El juez Casanello lo encontró responsable de funciones incompatibles con su función pública y lo embargó por 12 millones de pesos

El juez Casanello tomará declaración de Luis María Blaquier por la compra de bonos de Cablevisión y Arcor desde ANSES

El director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES favoreció a la empresa de golosinas y al grupo mediático, de las cuales había sido director. Un fiscal lo acusa de aprobar deuda de las empresas irregularmente. Uno de los firmantes de la medida fue el ahora ministro Caputo.

El Grupo Clarín volvió a hacer negocios con “la plata de los jubilados”, eufemismo creado por el propio multimedio. Se trata del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que fue manejado hasta fines de 2016 por Luis María Blaquier, ex miembro de los directorios de Cablevisión y Arcor a los que supuestamente renunció antes de asumir. Una denuncia penal, sin embargo, revela que siguió ligado a ambas empresas mientras destinó dinero del FGS hacia esas firmas, publicó hoy el sitio Nuestras voces.

La denuncia la formalizó esta mañana el fiscal federal Gabriel De Vedia, que esta a cargo de la Unidad Fiscal para a Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). La intervención de este fiscal se debe a que si se cometieron desfalcos con los fondos de la ANSES esto puede poner en riesgo las prestaciones de seguridad social. El FGS es, como su nombre lo indica, un resguardo para jubilaciones, pensiones y otras políticas sociales.

Luego de una investigación preliminar, De Vedia denunció a Blaquier por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal de incumplimiento de deberes de funcionario público. En criollo, por destinar dinero público para invertir en empresas donde mantiene relaciones e intereses económicos: Cablevisión y Arcor. Y no sólo eso: inversiones con calificaciones riesgosas que hacen peligrar los fondos de seguridad social.

El FGS ya tiene entre sus activos el 9% del Grupo Clarín, producto de la estatización de las AFJP. De hecho, el holding encabezado por Héctor Magnetto ocupa el séptimo lugar entre las inversiones del fondo, con un 4% sobre el total. Pero esta nueva maniobra desnuda nuevos negociados.

Tanto en Cablevisión con en Arcor, se trata de la suscripción de Obligaciones Negociables (ON) que son, básicamente, deuda que emite una empresa para financiarse. Las inversiones en deuda de Cablevisión y Arcor se aprobaron, formalmente, el mismo día, pero ambas fueron realizadas tiempo antes. Las aprobó el Comité Ejecutivo del FGS, según consta en su acta N 136, el 26 de agosto de 2016. Ese comité lo integran -ad honorem- el director Ejecutivo de ANSES Basavilbaso, el Secretario de Finanzas Luis Caputo (ahora Ministro) y el Secretario de Política Económica Pedro Lacoste. También es parte del comité el Subdirector de Operación del FGS, cargo que ostentaba el propio Blaquier y que le daba a su vez el rol de Secretario Ejecutivo de ese órgano. Las decisiones se toman por mayoría y si hay empate el director ejecutivo tiene doble voto. Pero no hizo falta. Los aportes a Cablevisión y Arcor se definieron ese día por unanimidad. El punto 3 del día era la aprobación de la suscripción de ON de Cablevisión por 10 millones de dólares hecha el 8 de junio, dos meses y medio antes. La deuda que compró el FGS, explicó Blaquier al comité, quedó bajo ley de Nueva York, a una tasa fija a ser determinada al momento de la suscripción y a 5 años.

Lo que no contó Blaquier, por lo que ahora fue denunciado, es su vínculo con Cablevisión que surge de la investigación preliminar desde la UFISES, para la cuál el fiscal De Vedia le pidió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). De la revisión del Directorio del Grupo Clarín, controlante de Cablevisión, surgen ratos reveladores.

Hubo dos bajas en el directorio del grupo comandado por Magnetto. Uno Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, histórico lobbista del holding que falleció el 21 de noviembre de 2015 y fue reemplazado por Horacio Eduardo Quirós. El segundo Luis María Blaquier, cuyo lugar lo ocupó su hermano, Gonzalo Blaquier. Según señala la denuncia del fiscal De Vedia, “los nuevos directores representan a los mismos accionistas que dispusieron la designación de sus antecesores”. O sea, no hubo cambio en el paquete accionario sino cambio de nombres. Pero hay más. Luis María Blaquier fue Director Titular del Grupo Clarín representando al accionista GS Unidos LLC, sociedad radicada en la guarida fiscal que opera en Delaware, Estados Unidos. Lo mismo su hermano Gonzalo. En la denuncia del fiscal De Vedia consta que “hasta el año 2012, las participaciones de GS Unidos LLC en Grupo Clarin SA habrían pertenecido al banco de inversión estadounidense Goldman Sachs donde, conforme es de público conocimiento, Luis María Blaquier se desempeñó durante más de 13 años y fue director ejecutivo. A partir de entonces, GS Unidos LLC se encuentra bajo control indirecto de Ralph Booth, fundador y socio ejecutivo del fondo Fontinalis Partners”. Hasta aquí nada sospechoso, salvo que el propio Luis María Blaquier es socio del fondo Fontinalis Partners que controla GS Unidos LLC, que a su vez es accionista del Grupo Clarín. En síntesis, según la denuncia, mientras era funcionario era socio de un fondo que controlaba parte del Grupo Clarín. Y así, con un pie de cada lado del mostrador, destinó dinero del FGS para financiar a Cablevisión, donde tiene intereses.

