El mandatario nacional oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.

De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.

Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.

Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.

“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.

“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.

“El Gobierno perfectamente pueda avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.

Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.

“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.

En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.

El partido de Escobar fue el escenario escogido para que diferentes figuras centrales de la vida política de la provincia de Buenos Aires y organismos de Derechos Humanos ratificaran su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Mirá el video.

Diferentes intendentes del Conurbano bonaerense junto con diputados nacionales y provinciales del Frente Para la Victoria (FPV) manifestaron hoy su repudió del manejo de la movilidad de los feriados del aniversario del golpe de Estado cívico-militar y de la Guerra de Malvinas.

El gobierno nacional  anunciaba en la noche del sábado que “para evitar división” y “en pos de la unidad de los argentinos” dictará un nuevo decreto de necesidad y urgencia que restablecerá como inamovibles el Día de la Memoria, por la Verdad y a Justicia; el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y también el 20 de junio, Día de la Bandera. Sólo el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, quedó afuera de la modificación que intentó Cambiemos.

En el acto participaron el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el de Merlo, Gustavo Menéndez; Juan Patricio Mussi de Berazategui; Leonardo Nardini por Malvinas Argentinas; Juan Ignacio Ustarroz  de Mercedes y el intendente Walter Festa de Moreno.

Además, estuvieron presentes la diputada nacional Mayra Mendoza, su par Juan Cabandié, Wado De Pedro, Carlos Castagneto, Rodolfo Tahilade y Luana Volnovich; los legisladores provinciales Lauro Grande, Miguel Funes y Patricia Cubría, además de representantes de organismos de derechos humanos e integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Escobar.

En declaraciones ofrecidas a PRIMEREANDO, el Intendente de Moreno, Walter Festa aseguró: “Es importante remarcar la fecha, darle un párate a la iniciativa que ha tenido el presidente Macri de olvidar una fecha tan importante como el 24 de marzo y el 2 de abril, que hoy tiene mucho que ver con lo que será este año, en el cual se profundizarán las medidas de ajuste”.

Por su parte el jefe comunal de de Escobar, Ariel Sujarchuk en declaraciones a este sitio, sentenció: “No te podés meter con 30.000 desaparecidos, pero principalmente con 40 millones de argentinos que no queremos más que genocidas caminen por las calles”.

Además Sujarchuk criticó: “Se preocupan mucho que van a combatir la delincuencia, cuando en realidad están favoreciendo a terribles delincuentes. Me parece que esta fecha es tan sagrada, como es por ejemplo el día del Holocausto. La conmemoración de memoria, verdad y justicia se decretan feriado para que todos, desde los chiquitos que van al jardín hasta los más grandes, sepan que ese día no es un día más. Es un día especial, que tiene que ver con nuestra historia, que es la manera con la que forjamos el presente, y que nosotros estamos muy preocupados por el futuro de todos los argentinos.

Otro de los intendentes que brindaron declaraciones a PRIMEREANDO fue Patricio Mussi, quien comparó: “En estos momento se están viviendo otro tipo de genocidios, mucho más silencioso, pero cuando aumentas las tarifas, los peajes, el gas, es otra especie de hacer un genocidio que paulatinamente va dejando a mucha gente invisible, con hambre, sin acceso y lo van matando de a poquito”.

Por su parte la diputada nacional del FPV, Mayra Mendoza declaró: “Es repudiable la decisión del Gobierno nacional de Mauricio macri de querer borrar por decreto lo que significa un hecho simbólico pero fundamentalmente para la construcción de nuestra democracia”.

Por último, el legislador provincial Carlos Castagneto, manifestó: “El Gobierno Nacional sigue tomando medidas incorrectas, más allá que después se quiera corregir. Es una metodología que ellos sienten así; el 24 de marzo y el 2 de abril no tendrían que ser feriados, no reconocen que sus funcionarios, como lo hizo José Gómez Centurión ayer, es una falta de respeto a la historia de Argentina, a la memoria, la verdad y la justicia”.

La ex Presidenta de la Nación se refirió a las polémicas declaraciones del titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien cuestionó el número de desaparecidos, entre otras cuestiones; y responsabilizó al jefe de Estado por las declaraciones del titular de la Aduana.

A través de sus diferentes redes sociales, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “Gómez Centurión cometió apología del delito” y enfatizó que “las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición” de personas durante el último golpe de Estado.

“Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?”, escribió, y continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario que anoche negó que la desaparición de personas del “gobierno de facto haya sido un plan sistemático” y que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que “mandaría a la escuela” a Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, “para que aprenda lo que está probado” en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura. La Rosada salió con un comunicado a descalificar a su funcionario y señaló que sus afirmaciones son "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

“Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente," afirmó hoy en declaraciones a Radio del Plata la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto..

No obstante, manifestó su sorpresa por los dichos del funcionario -veterano de la guerra de Malvinas y ex carapintada- al considerar que “es parte de la gestión del gobierno, tuvo espacio para decirlo, y por las barbaridades que dijo lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente".

“Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios”, sostuvo Carlotto esta mañana.

Gómez Centurión realizó sus polémicas declaraciones anoche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este contexto, Carlotto calificó hoy como “un triunfo" que el Gobierno nacional haya decidido mantener como "inamovibles" los días feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.

