro oficinas en avenida Del Libertador 498, piso 18º, el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, todas de la familia presidencial.

A su vez, Boquin plantea que la compañía debe devolver los fondos, al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.

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Conflictos de intereses en el macrismo

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ realizó una conferencia de prensa sobre el conflictos de intereses en el gobierno nacional. En la misma se presentó un informe y se proyectó un video que publicamos en esta nota.

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA.

https://youtu.be/l4x_QtKdSfc

El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Está imputado.

El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello.

Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA.

Como ya mencionamos, MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Está imputado.

La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA.

Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

JEFATURA DE GABINETE

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese.

Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.

En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese.

Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos.

El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.

La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.

Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.

Director del Banco Central, Demian Reidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling.

El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial.

Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Ministro Juan José Aranguren. Ex presidente de Shell.

Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado.

Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González. Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.

Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA.

Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau. Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.

Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo. Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins. Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa. Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade. Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos.

Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios). Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.

Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box.

Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal, y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará Fly Bondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau.

El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF.

Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensora del banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee.

El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF.

El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.

Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

OTROS ORGANISMOS

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese.

Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.

Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina.

Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue Random House.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka.

Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca Cola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

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Donde más le duele al macrismo

(por Andrés Fidanza) El arreglo “abusivo” del Estado con el Correo logró lo que el congelamiento económico no había hecho: poner en crisis la identidad impoluta del macrismo, principal caballito de batalla a la hora de bancar al gobierno. Incluso ante los ojos de la propia base electoral PRO, el acuerdo estatal con la empresa de los Macri desdibujó un poco la imagen que el oficialismo había construido: la de representar la contracara ideológica, pero sobre todo ética, del ciclo kirchnerista. Los cientos de comentarios críticos en las notas sobre el caso, en medios como La Nación (posteos que exceden a los de los opositores usuales), son una prueba de ese malestar inicipiente.

Si bien no parece que el Correo-affaire vaya a ser un punto de inflexión catastrófico en la historia de Cambiemos, este tipo de noticias son las que más dañan su capital: el importante nivel de confianza social que, pese a los despidos y la caída del salario real, el macrismo todavía sostiene.

Salvando las distancias, el escándalo de la Banelco resultó más perjudicial para la Alianza, que la insostenible continuidad del modelo económico menemista. El pago de coimas fue incluso más objetable, tanto en los medios como en la calle, que la ley de flexibilización laboral que se transaba en el Congreso. Fue la corrupción, y no la ideología, lo que habilitó la crítica integral hacia un gobierno gris, conservador, sin firmeza ni ideas.

Cambiemos no es la Alianza. Mauricio Macri no es igual a Fernando de la Rúa. Y el contexto socio económico de 2017 no equivale (afortunadamente) al del 2000. Pero en aquel momento, tras el agotamiento del ciclo menemista, las ganas de creer estiraron el optimismo por abajo. Porque a la postverdad no la inventó el Brexit ni Donald Trump.

Ahora, el gobierno corre un riesgo parecido al de la Alianza: que el arreglo con el Correo, cedido por Carlos Menem al Grupo Macri en 1997, saque del placard al malhumor social acumulado. De ser así, a Cambiemos le podrían llegar todas las facturas juntas.

En 1997, la decisión de comprar el Correo Argentino fue (otro) motivo de discordia entre el padre y el hijo. Mauricio quería. Franco, no. Ante la ola de privatizaciones noventista, Franco no mostró ningún interés en quedarse con el Correo. El actual presidente, en cambio, sí aprobó el ingreso del Grupo a la ex empresa estatal.

Así, el 1 de septiembre del 97, Menem le dio la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotesa) a la Sociedad Macri en concesión por 30 años. Al poco tiempo, el Grupo dejó de pagar el canon al que obligaba la privatización –con el argumento de incumplimientos estatales del contrato–, se endeudó y echó a unos diez mil trabajadores. El kirchnerismo reestatizó el Correo y Macri, Franco, demandó al Estado.

Ahora, el gobierno firmó un acuerdo con el Correo. Si bien se trata de un pacto plagado de detalles técnicos, sobrevuela la idea (justificada) de que hay un conflicto de intereses en lo aceptado por el macrismo.

Al momento, casi todas las encuestas coinciden: la impresión mayoritaria es que Macri gobierna para los ricos. Esa mirada crítica, sin embargo, no anula la valoración positiva que todavía existe sobre Macri y Cambiemos. Ambos datos conviven tensamente. El hecho de que los ricos pasen a tener nombres propios, como el de Franco Macri, podría empezar a desempatar la ecuación en contra del oficialismo.

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“Esto nos pasa cuando nos gobiernan empresarios”

El exjefe de Gabinete y dirigente del Frente Renovador, Alberto Fernández se refirió a la millonaria condonación de deuda por parte del Estado a una empresa del Grupo Macri que administraba el Correo Argentino. Eso pasa cuando "gobiernan empresarios", disparó.

"El consejo de la Magistratura tiene que investigar al representante del Ministerio Público que avaló esa propuesta", sostuvo Alberto Fernández en declaraciones a Radio 10. Se trata en concreto de una quita de deuda de $ 70 mil millones que el gobierno de Mauricio Macri haría sobre una empresa del propio Grupo Macri.

Para el exjefe de Gabinete, el deber de los que hacen política es "advertir lo que está pasando". "Deben investigar la conducta de quienes vaciaron al Correo", consideró al tiempo que apuntó contra el presidente Mauricio Macri al señalar que "en tres años, cuando deje el Gobierno va a volver a disfrutar de los beneficios de sus empresas".

En tanto, apuntó contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso: "Este es un típico caso de quien está en la Oficina Anticorrupción justificando los abusos del poder".

Cabe destacar que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó el miércoles que debe rechazarse "por abusiva" la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.

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