Diferentes notas de prensa y rumores proveniente de la Casa de Gobierno platense aseguran que el sábado pasado se celebró un almuerzo entre el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y la mandataria provincial, María Eugenia Vidal. Allí, la gobernadora le ofreció al jefe comunal un cargo en el gabinete provincial.

En un principio se pensó ofrecerle a De la Torre la Asesoría General de Gobierno, tras la salida de Gustavo Ferrari para asumir en el ministerio de Justicia. Sin embargo, Vidal no habría mencionado ese lugar en la conversación del sábado con el jefe comunal. El ofrecimiento tiene rango de ministerio y se encuadra en una movida que podría incluir más de una cartera, y nuevas negociaciones con el radicalismo, publicó hoy La Tecla.

Un posible destino para De la Torre es el ministerio de la Producción. Hay enojo en el gabinete con el radical Jorge Elustondo, y la situación se habría agravado tras un reciente paro de portuarios por una resolución del ministerio.

¿El radicalismo perdería entonces el único lugar que tiene en el gabinete? No. La compensación llegaría con otra cartera, incluso de mayor rango. Vuelve a estar en la cresta de la ola la versión del alejamiento de la ministra de Salud, Zulma Ortíz. La cartera sanitaria es un anhelo de la UCR desde el primer día post triunfo de María Eugenia Vidal, cuando aspiraba a más espacios en el equipo de gobierno.

Con todo, la decisión del Ejecutivo sería vestir con más política los cargos que queden vacantes, y en esa lógica entran a jugar los intendentes. De la Torre no sería el único a tentar con un espacio en la estructura de Gobierno. En la mira también hay jefes comunales que ganaron el año pasado bajo el sello del Frente para la Victoria.

Uno de ellos es Martín Insaurralde, aunque la tentación por parte del PRO llegaría para ocupar una silla de relevancia en el gobierno nacional. Los contactos están aceitados desde un despacho muy cercano a Macri que no está precisamente en la Casa Rosada.

El decreto 647/16 de la gobernadora María Eugenia Vidal estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses tuvieran una versión “extendida”, con carácter “reservado”, y otra “sintética”, a la que se podría acceder de forma pública.

La misma disposición, publicada en el Boletín Oficial para modificar el decreto 116/16, contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones “reservadas” de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario, y también para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La versión “sintética” restringía “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco hacía públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

Por otro lado, el decreto de Vidal prorrogó por 60 días la presentación de las declaraciones juradas, que alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la propia gobernadora, su vice, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

Asimismo, incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

Tras conocerse la medida del Gobierno bonaerense, distintos sectores opositores plantearon su rechazo al entender que este decreto vulneraba el derecho a la información.

La senadora del FpV, Mónica Macha, explicó que “las políticas de transparencia son un derecho de los y las bonaerenses y no depende de la voluntad ni los decretos de Vidal”.

“El gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras, ahora hacen lo mismo con las declaraciones juradas, ocultan”, agregó la legisladora Mónica Sierra, titular del bloque kirchnerista en el Senado.

Desde el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también manifestó su repudio: “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo y calificó la medida como “una barbaridad”.

Este decreto era similar al artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.

Luego de las fuertes reacciones, Vidal dijo a través de su cuenta de Twitter que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada” y, más tarde, anunció que derogará los artículos 1, 2 y 7 de su medida para “despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

La Cámara Alta provincial tiene previsto tratar mañana un proyecto sobre las declaraciones juradas que incluye a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, decidió mediante el decreto 647, multar con penas de hasta dos años de prisión a periodistas o terceros que difundan las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno PRO.

Senadores bonaerenses del FPV manifestaron su enérgico repudio   ante el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La senadora bonaerense, Magdalena Sierra, afirmó que  “ya habíamos advertido sobre la intención de penalizar a los que informan y a los que investigan. Por eso en la discusión en comisiones de lo que será la ley que regule las declaraciones juradas que se debatirá en el senado de la provincia logramos eliminar el artículo que sancionaba a los periodistas”, recordó la legisladora.

En el mismo sentido, añadió “para nosotros el gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras. Ahora intentaban lo mismo con las declaraciones juradas”, advirtió.

Por su parte, la senadora Mónica Macha, destacó que "el decreto de Vidal lesiona persigue al periodismo y, otra vez, las instituciones y la democracia. Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable”.

