En un mismo día Arroyo Salgado, quien se convirtió en una defensora acérrima de la figura del fiscal fallecido Alberto Nisman, benefició a la dueña del Grupo Clarín y a un grupo de periodistas ligados a la ex SIDE.

En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos. El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio deADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.

En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron de golpe realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos.

El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio de ADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. Sin embargo, la apropiación sí fue irregular y nunca quedó del todo clara.

En septiembre de 2012, la jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, dos ex agentes de Inteligencia y el director del portal Seprin, Héctor Alderete, por ser parte de una “compleja organización clandestina de espionaje” que hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno. A los periodistas Carlos Pagni, de La Nación; Edgar Mainhard, director del portal Urgente 24, y Roberto García los procesó por encubrimiento, ya que habían usufructuado los datos obtenidos de forma ilegal.

Pero el 30 de diciembre último –el fallo se conoció ayer– la magistrada decidió anular y cerrar la investigación con el argumento de que el expediente se originó con información a la que la ex SIDE llegó de forma irregular. Es decir que, luego de diez años de investigación, se anotició de que la causa nunca debió haber sido abierta. La medida es más llamativa aún si se tiene en cuenta que la jueza no tenía en su poder el expediente, ya que éste estaba en la Cámara de Casación, que debía resolver antes del 10 de febrero si confirmaba los procesamientos. Y mientras un tribunal superior tiene una causa en revisión, los jueces inferiores no pueden tomar este tipo de decisiones.

“Dispondré la nulidad de carácter absoluto de la nota remitida por el entonces secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio y de todo lo actuado a consecuencia de aquella, disponiendo el sobreseimiento de todos los sujetos traídos a proceso”, dijo la magistrada en alusión a la notificación a partir de la que se abrió el expediente, que consideró “viciado desde su origen”.

Arroyo dijo en su último fallo que la información que sirvió para iniciar la investigación por espionaje fue obtenida por dos “agentes infiltrados” que no tenían autorización para actuar como tales. Ese supuesto hecho, de todas formas, figuraba en la foja 1 de la causa.