Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste sobre jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, el Senado aprobó el acuerdo para cancelar una deuda con fondos buitre por 171 millones de dólares.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un nuevo avance parlamentario para concretar el pago de U$S171 millones a fondos buitre que mantienen litigios con la Argentina desde hace más de dos décadas. El Senado aprobó el proyecto de ley que autoriza la cancelación de bonos soberanos en default adquiridos por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, en una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio para evitar que pierda vigencia el acuerdo homologado por la jueza estadounidense Loretta Preska en marzo pasado.

La aprobación se produce en medio de un escenario marcado por los recortes impulsados por la administración libertaria sobre áreas sensibles del Estado. Mientras el Gobierno argumenta que no hay recursos para recomponer jubilaciones, financiar universidades, garantizar medicamentos o sostener programas sanitarios, sí avanza con un desembolso millonario destinado a cancelar compromisos con acreedores financieros internacionales.

Los fondos beneficiados forman parte del grupo de acreedores que rechazaron los canjes de deuda impulsados por Argentina tras la crisis de 2001 y continuaron litigando en tribunales extranjeros. Bainbridge Fund mantiene reclamos contra el país desde 2016, mientras que Attestor Master Value inició sus demandas en 2014.

La noticia reavivó las críticas de sectores opositores que consideran contradictorio que el Ejecutivo aplique una política de fuerte ajuste sobre trabajadores, jubilados y estudiantes mientras destina cientos de millones de dólares al pago de acreedores especulativos.

La decisión también vuelve a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el discurso oficial se apoyó en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto público. Sin embargo, la autorización de este pago multimillonario alimenta las críticas de quienes sostienen que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables mientras se priorizan los compromisos con el sistema financiero internacional.

El acuerdo aprobado por el Senado contempla el pago de U$S171 millones y lleva las firmas de funcionarios de la Secretaría de Finanzas junto a representantes de los fondos involucrados. Si Diputados lo convierte en ley antes de fin de mes, el Estado argentino quedará habilitado para concretar la transferencia de los fondos.

La discusión promete instalar nuevamente una pregunta que atraviesa gran parte del debate político actual: si hay recursos para pagarles a los fondos buitre, ¿por qué no aparecen cuando se trata de jubilaciones, educación pública, salud o asistencia social?

La senadora se presentó en una conferencia sobre ciberseguridad en medio de la tensión que se disparó en el oficialismo por el retiro del pliego de Michelli; sin embargo, dijo que trabajará “por la reelección” del Presidente

Patricia Bullrich siempre encuentra el modo de hacerse notar, si no es con operaciones mediáticas entonces con manejos políticos como el más reciente, en el que se le plantó al Gobierno diciendo que no quería aprobar en el Senado los pliegos de jueces federales porque Javier Milei decidió retirar una de las listas.

De esta manera, la interna dentro de La Libertad Avanza sumó un capítulo de máxima tensión. Este martes se conoció que la senadora puso su renuncia a disposición como líder de la bancada oficialista en el Senado —la cual no fue aceptada por el Presidente—, dejando en evidencia el profundo desgaste político y las diferencias de criterio que mantiene con los hermanos Milei respecto al armado del poder.

El quiebre de la relación se profundizó luego de que la legisladora se plantara ante la Casa Rosada por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a una postulante de la lista de pliegos para los juzgados federales que debía tratarse en la Cámara Alta.

A través de un comunicado emitido a principios de esta semana, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto oficialista, pero marcó una distancia insalvable con la conducción de los hermanos Milei.

Según trascendió, la líder del bloque oficialista interpretó que la exclusión de una de las listas respondió estrictamente a una decisión personal y no técnica por parte del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, lo que terminó por detonar el conflicto y motivó el ofrecimiento de su dimisión al cargo en el Congreso, informó el canal C5N.

Exclusión de Patricia Bullrich de las decisiones clave

Esa decisión impulsó a Bullrich a presentar su renuncia como líder de la bancada oficialista en el Senado -cosa que el mandatario no aceptó- y puso un nuevo punto de tensión en la relación entre ella y la Casa Rosada.

Lo que es más, la senadora ya no formaría parte de las renuniones de la mesa chica en Casa Rosada, a la que sí seguirá asistiendo Martín Menem, por citar un caso de un miembro del Congreso que tiene un rol político más allá de lo institucional.

Este desplazamiento del núcleo de decisiones marca un fuerte contraste con la situación de otros referentes legislativos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene intacto su rol de consulta y su presencia en el círculo de confianza del esquema presidencial.

Un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó al país en la categoría más crítica de su ranking global tras registrar un fuerte deterioro de las garantías sindicales.

Durante el gobierno de Javier Milei, la Argentina cayó a la categoría más crítica en materia de derechos laborales y quedó entre los diez peores países del mundo en el ranking elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El dato surge del Índice Global de Derechos que elabora anualmente la organización sindical internacional, cuya última edición registró un retroceso sostenido del país durante los últimos dos años. Como resultado, la Argentina descendió a la categoría 5, la más baja de la clasificación, luego de haber permanecido previamente en la categoría 3.

