Guillermo Marijuan atraviesa semanas atareadas. El fiscal federal, que difundió la existencia de numerosas cuentas en el exterior a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez, cree que el caso del empresario ligado al kirchnerismo está "bastante esclarecido".

Para llegar a esa conclusión, el funcionario judicial viajó a Suiza, en donde recabó la información correspondiente. Pero no fue su única visita al exterior, publicó el sitio Big Bang

En las últimas horas trascendieron imágenes que lo muestran, feliz, en la previa del partido que la Selección Argentina perdió ante su par de Chile por la final de la Copa América Centenario.

Marijuan está en un vagón junto a varios hinchas de la Selección, entre ellos el abogado Mauricio D'Alessandro, diputado provincial por el Frente Renovador.

Uno de los compañeros de viaje del fical confirmó que se aloja en una habitación del lujosísimo hotel Waldorf Astoria, uno de los más selectos y costosos de Manhattan.

Después de un nuevo encuentro decisivo que termina con una decepción, es probable que el fiscal prefiera volver a centrarse en el caso que mantiene en vilo a buena parte de la política y la sociedad argentinas.

La miembro de la Cámara baja por el Frente Para la Victoria (FPV) Teresa García, presentó un proyecto de resolución destinado a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informe si en su cartera fue contratada la hija del fiscal federal Guillermo Marijuán, Florencia Marijuán.

García solicitó que la encargada de la cartera de Seguridad explique cuáles son los antecedentes y el cargo de la funcionaria, si es que trabaja en esa cartera y si fue empleada “antes o posteriormente a la imputación realizada por el fiscal, padre de la nombrada, contra la ex presidenta de la Nación” Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero.

La diputada señaló que quiere saber si “la ministra puede demostrar que dicha contratación no reviste una influencia indebida en una investigación judicial en curso desde 2013” y afirmó que no era su intención cuestionar una contratación laboral, sino establecer si la contratación afecta la objetividad del fiscal o compromete la independencia de poderes.

A través de un comunicado firmado por el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA), diferentes personalidades de las ciencias económicas y sociales manifestaron su rechazo a la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el miércoles por parte del juez federal Claudio Bonadío.

En el texto divulgado por los académicos se indica en forma de introducción: “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la patria”.

Además manifiestan: “Repudiar enérgicamente la acusación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la investigación amañada por Guillermo Marijuan, un fiscal faccioso que responde a las corporaciones económicas que quieren instalar la violencia política en la Argentina”.

Siguiendo esa línea, los firmantes del comunicado firmado por EPPA también repudian “el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina”.

En el texto además se denuncia el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión de gobierno y critican el nombramiento de una funcionaria del Banco HSBC, “de connotados antecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo”, como el comportamiento del juez Claudio Bonadío, “que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación”.

Para finalizar, el comunicado exige “la presencia de Macri ante el Congreso para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes” y rechazan el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país”.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se investigue a la ex presidenta y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otras trece personas, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó ayer Fariña, quien volvió a los términos de su primera declaración televisiva de la cual se había desdicho también por televisión.

Tras la extensa declaración de ayer de Leonardo Fariña, "valijero" de Lázaro Báez, en la que el hombre mencionó a la ex presidenta y a su esposo Néstor Kirchner en supuestas maniobras de lavado de dinero y fuga de divisas que se organizaron alrededor de la financiera SGI.

Marijuán sucede en medio de las revelaciones conocidas como Panamá Paper, en las que se vincula a cuentas offshore del presidente Mauricio Macri, quien fue imputado esta semana.

El juez Sebastián Casanello no había encontrado vinculaciones del caso con la política y acusó a Báez de lavar dinero proveniente de un ocultamiento de gastos de Austral Construcciones realizado mediante facturas falsas. Es decir, lavado originado en evasión impositiva.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en Diputados, Héctor Recalde aseguró que la imputación "no tiene sustento jurídico" y detalló que "escuchar a un hombre que dice que está arrepentido y hace dos años que está preso, da lugar a sospechas", en referencia a la declaración de Fariña.