Familiares, amigos y compañeros de la joven redoblaron hoy el pedido de justicia al cumplirse 17 meses de su muerte, ocurrida durante una fiesta clandestina en la localidad de Melchor Romero, en enero de 2016. 

Tras concentrarse frente a la Municipalidad de La Plata, donde se encuentran los funcionarios involucrados en la muerte de la joven, se movilizaron hasta la Fiscalía para exigir el avance de la causa. Juan Uscamayta dijo que “la balanza de la justicia es falsa” porque “siempre está del lado del Gobierno, nunca se inclina para nuestro lado”.

La concentración tuvo lugar en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata, donde los manifestantes protestaron contra el intendente Julio Garro y los funcionarios involucrados en el caso, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, el titular de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, el subsecretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, y el ex director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio.

Luego los familiares marcharon hasta la Fiscalía local junto a los integrantes de la Asamblea Justicia por Emilia, la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, estudiantes de esa unidad académica y de la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

El padre de la víctima, Juan Uscaymata, y su abogado, Adrián Rodríguez, reclamaron ser recibidos por la fiscal Ana Medina, quien se hizo cargo de la causa en reemplazo de Álvaro Garganta, recusado por la familia.

“La balanza de la justicia es falsa” porque “siempre está del lado del Gobierno, nunca se inclina para nuestro lado”, dijo Uscaymata y agregó: “capaz ellos creerán que nos vamos a olvidar, pero yo no me voy a olvidar hasta el día de mi muerte”.

Los primeros imputados de la causa fueron los cuatro organizadores del evento, Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, único detenido aunque por otro hecho.

Desde entonces, la familia reclamó con insistencia el cambio de carátula de “homicidio culposo” a “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena mayor, pero Garganta siempre hizo oídos sordos.

Tampoco accedió a investigar las relaciones de los imputados con la gestión Garro, ni el pago de un presunto soborno para llevar a cabo el evento ilegal en el que murió Emilia. García y Piedrabuena tenían fuertes vínculos con Martínez Garmendia, a quien el delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, señaló como el funcionario que habría recibido una coima de “20.000 pesos”.

En septiembre del año pasado, sin poder desconocer las pruebas contundentes que surgieron en la causa, Garganta decidió imputar al entonces secretario de Seguridad de Garro, Martín Piqué, quien había ordenado retirar al personal de la Policía Local que debía impedir la realización del evento en la quinta de 520 y 160.

No obstante, descartó imputar o llamar a declarar al ex oficial Ariel Peña, señalado como quien efectivizó la orden para que los agentes locales se retiraran de las inmediaciones de fiesta. Garganta tuvo la misma inacción frente a los policías bonaerenses de la Comisaría de Melchor Romero, acusados por la familia de “liberar la zona” y dejar que se fueran todos los testigos, ya que tardaron más de dos horas en llegar al lugar tras la muerte de Emilia.

Al participar de la jornada por el 1° aniversario de la muerte de la joven estudiante de periodismo, la concejala por el FpV Nacional y Popular señaló que “al dolor se lo enfrenta luchando por justicia, abrazándonos entre compañeros y sabiendo que Emilia está con nosotros, presente en ésta y en tantas luchas que vienen y también está en este amor que es mucho más grande que nosotros mismos. “

Familiares, amigos y miembros de la asamblea Justicia por Emilia, homenajearon este domingo a la joven al cumplirse un año de su fallecimiento. La actividad tuvo lugar en la quinta San Cayetano, sobre la avenida 520, entre 159 y 160, donde la joven fue hallada muerta en la pileta, en el marco de una fiesta clandestina organizada por empresarios de la noche –algunos de ellos vinculados al macrismo-.

“La muerte de Emilia Uscamayta Curi no fue producto de un accidente, ni del destino; sino de la irresponsabilidad de quienes debían proteger la vida de nuestros jóvenes y estuvieron ausentes”, afirmó Florencia Saintout, decana de la facultad de Periodismo de la UNLP, donde estudiaba la joven.

“Se cumple un año sin respuestas y eso también nos duele-agregó-sin embargo, el dolor parió el encuentro y la fuerza de la lucha. Este año ratificamos algo que habíamos aprendido con Rosa Bru: que al dolor se lo enfrenta luchando por justicia, abrazándonos entre compañeros y sabiendo que Emilia está con nosotros, presente en ésta y en tantas luchas que vienen y también está en este amor que es mucho más grande que nosotros mismos”.

La concejala del FpV Nacional y Popular resaltó además que “es un día de inmenso dolor pero también es un día en que celebramos y homenajeamos a Emilia junto a su familia, amigos y compañeros” y resaltó la militancia de Emilia en las causas del pueblo y su defensa de los derechos indígena. “Una mujer con tanta alegría que hoy vive en la memoria de los y las que luchan por memoria, verdad y justicia”, concluyó.

Los otro cuatro imputados por “homicidio culposo”, figura que equivale a un accidente, son: el dueño de la casaquinta, Carlos Bellone; el empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartió actos con Garro, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri; el propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido tras violar la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el asesinato de un joven en 2009 a la salida de un boliche en Berisso. García, al igual que Bellone, está prófugo.

Sin embargo, a un año de la muerte, la justicia de La Plata no dispuso la detención de ninguno de los cinco imputados, entre ellos el comisario Daniel Piqué, quien hasta el pasado jueves se desempeñaba como secretario de Seguridad de gabinete de Garro.