“La medida implica un retroceso enorme en materia de transparencia. Esconder información es gobernar encerrado y lejos del pueblo.  Cambiemos es contradictorio, desprecia los mecanismos de la democracia y muestra serios problemas en materia de transparencia”,  cuestionó Macha.

Otro de los senadores que salió al cruce de la medida tomada por el gobierno provincial, fue Santiago Carreras, quien aseguro que  “el decreto firmado por Vidal es alarmante. Al igual que quiso hacer Macri en el ámbito nacional con los que ingresen al blanqueo, en la Provincia buscan silenciar y perseguir a quienes informen sobre el patrimonio de su gabinete”

En el mismo sentido, el legislador hizo un repaso de las decisiones del gobierno provincial que sortearon controles y se refirió a que “desde su asunción la gobernadora promovió proyectos que pasan por alto los mecanismos de control en contrataciones y obras de infraestructura, y ahora apunta a ocultar las declaraciones juradas de sus funcionarios y perseguir periodistas".

"Muy lejos del discurso de transparencia e institucionalidad que tenían en campaña”, concluyó el legislador.

Por otra parte, llovieron críticas en las redes sociales.

Enrique M Martinez ‏@em_martinez 1 hHace 1 hora

Vidal se retractara sobre un decreto que firmo hoy. El nivel de precariedad e improvisacion del gobierno es asombroso

Cristina PerezCuenta verificada ‏@Cris_telefe 1 hHace 1 hora

#Gravisimo Decreto d M Eugenia Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio d sus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Dante Augusto Palma ‏@palmadante 1 hHace 1 hora

Feliz día del periodista http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Mariana Moyano ‏@mmlamoyano 2 hHace 2 horas

La libertad al palo Un decreto d Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio dsus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912 

Nancy Pazos ‏@NANCYPAZOS 2 hHace 2 horas

En qué quedamos????Vidal y un polémico decreto: enviará a prisión a quienes revelen datos patrimoniales de sus func http://goo.gl/PaUNZq 

mariano obarrio ‏@marianoobarrio 3 hHace 3 horasCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Este decreto de MEV atenta contra la libertad d prensa, derecho a la información y normas d transparencia oficiales http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

La justicia en lo contencioso administrativa de La Plata intimó hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal a que en cinco días convoque a reanudar las negociaciones paritarias a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que designe en conjunto con los gremios la autoridad imparcial que debería intervenir ante conflictos entre las partes.

La medida la adoptó hoy el juez Luis Federico Arias, quien aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal que resolvió el pasado 29 de abril si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

En el fallo, el magistrado dispuso que para el caso de incumplimiento “los respectivos encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata”.

La decisión de Arias se basa en un planteo que habían presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y los médicos nucleados en la Cicop.

Si bien, los médicos acordaron la semana pasada un aumento del 25 por ciento hasta agosto y la reapertura de la paritaria ese mes y el gobierno también acordó con el resto de los gremios estatales un aumento salarial para el primer semestre y la reapertura paritaria el 1 de julio, ATE y Soeme rechazaron el acuerdo y recurrieron a la justicia que dio lugar al reclamo de los trabajadores.

Luego de promesas de transparencia, en un controversial decreto que coarta el derecho de la Libertad de prensa, María Eugenia Vidal decretó que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.

A principios de la gestión, la gobernadora a través del decreto 116 había obligado a sus funcionarios y a sí misma, a publicar declaraciones juradas de bienes.

El decreto 647 anunciado hoy por el Boletín oficial, anuló la propia iniciativa basada en el discurso de la "transparencia" de la gobernadora.

De esta manera, el gobierno bonaerense decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.

En el primer decreto de principios de la gestión se establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.

El texto agregado hoy por el nuevo decreto 647 detalla que "la Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente".

Entre los periodístas ya estalló la polémica.

En el marco del anuncio de la quita del 40% en las tarifas de servicios públicos a los clubes de barrio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, realizó un discurso que generó malestar en las redes sociales.

En un tramo de su discurso, la gobernadora bonaerense aseguro el valor de la verdad en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener luz, que podían tener electricidad que podían tener servicios, si no había tarifas reales", al justificar los aumentos indiscriminados aplicados por el nuevo cuadro tarifario del ministro Juan José Aranguren.

"Sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones pero tuvimos que sincerar para tener de verdad un camino mejor", resaltó la mandataria de la provincia.

