La Plata, una ciudad en emergencia
Por Ana Castagneto
La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se encuentra gobernada desde el 2015 por Julio Garro, un hombre salido del riñón del PRO que desde que asumió aplica un modelo de gestión que se basa en un importante gasto publicitario acompañado de escasas políticas de inclusión, en especial en los barrios que no forman parte del casco céntrico de la ciudad.
En 2019, año electoral, el municipio usó 191 millones de pesos para publicidad, casi la misma cantidad de dinero que se invirtió en acción social, y redireccionó alrededor de 40 millones que estaban adjudicados para hacer las cloacas de un barrio conocido como “Nuevo Abasto” para embellecer los paseos comerciales céntricos.
Estas acciones demuestran rápidamente algo que las concejalas y concejales de la ciudad vemos a diario: las prioridades municipales no pasan por solucionar los problemas de la gente. El Bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante –al que pertenezco como parte del partido Kolina- está conformado por 10 ediles de un total de 24. Sin embargo, al contar el oficialismo con quórum propio, se vuelve muy complicado que nuestras propuestas que buscan revertir algunas de estas acciones puedan llegar a buen puerto.
Antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 ya teníamos en la ciudad serios problemas de empleo provocados por la gestión del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. A esto se le sumaba un presupuesto seriamente devaluado y gastos exorbitantes en rubros como la gestión de residuos (que ascienden a más de 3 mil millones de pesos). A pesar de esto, La Plata sigue siendo una ciudad con gran cantidad de basurales a cielo abierto y uno de los distritos con más producción de basura por habitante ya que no existe un sistema de separación en origen en la mayoría de los barrios que conforman el municipio.
A su vez, en el verano de 2020 sufrimos uno de los brotes de dengue más importantes, con mayoría de casos autóctonos y pocas acciones de prevención. En materia sanitaria debemos sumar que según un relevamiento que realizamos desde Kolina en 2018, el 91% de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tiene algún tipo de dificultades que van desde problemas de infraestructura (en uno de los CAPS el piso se “tragó” a una nena que salió ilesa de milagro) hasta falta de personal y mobiliario.
En este contexto, ante la pandemia de COVID-19 la inacción municipal tomó mayor relevancia. Siete meses después podemos ver que el intendente Garro sólo utilizó recursos otorgados por el gobierno nacional o provincial para brindar asistencia a la población.
Los alimentos que el municipio compró y distribuyó se basan en un pollo para cada comedor y verduras –muchas veces podridas- que no son adquiridas mediante proveedores locales a pesar de que La Plata tiene el cordón frutihortícola más importante de la provincia.
Por todo esto, la ayuda alimentaria en la ciudad funciona gracias a los bolsones de comida que se entregan en las escuelas provinciales y la solidaridad de los diversos sectores como por ejemplo los productores y productoras platenses que donaron 10 toneladas de verdura a espacios barriales o el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) que mediante una articulación con diversas entidades entrega semanalmente pescado del Atlántico Sur para colaborar con los comedores populares y generar conciencia sobre la importancia de la pesca soberana.
Siguiendo la línea que utilizó Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero sin la autonomía política de la que goza la capital nacional, el intendente Garro basó sus propuestas durante la pandemia en desobedecer las medidas de aislamiento decretadas como forma de preservar la vida de los ciudadanos y ciudadanas en vez de generar políticas para los distintos sectores afectados por la pandemia.
A partir de esto, se instaló en la República de los Niños un autocine que además de no contar con la autorización provincial genera mínimos ingresos para las arcas municipales al estar la mayoría de los servicios tercerizados. A su vez, los contenidos que se proyectan son en un 95% extranjeros y su acceso se hace imposible para aquellas personas que no cuentan con un vehículo.
El mal uso de la República de los Niños –cuyos fines deberían ser educativos- es una situación que desde la oposición venimos denunciando hace muchos años así como también las concesiones en relación a las empresas que intervienen en temas como el bacheo, la luminaria y la señalética, entre otras cuestiones. Muchas de estas firmas están presentes también en las obras que se realizan en distintos municipios gobernados por Cambiemos.
