El Canciller tomó esta decisión y recordó una carta en la que Alberto Fernández remarcó que la decisión condicionaba a su gestión

Mientras el actual presidente quiere “invitarla”, Alberto Fernández electo afirmó que le gustaría que Evo Morales participe de su asunción

El fiscal Di Lello pidió investigar al Presidente y varios funcionarios por su participacion en negociados que atentan contra la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Además solicitaron la suspensión del primer vuelo hacia islas Malvinas con escala en Córdoba, previsto para el 20 de noviembre.

La ex embajadora argentina en Gran Bretaña criticó duramente las decisiones que tomó el Gobierno en relación a la lucha por la soberanía en las Islas Malvinas y su mar adyacente. Además, tildó a Cambiemos como “régimen neocolonial”.

A 36 años del inicio de la guerra, la ex embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, aseguró en una entrevista que brindó al medio La Red que todas las políticas de Estado del macrismo que rodean la cuestión Malvinas son de un “enorme retroceso”. En la misma línea, denunció la “creciente militarización” del archipiélago y la explicatación de los recursos naturales que hace la corona inglesa. Londres tiene “una gigantesca base militar” con “casi 2 mil soldados pertrechados con buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles, un equipo muy sofisticado de espionaje y hasta un submarino militar”, agregó Castro.

En referencia a la gestión Cambiemos frente al Ejecutivo, Alicia Castro fue contundente: “No le llamo 'neoliberalismo' a lo que estamos viviendo”, sino “régimen neocolonial”. Añadió que el Gobierno favorece “la reapropiación de nuestro territorio” en manos extranjeras, así como también fomenta “la entrega de los recursos nacionales”. En sintonía, Castro recordó el acuerdo firmado en septiembre de 2016 entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países en materia comercial, con el cual el Estado argentino se “comprometió a remover todos los obstáculos al crecimiento económico y desarrollo sustentable de las islas en lo que hace a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación”. En consecuencia, Castro explicó: “el Gobierno se comprometió a desmantelar las medidas legales, jurídicas y administrativas que protegen nuestros recursos naturales”, advirtió y recordó que el presente está en línea “con lo que decía Macri en 1997”, cuando durante una entrevista con Página/12 como presidente de Boca Juniors afirmó: “La verdad es que los temas de las soberanías con un país tan grande como el que tenemos nunca los entiendo mucho".

En referencia a lo actuado por Cancillería, Alicia Castro dijo: “Creía que (Susana) Malcorra había sido la peor canciller de la democracia argentina, pero (Jorge) Faurie le está compitiendo”. Explicó que la identificación de los soldados caídos en el archipiélago, “No fue un favor que Macri ni el Reino Unido” le hicieron a los familiares de los fallecidos, sino una cuestión que “tiene que ver con el (cumplimiento del) derecho internacional humanitario”. Además, cuestionó el discurso oficial sobre la identificación de los soldados sepultados en el cementerio de Darwin: “Pretenden arrogárselo como si fuese un éxito de la diplomacia y eso es erróneo”.

El ex canciller Jorge Taiana se refirió a la decisión del gobierno nacional de vender algunas sedes diplomáticas argentinas en el exterior para "reducir el déficit fiscal" del país. "La venta de las embajadas responde exclusivamente a una lógica mercantil de desguace del Estado y demuestra la ausencia de una estrategia nacional en política exterior", describió.

El ex funcionario peronista se refirió de ese modo al rumor que trascendió sobre la posibilidad de que la Cancillería (Foto: su titular, Jorge Faurie) ponga en venta los edificios diplomáticos del país en Madrid, Washington, Asunción, Brasilia y Bogotá. El motivo: ahorrar fondos en el marco de un creciente déficit fiscal, en buena medida, por el aumento de la deuda externa.

El diputado del Parlasur criticó ese intento: "Las embajadas son herramientas y símbolos de la presencia de nuestro país en el exterior".

Y por último, ironizó: "Será muy difícil que volvamos al mundo, como pretende el macrismo, si vendemos nuestras representaciones en el exterior".

Lo anunció la Cancillería nacional. La considera "ilegal" y con la única ambición de "asegurar la continuidad del actual régimen". Destaca a los ciudadanos que se pronunciaron en contra.