Pero el "sinceramiento" no fue bien recibido por las redes sociales, miles de mensajes repudiaron la justificación de Vidal por falta de "sensibilidad".

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La situación en los distintos distritos del conurbano bonaerense es cada vez más apremiante. Al relato que realizara Verónica Magario sobre la realidad de La Matanza, se le sumó hoy Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda que pintó un panorama muy complejo para su municipio.

Según declaraciones el alcalde a Radio Belgrano, fruto de la merma de consumo, el aumento de la inflación y los tarifazos, “ha habido una baja del 25% en la producción” en Avellaneda.

Esa realidad provoca que “una cantidad de comercios empiezan a ver peligrar su continuidad y empezar a bajar sus persianas”, agregó Ferraresi.

Además, el intendente kirchnerismo remarcó que “empieza a haber una cantidad de vecinos que vienen a buscar alimentos y que los cupos en los comedores han aumentado en 4 mil”. Explicó que esta nueva situación la tuvo que afrontar la gestión municipio porque “no hemos recibido nada, he pedido una reunión en la provincia de Buenos Aires y ahí vamos a ver si pueden aportar”.

Para completar los casilleros, manifestó que “empieza a haber un aumento del delito con el tema del arrebato” que “había bajado en el segundo semestre del año anterior”.

Por último cerró con un pedido al Gobierno Nacional: “tenemos que cambiar el rumbo porque este rumbo perjudica a la sociedad”.

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, sostuvo hoy que el gobierno de Daniel Scioli dejó "una provincia absolutamente endeudada y paralizada en cuanto a obras públicas, a políticas sociales, de sanidad, educativas y a la producción".

En sintonía con esta problemática, el vicegobernador comentó en declaraciones a radio El Mundo que durante el fin de la gestión anterior "se pararon las obras públicas en las rutas" y "la inversión en hospitales públicos".

Por esta razón, Salvador considera que "tener un sinceramiento absoluto de la economía para empezar a construir sobre bases sólidas es lo más difícil que hay".

Salvador señaló que "preocupación es lo que tenemos que tener en todas las áreas" y que "se van a ver resultados en el tiempo y, en lo inmediato, hay que poner una atención especial para resolver cuestiones puntuales".

Para finalizar, Salvador se mostró molesto con el "pesimismo infundado" y en contraposición a esto aseguró que la nueva gestión de la provincia de Buenos Aires apunta a "tener un país y una provincia sobre una base sólida que nos permita estar cada vez mejor".

PRIMEREANDO, anticipó ayer el revuelo por el desmantelamiento de la Casa de la juventud, como frutilla del postre de una política de persecución ideológica iniciada en marzo por las nuevas autoridades municipales que derivaron en el desplazamiento de los coordinadores del sector de juventud.

La razón del apartamiento de los trabajadores de sus puesto laborales, se decidió luego de que el subdirector del área de juventud por orden del nuevo director, Juan Pablo Merea, realizara un fichaje ideológico de los trabajadores que coordinaban y desarrollaban las políticas públicas destinadas a la juventud en la localidad.

La investigación sobre los empleados municipales se realizó a través de las redes sociales, donde detallaron el perfil de los trabajadores a partir de las siguientes particularidades: posición a favor de la Ley de Medios, seguimiento de perfiles las redes sociales como por ejemplo Televisión Pública; programa 678; y afinidades específicas como ser, defensora de los derechos humanos,etc.

A la vez, los funcionarios de la nueva administración, rastrearon indicios de la participación de los trabajadores en organizaciones kirchneristas, y el fichaje detallaba si era “militante del proyecto Nacional y Popular”, si se “se lo relaciona con La Cámpora” y si eran opositores de Cambiemos.

Concejales opositores que se hicieron eco de la situación radicaron una denuncia penal en contra del intendente Oscar Luciani, a quién los trabajadores apuntan cómo el principal responsable del desmantelamiento del estado local, del parate en el desarrollo de las políticas sociales, y de los métodos de persecutorios que se tomaron hacia los trabajadores.

Los Concejales denuncian que “se investigue la posible comisión de delitos tipificados en los art. 153 y 157 del Código Penal sobre violación de secretos y de la privacidad y en el art. 248 del Código Penal sobre Abuso de Autoridad y violación de los deberes de funcionario público por parte del Intendente Municipal, Oscar Luciani, en la Casa de la Juventud, del barrio El Quinto de Luján”.

