Se trata de los funcionarios judiciales Pablo Parenti y Ángeles Ramos, quienes en causas distintas pidieron que se declare la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio de 2×1. De esta manera, se distanciaron del criterio propuesto por la Corte Suprema en la causa de Luis Muiña.

En el primer caso, el fiscal Parenti, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en casos de apropiación de niños y niñas, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Capital Federal que rechace el pedido de excarcelación elevado por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado en 2014 a ocho años de prisión por la apropiación del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda.

Para Parenti, no puede ser aplicado el precedente "Muiña": "La aplicación anacrónica de esta ley alteraría de tal modo la respuesta punitiva que se tuvo como justa y adecuada por los tribunales de justicia, que sería materialmente una conmutación de penas prohibida por el derecho internacional", escribió el funcionario. Agregó que debe discutirse su constitucionalidad.

En la misma línea, se expidió la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, quien le solicitó a los jueces del TOCF 6 de la Capital Federal que declaren la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio del 2×1. Se trata del caso de Víctor Alejandro Gallo, condenado a 25 años de prisión.

Para Ramos, no se puede aplicar el beneficio del 2×1 porque "resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". "Esto conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena", siguió.