Dos fondos buitres que compraron el derecho de litigio de una accionista de YPF, lograron un fallo a favor en la Justicia de Estados Unidos. La buena noticia es que los activos de YPF están fuera de riesgo.

La jueza de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló este viernes a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, en el marco de una demanda por la expropiación de la empresa petrolera YPF que tuvo lugar en 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de dos fondos de inversión, conocidos como “buitres”, debido a que adquirieron el derecho a litigar a empresas que eran accionistas de YPF al momento de la expropiación encabezada por la entonces presidenta Cristina Kirchner: las sociedades Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa) de la familia Eskenazi.
Los Eskenazi habían adquirido el 25% de las acciones de la petrolera argentina, controlada en su momento por Repsol, con créditos internacionales que se comprometían a pagar con los dividendos de la compañía. Por lo que el Gobierno argentino consideró fraudulenta esa operación ante el tribunal de la reemplazante del fallecido Thomas Griesa.

Sin embargo, los fondos reclamaron en la Justicia norteamericana que cuando la estatización del 51% de las acciones de la empresa, el Gobierno argentino debía haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, según fijaba su estatuto.
Por lo que la jueza de Manhattan resolvió condenar al Estado argentino pero absolver de responsabilidades a la petrolera; esto se reflejó en el alza de las cotizaciones de las acciones de YPF, como en la crítica hacia el gobierno de Cristina Kirchner y su entonces vice ministro de Economía, Axel Kicillof por lo que podría significarle al país.
El reclamo que inició en 2015, podrá ser apelado por la Argentina. A la vez que la jueza Preska denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina, que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones, y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.
“El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, afirmó el fallo.