“En enero, uno de los trabajadores (en presencia de testigos) encontró, en una carpeta ubicada a la vista de todos en la Oficina de la Casa de la Juventud, fichas personales de varios trabajadores, que reflejaban consideraciones ideológicas y apreciaciones personales de los mismos. También se apuntaban características políticas e ideológicas con una clara referencia a sus expresiones en las redes sociales. Esto claramente viola las garantías constitucionales establecidas en el art. 14, 18, 19 y los Tratados Internacionales incorporados en el Art. 75 inc. 22”, sostuvieron los ediles Leonardo Boto, Vanina Pascualín y Nicolás Capelli

“Al reunirse los trabajadores con el subdirector del área, este no desmintió la existencia de las fichas en su poder, pero manifestó que el escrito ‘le fue entregado’, sin especificar por quien o desde que instancia municipal. Luego, entre el 20 y el 26 de Mayo de este año, tres empleados son desplazados de su lugar de trabajo en la Casa de la Juventud a otras dependencias municipales”, continuaron su explicación.

“El intendente Oscar Luciani y los funcionarios responsables de la Casa de la Juventud deberán aclarar esta situación tan grave”, exigieron los Concejales.

“Ante estos hechos de tamaña gravedad, desde el Honorable Concejo Deliberante vamos a elevar un pedido de interpelación al Intendente Municipal Oscar Luciani para que le brinde una explicación por esto a toda la Comunidad de Luján”, informaron desde el bloque opositor.

Por su parte los trabajadores en diálogo con PRIMEREANDO, afirmaron la presentación de la denuncia y agregaron que lo que buscan "no es un cambio de personas sino un cambio de políticas".

"El estado está desapareciendo en Luján, todo se está corriendo hacia el privado, los chicos que estaban en la Casa de la Juventud fueron corridos, ahora quieren quedarse con la radio comunitaria", destacaron en diálogo con este medio.

A la vez, aseguraron que "el pacto político entre el Pro, el radicalismo y el Partido Vecinalista, derivó en una transferencia de recursos hacia el sector privado que deja a los trabajadores en una situación de desamparo, nosotros queremos que todos pasen a planta permanente y que la situación de los chicos deje de ser precaria, buscamos el pase a planta definitivo", enfatizaron.

"Nosotros nos queremos la cabeza de nadie, nosotros exigimos un cambio de política, la crisis va en aumento y ya nos vamos a tener que preparar para el hambre que se viene", concluyeron.

En el marco de un Congreso Extraordinario, los docentes se mostraron "preocupados por la falta de trabajo de las diferentes Comisiones Paritarias, en especial la que aborda la cuestión salarial".

"Luego de la denuncia realizada por la FEB, se convocó a las Comisiones de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo y a la Cogestión, pero no hubo ningún tipo de avance", indicó la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini.

Advirtió que "se debe dar un trabajo permanente y sistemático de esas comisiones, incluida la Salarial, para acercar soluciones al sector".

El Congreso también analizó la situación de comedores escolares. Sobre este tema, los representantes de los docentes aseguraron que, si bien en algunos casos se ha aumentado la calidad de los alimentos, existe una mayor demanda del servicio de comedor y, por lo tanto, hacen falta más cupos.

"Se debe tener en cuenta que nunca se recuperaron aquellos cupos que se perdieron en 2014", consideró Petrocini y agregó que "la demanda hoy es muy grande y se le debe garantizar una alimentación de calidad a todos los chicos que concurren a los establecimientos educativos".

Los congresales alertaron acerca de la falta de artículos para limpieza y desinfección que se registran en cientos de escuelas de toda la Provincia.

Entre otros pedidos, el Congreso exigió también una pronta solución a problemas administrativos, que impiden el normal desarrollo de acciones gremiales y previsionales y perjudican de manera directa la carrera de los docentes.

La titular de la FEB confirmó que "la próxima semana, tendremos una reunión con el Frente Gremial, donde llevaremos las demandas de nuestro Congreso, para delinear una agenda de reclamos y acciones".

El Congreso Extraordinario de la FEB se declaró en Estado de Alerta y Sesión Permanente, a la espera de respuestas de las autoridades provinciales, y decidido a tomar medidas de acción directa si no se avanza con las demandas planteadas en la jornada.