Se trata de la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez.
El analista político reveló por qué el ex presidente no menciona a Báez como lo hace con otras figuras públicas y elogió a la expresidenta.
El empresario fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en la que no hubo ningún K, ni se encontraron cuentas, sociedades, bóvedas ni dinero oculto de la familia Kirchner
Para el juez Sebastián Casanello no existe pruebas para procesar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo afirmó el periodista de La Nación, Hugo Antonio María Alconada Mon, al ser entrevistado en un programa televisivo de TN. El comunicador desmintió, de esta manera, a las acusaciones realizadas por el Jefe de Gabinete, respecto a este tema.
El famoso periodista de La Nación, afirmó anoche en el programa televisivo Código Político que "no existe una sola prueba que vincule como socios a Lázaro Baez con la familia Kirchner".
“Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, pruebe que Báez es socio de cualquier miembro de la familiaKirchner”, agregó el periodista que investigó el escándalo internacional de lavado de dinero que salpicó a muchos dirigentes de Cambiemos, más conocido como Panamá Papers.
Estas declaraciones desmienten a la tesis principal del oficialismo, quien de la mando de Marcos Peña sostenían que sí existía un aceitado vinculo entre el empresario santacruceño y la familia Kirchner.
Lo hizo a través de un escrito que su abogado, Carlos Beraldi, entregó a la Justicia por la causa en donde se investiga a la ex mandataria por supuestas irregularidades en materia obra pública de la provincia de Santa Cruz. "El tránsito de estas actuaciones a la instancia oral ya se encuentra definido", señaló en el escrito.
La ex presidente mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ir a juicio oral y público en la causa por supuestas irregularidades de la obra pública concedida durante sus gobiernos al empresario detenido Lázaro Báez. En el escrito, Cristina considera que "en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho” se le acusan.
A su vez, la actual Senadora por Unidad Ciudadana, criticó el procedimiento en el que se la imputa, y al respecto de los requerimientos del fiscal y las querellas, pronunció: "Encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no han sido resueltas por auto firme".
En noviembre de 2016, Cristina Kirchner presentó un escrito en el juzgado de Ercolini y no respondió preguntas. En esa ocasión consideró “absurdo” que se utilizara la figura de la “asociación ilícita” para hablar de un presidente y sus ministros. Dijo que no era amiga de Lázaro Báez y que la obra pública la decide el Congreso. “Ningún presidente puede decidir ninguna obra pública, eso es decisión del parlamento nacional. De ser considerado el Poder Ejecutivo una asociación ilícita debería extenderse al Poder Legislativo también”, explicó ante el magistrado.
El reconocido y polémico empresario Lázaro Báez, que permanece detenido e investigado por lavado de dinero, afirmó hoy que no es "testaferro de Cristina Fernández ni de la familia Kirchner" en un reportaje brindado desde el penal de Ezeiza en el que también aseguró que tanto él como sus hijos han sido "condenados anticipadamente".
"No soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner", indicó Báez en una entrevista telefónica publicada hoy por el sitio Infobae en la que además señala que "un testaferro no pediría por escrito que se investigue la obra pública".
En este sentido, el empresario consideró que "todo el mundo pretende que se corte el hilo en Lázaro Báez" y rechazó la existencia de un supuesto pacto de impunidad con la ex presidenta.
"No se trata de traición o no, sí creo que acá hay demasiada mano extraña para que, vuelvo a reiterarte, el hilo se corte en Lázaro Báez" consideró sin dar precisiones sobre quienes debería la justicia.
En este sentido, indicó que "hay una investigación que aún no finalizó, acá hemos sido condenados anticipadamente", al referirse a la citación a indagatoria de sus hijos.
Báez fue consultado también sobre la situación que vivieron sus hijos la semana pasada al arribar al Aeroparque, donde los esperaban distintos móviles de televisión.
"Esa una expresión clarita de lo que estamos hablando, a mis hijos los insultaron y atrás sale el hijo de la ex presidenta, muy amable todo el mundo con una recepción fantástica" cuestionó.
"Nosotros no somos los que manejamos los intereses del país, ni tampoco eramos los que direccionábamos, como dicen, la obra pública. Ni nada que se refiera a concesiones" afirmó Báez, que finalmente rechazó gozar de condiciones privilegiadas: "la penitenciaría ha salido a mostrar la realidad de como estamos, que comparto con todo el resto de la gente que está. No tengo ningún privilegio".