Cancillería, a cargo de Jorge Faurie, anunció este domingo que no reconoce el resultado de la elección de una asamblea constituyente en Venezuela, al considerarla "ilegal" y con la única ambición de "asegurar la continuidad del actual régimen".

Antes de que incluso se conociera el resultado de la elección, el Gobierno argentino adelantaba que la postura sería la de desconocer la votación, al evaluar que "no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización".

"El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", señala el comunicado oficial.

"La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", setencia el escrito.

En este marco, Cancillería exhortó al Gobierno de Nciolás Maduro a "respetar la voluntad popular y la propia Constitución venezolana" que en 1999 impulsó el expresidente Hugo Chávez.

La funcionaria fue reemplazada por Jorge Faurie en la Cancillería, quien asumió hoy. Pero a Susana Malcorra no le fue nada mal: quedó a cargo del "Consejo de Alto Nivel para el Análisis Global", puesto inventado para ella.

Según trascendidos, Malcorra abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores por diferencias con el resto del Gabinete de Cambiemos. Entre los cortocircuitos figura el pedido de la ONU para que el país libere a Milagro Sala, detenida hace más de un año. Malcorra quería acceder a ese pedido. Sin embargo, el Gobierno decidió rechazarlo para no molestar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado a Cambiemos. Ahora podría definir la Corte Suprema de Justicia.

Según se informó en el boletín oficial, en su nuevo cargo Malcorra deberá "elaborar aportes y recomendaciones sobre las principales tendencias globales" y el puesto funcionará "como espacio de reflexión, debate y asesoramiento sobre las principales tendencias globales, del cual podrán participar personalidades destacadas y expertos reconocidos en la materia internacional". Tendrá rango de Ministerio y sería "ad honorem", según aseguraron desde el Ejecutivo.

La ahora ex canciller estuvo cruzada por otra polémica durante su gestión en Cancillería, cuando utilizó ese lugar para competir por la presidencia de la ONU. Esa candidatura fallida le costó al país 1,3 millones de pesos.

El propio Marcos Peña tuvo que salir a aclarar que desde Cambiemos creían que el tema estaba aclarado en su momento. El pasado menemista persigue a Jorge Faurie.

La pregunta llegó sobre el final. El jefe de gabinete, Marcos Peña, se disponía a cerrar la conferencia de prensa tras el anuncio de la salida de Susana Malcorra y la llegada de Jorge Faurie para reemplazarla al frente de la Cancillería. Pero faltaba una pregunta más de un periodista: "Quería saber si estaban al tanto de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) contra el flamante canciller hace unos años por tener una sociedad con Ramón Hernández que era secretario privado de Carlos Saúl Menem y no había declarado en su DDJJ esa Sociedad".

La consulta pareció no sorprender a Peña, que evidentemente tenía lista la respuesta: "Sabíamos el tema, creemos que fue aclarado en su momento", se limitó a responder.

¿De qué se trata el caso? En septiembre de 2002, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Faurie, por entonces vicecanciller y embajador designado en Portugal, por haber omitido consignar en su declaración jurada una sociedad que compartía con Ramón Hernández.

Faurie era socio del secretario privado de Menem en la empresa Costes SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia y que había suspendido un proyecto para abrir un restaurante mexicano en el salón Tattersall del Hipódromo de Palermo.

El dato había llamado la atención porque, en noviembre de 1999, cuando se desempeñaba como director de Ceremonial, el ahora Canciller le renovó por cinco años el pasaporte diplomático de Hernández, que no lo devolvió aunque los funcionarios políticos pierden ese derecho cuando dejan su cargo.

La empresa había sido constituida en diciembre de 1999 y obtuvo la personería el 19 de enero de 2000. Por eso, según dispone la ley 25.188 (de Etica Pública), el funcionario debía declararla. Pero no lo hizo. En su momento el ahora canciller presentó un descargo y aseguró que no declaró la sociedad porque creía que no debía hacerlo "debido a que efectuó aportes en efectivo, fuera del inicialmente hecho para conformar el capital social, y a que el proyecto se desactivó y no generó ganancias ni otros ingresos".

"No tengo ningún inconveniente en presentarme ante la Justicia todas las veces que sea necesario para aclarar este tema", aseguró Faurie. Hoy, 15 años después, esa empresa no declarada vuelve a ser un dolor de cabeza.