A principios de diciembre de 2016, Blaquier renunció a su puesto en el FGS. Adujo motivos personales, y algunos medios publicaron que su salida estuvo vinculada al memorándum que firmó el gobierno con Qatar. Pero lo concreto es que en esos días hubo un nuevo movimiento vinculado a esta causa. El 30 de diciembre la empresa Blue Media Investment Inc le informó al Grupo Clarín que había comprado el 74,5% del capital social de GS Unidos LLC. Esto fue pura formalidad, ya que los controlantes de Blue Media Invesment Inc no son otros que los accionistas del Grupo Clarín a través de trusts que tienen en Estados Unidos, identificados con sus iniciales: ELHN New York Trust (Ernestina Laura Herrera de Noble), HHM Media New York Trust (Héctor Horacio Magnetto), LRP New York Trust (Lucio Rafael Pagliaro) y José Antonio Aranda, que según informaron lo hizo en nombre propio. El monto de la operación fueron 219.590.143 dólares. O sea, la empresa donde Blaquier tenía intereses mientras era funcionario fue comprada por los mismos beneficiarios del dinero del FGS.

Arcor, multinacional argentina que produce mayoritariamente golosinas, tiene buena sintonía con el gobierno de Macri y comanda la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA). La fluida relación con el gobierno tiene muchos gestos. El 2 de agosto, por ejemplo, Macri afirmó: “El ejemplo de Arcor es el que necesitamos en Córdoba y el resto del país“. Fue durante la inauguración de una nueva planta fabril de la empresa en Arroyito. A los pocos días, el FGS aprobó la inversión de dinero público en deuda de la empresa.

El caso de Arcor fue el el punto 12 del acta 136. Se trató de la suscripción de ON por 12 millones de dólares hecha el 21 de junio de 2016, o sea, más de dos meses antes. Blaquier también tomó la palabra e informó que Arcor lanzó esa emisión de deuda a tasa fija, con vencimiento a 7 o 10 años, bajo ley argentina. Lo que no dijo Blaquier fue su relación con Arcor. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, Blaquier integró el directorio del grupo comandado Luis Pagani. “En tal carácter -dice la denuncia- Luis María Blaquier participó de la reunión de directorio mediante la cual se resolvió convocar a la asamblea de accionistas a efectos de que solicitara a la CNV para prorrogar el programa de obligaciones negociables autorizado mediante resolución 16.439 del 25 de octubre de 2010, en función de lo cuál, el 30 de octubre de 2015, dicho organismo autorizó el programa en cuyo marco fue realizada la emisión suscripta por el FGS”. En criollo, Blaquier participó del diseño del plan financiero de Arcor y luego destinó dinero del FGS en la empresa según los intereses de es plan.

Ese dinero Arcor preveía destinarlo para, entre otras cosas, financiar proyectos productivos en el país. Queda flotando la incógnita de si fue con ese dinero que financió la fábrica que Macri le inauguró días antes.

En en las operaciones de toma de deuda de Cablevisión y Arcor hay, según denuncia el fiscal De Vedia, dos cuestiones: una, la incompatibildiad de Blaquier; la segunda, que tenían bajas calificaciones de riesgo.

Uno de los ítems de cualquier emisión de deuda es la nota que ponen las calificadoras de riesgo. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), “las sociedades   calificadoras de riesgo (SCR) son sociedades anónimas formadas por especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de repago en tiempo y forma (es decir, en las condiciones pactadas) de los distintos valores negociables (obligaciones negociables   y/u   otros   títulos   de   deuda) colocados y negociados en los mercados”. Lo cierto es que también se trata de empresas cuestionadas por manipulaciones en las calificaciones, especialmente en materia financiera, que quedaron al descubierto en la crisis desatada en 2008-2009. La incógnita que gira en torno a ellas es quién califica a las calificadoras. A nivel mundial conforman un oligopolio que, en Argentina, tiene registradas a Standard & amp; Poor´s, Fitch, Evaluadora Latinoamericana y Moody´s Latin America.