"Lamentablemente, lo hace a destiempo, no tendría que haberlo hecho antes, son fechas intocables", consideró Estela de Carlotto, a la vez que anunció que “nuestra marcha (el 24 de marzo) va a ser igual a la que pensábamos hacer”.

Al finalizar, insistió en que "cada año la marcha será mayor en razón de que hay una toma de conciencia sobre la necesidad de no olvidar lo que pasó, dadas las contradicciones de algunos funcionarios que se han atrevido a ofendernos con el número de desaparecidos”.

Por su parte y conscientes del repudio generalizado por la gravedad de las palabras de su funcionario, la Casa Rosada tomó distancia hoy de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que se trata de opiniones vertidas por el funcionario "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que remarcó que el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha "un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", indicó la dependencia encabezada por Claudio Avruj.

De esta forma, buscó dejar en claro la posición del Gobierno en relación a la última dictadura y a despegarlo así de las afirmaciones realizadas anoche en un programa televisivo por el titular de la Aduana.

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que el 2016 fue "uno de los años más intensos" en su vida y aseguró que se propuso "no trabajar para ser presidenta".

María Eugenia Vidal se subió al relato M y explicó que el año pasado "fue difícil" para ella "como lo fue para todos los argentinos y también para los que viven en la provincia". Y como todo el arco dirigencial de Cambiemos, aclaró que siente que "empezamos un camino, en mi vida personal y profesional, una nueva etapa".

Consultada sobre su primera experiencia como mandataria, la gobernadora explicó que "todos los inicios tienen dificultades, pero son desafiantes, te enseñan mucho" y agregó que "el poder es un lugar al que hay que aprender a respetar y en el que hay que tener cuidado".

"Estos son lugares donde es muy fácil que te alejes de la gente, todo está armado para eso. Desde una residencia para el gobernador, los traslados, la custodia. Hay que hacer un ejercicio permanente para no olvidarte de que estás acá para trabajar para la gente. Sos su empleado en un lugar que ocupás cuatro años", detalló en una entrevista a un matutino porteño.

Al respecto, Vidal precisó que para hacerle frente a este trabajo tiene la ayuda de un terapeuta a la que va "una vez por semana, desde hace tres años" y el apoyo principalmente del presidente Mauricio Macri: "Cada quince días lo iba a ver, a la quinta Los Abrojos, o hablábamos por teléfono o por mensajitos. Ha sido un sostén muy fuerte para mi, desde lo personal, no solo desde lo político y la gestión", contó.

Además, Vidal aseguró que "la principal cualidad que ha tenido Mauricio siempre es no dejar de ser quién es.

Vas a su casa en Olivos y te abre él la puerta. Y te atiende un domingo a la mañana en bermudas y con ojotas".

El director de la Aduana, Gómez Centurión, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes". Para el macrismo "no fue un plan sistemático" y "no fueron 30 mil". Grave.

El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión afirmó que la última Dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", al tiempo que graficó que "no fueron 30 mil", sino 8.000 los desaparecidos durante ese período.

"En términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", precisó Gómez Centurión en declaraciones al canal América, el domingo a última hora.

El funcionario nacional indicó que "fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente".

Además, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes".

"Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no comparto esa visión de la historia Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente", precisó el director de la Aduana en respuesta a un diálogo con la periodista Romina Manguel, a quien tildó de "militante".

La oposición vino desde el vidalismo, cuando el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de establecer la movilidad del feriado  que conmemora el último Golpe de Estado. Reclamó "mayor diálogo" con los organismos.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, se manifestó en contra del Decreto por el cual deja de ser inamovible el feriado del 24 de marzo correspondiente al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Todo lo que se refiera a cuestiones que son esenciales para los organismos, deben ser trabajadas y consensuadas con ellos previamente”, opinó el funcionario bonaerense, para referirse al aluvión de críticas que recibió la medida, por no haber sido al menos consultada a los organismos de DDHH.

Según consignó DIB, Cantón remarcó que “si ellos consideran que el feriado es inamovible, creo que se debería haber tenido en cuenta esa posición”.

“No estamos hablando de un hecho de hace cien años y que el feriado es por eso. Ocurrió hace poco y hay gente que fue víctima directamente de eso. La gente está muy activa”, fundamentó.

Para terminar, indicó que la decisión se encuentra lejos de ser “la manera más correcta de avanzar en un diálogo positivo”.

Tras el hackeo realizado ayer a la cuenta de twitter oficial de la Ministra de Seguridad de la Nación, ahora se venden remeras con uno de los tantos mensajes publicados en la red social del pajarito de la alta funcionaria

Con el lema “Macri Gato”, ya se encuentran a la venta al público remeras que contienen esa inscripción. La responsable de la seguridad de todos los argentinos y miembro del mejor equipo de los últimos 50 años, Patricia Bullrich, es novedad nuevamente por este tipo de distracciones y falta de profesionalidad.

Ayer, fue hackeado el twitter de la Minsitra de Seguridad. En los mensajes publicados  informaron su número de teléfono y criticaron la labor de la funcionaria en esa cartera y del presidente Mauricio Macri. A la vez fingieron que la funcionaria había renunciado.

En los tuits se puedía leer mensajes como: “Macri Gato”, “Esta Ginebra Me pegó fuerte”. Además publicaron el teléfono personal de la funcionaria y escribieron que la misma renunciaba, entre otros.