El “método Cambiemos” de gestión incluye a su vez el uso de la publicidad oficial para generar operaciones mediáticas contra sectores como el de las vendedoras y vendedores ambulantes. Hasta el año pasado estas acciones incluían una presencia policial real facilitada por el gobierno de María Eugenia Vidal que se utilizaba para desplazar a los sectores con problemas de ingresos de la zona céntrica sin brindar ninguna opción laboral alternativa. Actualmente, al no contar con una policía al servicio de sus intereses, la estrategia del intendente se basa en incluir sin autorización el logo de la Policía Bonaerense en las piezas publicitarias oficiales.
Ejemplo de esto es un video subido a las redes del municipio donde acusa a las vendedoras y vendedores ambulantes de la comunidad senegalesa de la ciudad de ser víctimas de una red de trata de personas en base a una denuncia penal iniciada por el propio municipio que hasta la actualidad carece de sustento en materia de procedimiento judicial. A pesar de esto, el material audiovisual expone a quienes supuestamente son víctimas de esta red como victimarias y victimarios, mediante imágenes que las y los muestran resistiéndose a la confiscación de su mercadería, en un claro acto de xenofobia que llegó hasta el INADI.
A estas acciones discriminatorias se le suma también la incapacidad para sostener con acciones y financiamiento a distintos sectores afectados por la pandemia como el de la cultura, que constituye un importante patrimonio en la ciudad.
Para revertir esta realidad, presentamos un proyecto que busca declarar la emergencia cultural en todo el partido de La Plata por el término de un año. La iniciativa fue construida conjuntamente con los espacios culturales y sus integrantes organizados en la Red Multicultural Platense.
El proyecto está compuesto por más de 17 artículos y propone la eximición del pago de tasas municipales, la asistencia alimentaria, el fomento de actividades que incluyan acciones de contratación municipal y la disponibilidad de fondos para el mantenimiento de los espacios culturales.
A su vez, la iniciativa incluye la creación de una Mesa Local de Emergencia para el Arte y la Cultura y la promoción de actividades a realizarse de manera presencial o virtual de acuerdo a los protocolos vigentes las cuales deberán respetar un cupo de género y disidencias del 30% y un cupo del sector de la cultura emergente del 50%.
Todas estas propuestas tienen como objetivo garantizar una política con perspectiva inclusiva y de género algo que no sucede en la mayoría de las gestiones del municipio. A pesar de que en la ciudad está vigente desde 2017 la emergencia en violencia de género, a principio de año tuvimos que luchar contra una decena de despidos en la Secretaría de Atención a la Víctima que maneja Carolina Píparo.
A su vez, durante la pandemia pedimos incontables veces la creación de programas de prevención y contención para personas en situación de violencia, una problemática que se incrementó en el marco de la emergencia sanitaria. Si bien no tuvimos respuestas desde el Ejecutivo, en el Concejo logramos que se aprobara un proyecto para colocar violentómetros en los cajeros y edificios públicos de la ciudad.
El violentómetro es un gráfico que muestra distintos tipos y grados de violencia que van desde bromas hirientes hasta el femicidio. El material además de tratar de general consciencia incluye los números para pedir ayuda ante casos de este tipo.
La iniciativa se aprobó meses atrás pero todavía no se colocó ningún cartel. En este sentido, la falta de acción en los distintos ámbitos va generando que cada vez más sectores deban ser considerados en emergencia.
Si bien tenemos la suerte de que en la actualidad contamos con políticas públicas de inclusión ejecutadas por el gobierno provincial y municipal, estamos convencidas y convencidos de que a las y los platenses no nos sirve ser una fotocopia mal hecha de CABA. Necesitamos un Estado Municipal presente porque en La Plata tenemos problemas serios y eso sólo se arregla con un gobierno que escuche las demandas y gestione responsablemente para toda la ciudadanía.