Esta última, Moody´s, intervino en la calificación de las obligaciones negociables de Cablevisión y Arcor que suscribió el FGS. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, las obligaciones de Cablevisión fueron calificadas con raiting nacional “Baa1.ar” y global “B3”. “De acuerdo con la guía de referencia emitida por ese agente en el mes de octubre de 2016 – sigue la denuncia- las obligaciones con calificación Baa ‘se consideran de grado intermedio y están sujetas a un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas’ y el número modificador 1 ‘indica que la obligación se ubica en el rango superior de su categoría de calificación genérica’. A su vez, en la escala global, las obligaciones con calificación B ‘se consideran especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio alto’ y el modificador 3 ‘indica que se ubica en el rango inferior de esa categoría de calificación genérica’”. O sea, no sólo Blaquier ordenó poner plata del FGS en la empresa donde sigue teniendo intereses económicos, sino que además lo hizo a pesar de que, según su calificación, eran especulativas. Ergo, puso dinero de seguridad social en una inversión de riesgo. En el caso de Arcor la calificación es un poco mejor, pero en el rating global aún en categorías especulativas como la B1.

La plata de los jubilados en riesgo

El FGS fue creado por el decreto 897 de 2007, con la firma de Néstor Kirchner. La idea original era un fondo anticíclico que pusiera al sistema previsional a salvo de vaivenes económicos. En definitiva, que los sectores más vulnerables no pagaran siempre los platos rotos. Pero fue en 2008, con la ley 26.245 que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el cuál se estatizó el sistema jubilatorio que el FGS tomó otra dimensión ya que recibió todos los fondos administrados por las AFJP. Entre ellos, acciones de empresas que habían utilizado fondos de jubilaciones privadas para financiarse. Caso conocido, otra vez, es el de Clarín: su AFJP compró acciones del multimedio a un valor varias veces mayor al real. A partir de ese momento, el FGS pasó a ser accionista en una importante cantidad de empresas, entre ellas el Banco Macro, Telecom, Siderar, Consultatio, Mirgor, Banco Galicia, Transener, Banco Patagonia, Petrobras, Aluar, Clarin, Metrovías, Metrogas, BBVA Banco Frances y Ledesma. Nota al pie, en esta última también tiene vinculación Luis María Blaquier, ya que es sobrino de Carlos Blaquier, mandamás del emporio al que llegó por la unión con María Elena “Nelly” Arrieta, apellido de la familia fundadora.

Retomando, en diciembre de 2009 el FGS estaba valuado en 140.853 millones de pesos: en noviembre de 2016 la cifra trepó a 865.248 millones. En el último informe del FGS destacan que su valor “pasó de USD 28.440 millones de dólares que tenía el 5 de diciembre de 2008 a USD 54.610 millones de dólares al 30 de noviembre de 2016”, un crecimiento del 782,2%. Una codiciada caja de herramientas. En lo que va del año, además de las inversiones en empresas privadas y proyectos productivos como la central nuclear Atucha II o planes de vivienda, otorgó 26.335 millones de pesos en préstamos a 21 provincias, principalmente a Buenos Aires y CABA.

Con la asunción de Macri llegó el riesgo para el FGS. Empezó con la sanción de la ley 27.260, denominada bajo el aufemismo de Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Pero el gobierno no sólo incumplió el objetivo del rimbombante nombre de la ley sino que el Título VI de la norma redefine al FGS y permite vender sus activos para afrontar el pago de la supuesta reparación. Lo cierto es que, en los pocos meses de vigencia de la ley, el el FGS ya vendió el su participación en Petrobras Argentina, que era del 12%, y pululan versiones de venta de los activos en varias empresas que ansían retomar el control de esas acciones. Hace pocos días, la ANSES tomó deuda del gobierno nacional por 17.000 millones de pesos. Así se va, entre deuda y empresas privadas, plata de los jubilados.

Una fiscal pidió abrir una investigación contra el presidente, la vicepresidenta  y varios funcionarios del Gobierno nacional por la presunta comisión de ilícitos en el marco de la firma del polémico memorándum entre Argentina y Qatar. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses por 1300 millones de dólares.

Hoy la fiscal Paloma Ochoa solicitó abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios de su gobierno por la firma del memorandum de entendimiento entre Argentina y Qatar y la presunta comisión de ilícitos en su firma.

La investigación se centra en los supuestos delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público, según la denuncia original.

La denuncia se realizó semanas atrás contra Macri, Michetti, la canciller Susana Malcorra, Luis María Blaquier, director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Horacio Reyser , asesor del Presidente en Inversión Extranjera, José Ortiz Amaya, director general de Relaciones Internacionales del Senado.

El tratado predice la creación de una estructura "offshore", y que tendría acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La fiscal ordenó además que no se de comienzo o en su caso, se interrumpa la ejecución del Memorandum.

La fiscal en su dictamen justificó: "Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma off shore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad hacia un paraíso fiscal, todo lo cual se encontraría prima facie adecuación típica en delitos" previstos en el código penal.