Lázaro Báez declaró ante la Justicia que tiene una sociedad con el primo del presidente, Ángelo Calcaterra en una licitación del Estado. Esto desató una vía de investigación que hasta el momento el periodismo y la justicia no había tenido en cuenta.
Según informó el portal de noticias El Destape, Mauricio Macri técnicamente aún es dueño de las acciones de una empresa de su primo Ángelo Calcaterra, quien junto con Báez ganó una licitación del Estado.
Es que el jefe de Estado todavía tiene control sobre la empresa que le habría cedido el grupo SOCMA en 2007 a Calcaterra. Las empresas que fueron cedidas fueron IECSA y Creaurban, con las que Calcaterra forma una unión de empresas llamada ODS. La forma en la que el primo presidencial le "compra" las empresas fue a través de una prenda de sus acciones. Es decir que los Macri se quedaron con las acciones de ODS en garantía, hasta que esta firma pudiera cancelar la deuda.
Hasta acá todo parece normal, pero un gran detalle revela que las cosas no son como parecen. Esta prenda venció a fines de 2014 pero la deuda no fue cancelada, por lo que Mauricio Macri sigue siendo parte de las empresas de su primo. En este punto hay que destacar que Calcaterra es el tercer mayor contratista del Estado en los últimos años y uno de los socios es Lázaro Báez.
Según la última Declaración Jurada de Macri, el presidente es el dueño de SOCMA, y ésta sigue teniendo dentro de su organigrama a SIDECO, dueña de las acciones de la empresa de Calcaterra, ODS.
Un grupo de diputados nacionales del FpV-PJ, encabezado por su titular, Héctor Recalde, solicitó al juez federal Jorge Casanello que impida la venta de la empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en el marco de la investigación que tiene a su cargo sobre Lázaro Báez, ante “la clara vinculación societaria entre ambos empresarios que compartieron y participaron de emprendimientos conjuntos en obras públicas”.
Los diputados que firmaron la petición, María Teresa García, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio y Rodolfo Tailhade, manifestaron en el escrito que “IECSA y Austral Construcciones se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10 mil millones de dólares, lo cual muestra un ‘affectio societatis’ estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez”.
“Un hecho repentino reafirma la necesidad de adoptar medidas al respecto”, sostienen los diputados, quienes agregaron que “sorpresivamente y en forma concomitante con la vinculación de la empresa IECSA a las empresas investigadas en las causas que involucran a Lázaro Báez, tomó estado público la voluntad de sus actuales accionistas de vender abruptamente dicha empresa”, en referencia a las informaciones publicadas acerca de que Calcaterra vendería las acciones del Grupo.
“Es decir que, sospechosamente, en cuanto avanza la investigación sobre las empresas de Báez y surge la conexión con IECSA, precisamente en el tema obra pública, se busca rápidamente vender IECSA o al menos, dar la apariencia de venta, trasladando el manejo de IECSA a nuevos titulares, aun cuando se encuentran vinculados al entramado de sociedades que de forma directa o indirecta trabajan y/o forman parte del Grupo Macri”, dice el escrito presentado al juez.
Asimismo, se solicitó: “No deberían descartarse además medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de IECSA, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias, con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan en autos”.
Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, opinó sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y analizó que ve "difícil" que la ex mandataria "vaya presa". Además, se refirió al caso que investiga lavado de dinero por parte de Lázaro Báez.
"Los procesos estos no deben ser venganzas. La Justicia lo que trata es superar la venganza y la Justicia por mano propia. Tenemos que tratar de ir a respuestas civilizadas. Lo que sí tiene que hacer la Justicia, además de la prisión, es recuperar los activos", dijo el ministro con respecto a la situación de Cristina Kirchner.
En cuanto a Lázaro Báez, Garavano consideró que en este caso "los jueces podrían avanzar, con determinadas precauciones y cautelas, en la liquidación de algunos de estos bienes, garantizando a las partes que si hubo algún error se podrá recompensar y resarcir".
"El Estado es solvente. El Poder Judicial debe liquidar esos bienes rápidamente y las líneas de investigación deben ir sobre la ruta del dinero. Lo importante es seguir la plata, porque ese es el fin último del que roba", agregó el ministro de Justicia.
Además, rechazó los escraches a Carlos Zannini y los definió como "reacciones desmedidas": "Fueron reacciones desmedidas, fuera de lugar e inadecuadas que en definitiva llevan a esto de la Justicia por mano propia y en términos de una sociedad civilizada es retroceder dos mil años", manifestó.
