Luego de la conferencia de prensa de este lunes en la que Patricia Bullrich y Garavano justificaron el accionar del grupo Albatros que culminó con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, desde redes sociales le recordaron a la ministra las épocas en que lideró la campaña por la derogación de la Ley antiterrorista aprobada en el 2007.

La llamada Ley Antiterrorista fue aprobada en 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional pero el articulado más polémica dejaba abierta la posibilidad de que se aplique contra individuos o grupos vinculados a la protesta social ya que en el artículo 213 se afirmaba: “Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

En 2014 la entonces diputada Patricia Bullrich, que presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, impulsó la aprobación de un dictamen de comisión para derogar la ley: “Mañana sacaremos dictamen para derogar la abusiva y discrecional ley antiterrorista , una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas, como el caso de Pablo Suárez de Santiago del Estero”. Entonces Bullrich denunciaba que la Ley era “usada como pantalla” por el kirchnerismo “para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país”.

La entonces diputada Laura Alonso, actual titular de la Oficina Anticorrupción, también apoyaba la derogación de la ley, argumentando: “Estamos ante una ley que amenaza la libertad de las personas físicas o jurídicas: va en contra de los que protestan, los que piensan distinto y también contra una empresa que quiebra. Desde el primer día, el PRO se opuso”.

En este sentido vale la pena recodar que, más allá del discurso político y mediático, no se ha presentado una prueba respecto del accionar terrorista o el armamento de un grupo de tan dudosa existencia como RAM y sí se han realizado numerosas detenciones a gente que “piensa distinto”, a veces por acciones tan irrelevantes como hacer alguna publicación crítica contra el gobierno en Facebook o Twitter.

A esto último hay que agregarle lo trascendido en las últimas horas, ya que Bullrich quiere que las fuerzas federales estén por encima del poder judicial, violando así el Estado de derecho.