(por Andrés Fidanza) El macrismo falló en su primer intento serio por modificar una parte del poder judicial. Pese a sus enormes esfuerzos, no logró correr a Eduardo Freiler de la Cámara Federal, fuero en el que se investigan las causas contra los funcionarios acusados de corrupción. Además de Freiler, en la lista negra del PRO figuran Daniel Rafecas, un par de jueces laborales y, dependiendo del clima político del momento, Sebastián Casanello. A ese pelotón se le suma sin falta la procuradora Alejandra Gils Carbó. Desde la mesa de Mirtha Legrand, María Eugenia Vidal a su vez propuso un escrache público al integrante del Consejo de la Magistratura, Jorge Candis, quien está lejísimos de encarnar el estereotipo del kirchnerista ultramontano.
Al contrario, en el día a día del Consejo, el representante por la rama de los académicos mantiene una relación casi fría con sus colegas del Frente para la Victoria. Si bien Candis tiene sus sospechas y cuestionamientos sobre el incremento patrimonial del camarista Eduardo Freiler, basó su decisión de rechazar el juicio político en un criterio institucional. Según la versión de Candis, avalar el jury en tiempo récord contra Freiler, ignorando los numerosos casos de jueces incapaces de explicar su contabilidad, podía encerrar un mensaje hacia todo el sistema.
Ante el voto de Candis, la gobernadora Vidal solicitó que “sus amigos y sus familiares le pregunten por qué votó de esa manera, por qué no acompañó". En el programa de Legrand, planteó que la gente que camina por la calle "tiene que saber que este señor no avaló el juicio a un juez".
Desde una mirada más corporativa que la de Candis, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y el juez Ariel Lijo, una especie de primus inter pares en Comodoro Py, también se opusieron al avance sobre Freiler. Pese a que desde la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo (presidida por el diputado Pablo Tonelli) le habían pedido a la Corte una tasación oficial sobre la casa de Freiler en Olivos, los peritos de la Corte nunca la realizaron. En ese punto existió un choque de velocidades: apuro por parte del consejero macrista Tonelli; y parsimonia calculada por parte de la Corte.
Dentro del mundo PRO, también abundan las desconfianzas cruzadas. Si Tonelli representa al macrismo más intransigente, Juan Bautista Mahiques, alias Juani, funcionario del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano, y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, encarna el ala más dialoguista. Si bien acompañó la cruzada macrista contra Freiler -porque "corrupto y venal", según Tonelli-, Mahiques lo hizo con un perfil muchísimo más bajo.
Mauricio Macri, por su parte, retomó en los últimos días uno de sus enojos fetiche, y a su vez más ideológico. En la Bolsa de Comercio, antes cientos de abogados del ultraconservador Colegio de Montevideo, protestó contra la "mafia de los juicios laborales". Y esta vez, al igual que Vidal, escrachó con nombres propios: el presidente mencionó a Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo.
Arias Gibert y Marino habían avalado un aumento del 24,12 por ciento acordado en la paritaria bancaria. Y en su fallo advertían que el Ejecutivo no debía interponerse en ese convenio. Esa decisión les costó un pedido de juicio político por parte del ministro de Trabajo Jorge Triaca.
