El Municipio de Tigre aplicó una multa de más de 15 millones de pesos al complejo Nordelta por más de 300 construcciones clandestinas de viviendas y piscinas que figuraban como baldíos, informó la municipalidad.

Según se desprende de la investigación de la Secretaría de Ingresos Públicos, Nordelta permitió la realización de las obras sin la autorización del Municipio, por lo que deberán pagar una sanción de 15.693.750 pesos por "defraudación fiscal".

Se trata de 311 construcciones no registradas en los barrios cerrados Los Lagos, Yacht Club Nordelta y Lagos de Golf, donde Nordelta funciona como organismo regulador de las construcciones.

"Ninguna de las 311 relevadas tiene incorporados planos municipales y tampoco se ha detectado ningún tipo de presentación y/o pagos de derechos de construcción", explicó el comunicado emitido por el municipio.

La comuna detectó la existencia de viviendas y piscinas en inmuebles que figuraban como baldíos a partir de una serie de operativos realizados en diciembre en los que relevaron todas aquellas propiedades construidas o en construcción, sin permiso previo del Municipio.

La pesquisa fue registrada con fotografías y actas pertinentes a fin de iniciar el proceso legal. "A fines de diciembre, el Municipio de Tigre intimó a Nordelta a regularizar la situación de los inmuebles, pero como no hubo respuesta de la entidad la comuna decidió aplicarle una multa de 15.693.750 pesos, sanción prevista en el artículo 83 de la Ordenanza Fiscal 3494/15", detalló el texto.

Para la comuna, esta actitud "configura una conducta evasiva y ocultativa del pago de los derechos de construcción y de la correcta valuación de la propiedad involucrada".

"Toda construcción que se realice en el Municipio de Tigre debe tener previa presentación de planos, tal como lo contempla la Ordenanza de fecha 3 de septiembre de 1918, con el respectivo pago de los derechos de construcción", recordaron.

El intendente de La Plata, Julio Garro sostuvo, tras la protesta de trabajadores municipales cesanteados que fueron reprimidos por la policía el viernes, que seguirán "analizando los casos puntuales de los trabajadores reales para no cometer injusticias”.

En un nuevo comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el intendente se distanció del operativo policial que atacó la protesta con balas de goma y gases lacrimógenos, a pesar de que la oposición lo responsabiliza de haber dado la orden de reprimir.

"No queremos ni justificamos la violencia", sostuvo el jefe comunal, por lo que celebró "la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo de investigar el procedimiento del cuerpo de infantería".

Además, volvió a responsabilizar a los manifestantes tras agregar que “hay que llamar a reflexionar a quienes fueron en búsqueda de los incidentes, porque la agresión nunca es una camino hacia el diálogo”.

“Hacer política es otra cosa, es buscar consensos a través de instituciones como el Concejo Deliberante, porque es allí donde queremos discutir ideas y no en la calle arrojando piedras”, lanzó.

Más adelante enfatizó que “con diálogo y consensos vamos a recuperar la ciudad que soñamos, y que fue orgullo del país entero"; al tiempo que se dirigió a “los trabajadores reales”, y les reiteró que “la oficina de personal seguirá trabajando sus casos puntuales para no cometer injusticias".

Intervención del Ministerio de Seguridad

En este marco, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos para determinar los grados de responsabilidad y sancionar al Subcomisario a cargo y aquellos efectivos que se desempeñaron en el operativo frente del Palacio Municipal de la ciudad de La Plata.

Además, desde el ministerio que conduce Ritondo se aseguró que “no existió instrucción alguna desde la esfera política ni policial, que ordenara la actuación de la Infantería en el lugar”.

Por último, se subrayó que “la presencia del cuerpo de Infantería frente a la municipalidad tenía como único objetivo impedir el ingreso violento de activistas políticos que se aprovechan de un contexto de protesta por medidas administrativas municipales”.

El viernes pasado, desde diversos sectores políticos a periodistas y organismos de DD.HH.,  salieron a repudiar la fuerte represión que la Policía Bonaerense llevó adelante en La Plata contra los más de 300 manifestantes que reclamaban por la continuidad de sus contratos.

Se trata de una ordenanza aprobada, recientemente, por el Concejo Deliberante de La Plata, que estipula como requisito que los interesados tengan su cuenta sueldo en el ex Banco Municipal.

La medida rememora la propuesta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicitó este último mes, pero, la diferencia radica en que no se trata de un crédito sino de un seguro de caución.

Así, la Municipalidad platense servirá de respaldo ante las inmobiliarias en los casos de aquellas personas que no cuenten con garantías propietarias, quienes pondrán como aval sus haberes.

Se estima que en 20 días el ente ya estará en condiciones de asesorar a los primeros interesados. La ordenanza establece que podrán acceder a esta garantía los empleados que quieran alquilar una vivienda única de hasta un valor mensual de 5 mil pesos, con expensas incluidas.

Ante eventuales incumplimientos por parte del inquilino, el Municipio podrá ejecutar sin necesidad de juicio previo el 20% del salario garante, en las cuotas necesarias hasta completar la deuda.