Según el informe, se trata de uno de los deterioros más pronunciados detectados por el organismo a nivel mundial. Entre los principales aspectos observados figuran las restricciones al derecho a la protesta, las interferencias en la vida interna de las organizaciones sindicales y la existencia de despidos antisindicales.

El documento también advierte sobre un retroceso general de las garantías laborales, especialmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva, dos pilares fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores.

A nivel global, la CSI encuadra estos resultados en una tendencia más amplia de debilitamiento de los derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos con prácticas autoritarias y por sectores con una elevada concentración de poder económico.

La ofensiva sindical ante la OIT

Frente a este panorama, la CGT y las dos CTA resolvieron llevar el reclamo al plano internacional y presentarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan tanto los derechos de los trabajadores como la calidad institucional.

La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, con el objetivo de visibilizar la situación argentina en el principal ámbito internacional dedicado a la protección y promoción de los derechos laborales.

El exfuncionario Facundo Leal fue detenido en una causa por presunta corrupción vinculada a contratos de ARSAT. Durante los allanamientos encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y documentación de interés para la investigación. Además, su patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve en apenas cuatro años.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica terminó destapando una trama mucho más compleja. En un departamento del barrio porteño de Palermo, agentes federales encontraron más de 800 mil dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína, un vapeador con cannabis y elementos vinculados al consumo de estupefacientes.

Horas más tarde, un segundo allanamiento en Mendoza reveló otros 1,7 millones de dólares guardados en efectivo. Entre ambos procedimientos, la Justicia secuestró 2.591.354 dólares cuya procedencia permanece bajo investigación.

Leal, de 51 años, intentó presentarse ante los investigadores como empresario agropecuario. Sin embargo, la causa judicial lo ubica en el centro de una investigación por presuntas maniobras de corrupción relacionadas con contrataciones realizadas en ARSAT, la empresa estatal que administra una parte estratégica de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Según la pesquisa, el expediente se originó tras detectarse irregularidades en un depósito de San Fernando donde se almacenaban insumos para la Red Federal de Fibra Óptica. A medida que avanzó la investigación, el foco dejó de estar puesto únicamente en el robo y pasó a concentrarse en los contratos adjudicados para operar ese predio y en los vínculos entre empresarios y funcionarios.

La Justicia investiga si existió un esquema de contrataciones direccionadas, prórrogas irregulares y posibles pagos indebidos. Los contratos bajo análisis acumularon montos superiores al millón novecientos mil dólares y, según la causa, varias extensiones fueron autorizadas sin la intervención del directorio exigida por los reglamentos internos.

El caso también abrió interrogantes sobre el crecimiento patrimonial del exfuncionario. De acuerdo con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Leal pasó de declarar un patrimonio de 58 millones de pesos a comienzos de 2021 a más de 528 millones en 2025. El incremento quedó registrado durante su paso por distintos cargos estatales y deberá ser explicado ante la Justicia.

La situación genera además incomodidad política porque Leal logró mantenerse en funciones durante distintas administraciones nacionales y continuó ocupando posiciones relevantes incluso tras el cambio de gobierno. Mientras la investigación avanza, la causa promete convertirse en uno de los expedientes por corrupción más resonantes de los últimos tiempos por la magnitud del dinero secuestrado, los delitos investigados y las conexiones entre funcionarios y contratistas del Estado.

Alertan por el despido de más de 700 personas. “Estamos viviendo momentos de zozobra”, apuntaron.

Yamila Mathon es docente de la UBA y desde hace 21 años trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En diálogo con Radio 750, se refirió a la Marcha de Antorchas prevista para este viernes por la tarde, en contra de los recortes presupuestarios y los más de 700 despidos en el organismo.

“Esta semana fue realmente muy convulsionada”, explicó Mathon en La Mañana de Víctor Hugo Morales. El martes, los trabajadores tomaron conocimiento de un expediente en el que en la nueva estructura del INTI ya no figuran 106 departamentos, lo que resulta en “781 compañeras y compañeros menos”. “Por supuesto, la alerta fue enorme”, señaló.

No obstante, el miércoles la cautelar presentada a la Justicia por ATE Nacional dio sus frutos: a través de un fallo judicial se suspendió la Resolución 42/26 del Ejecutivo, que disponía el despido de los más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios, lo que significaba el virtual desmantelamiento del organismo. La medida fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. Esto tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación.

“Este Gobierno no se caracteriza por cumplir la ley. El Presupuesto Universitario es un claro ejemplo de una cautelar que lo obliga a cumplir con la parte más importante de la ley, que ya fue votada más de cuatro veces en las cámaras, pero no la cumple. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a confiar en que van a cumplir con esta cautelar? Una cautelar, por supuesto, que vamos a defender con uñas y dientes”, aseguró.

Por esta razón, Mathon y otros compañeros se reunirán este viernes con el titular del INTI, Miguel Ángel Romero, y otras autoridades “para saber qué van a hacer con esta cautelar”. “Nosotros nos vamos a asegurar de que efectivamente sea así, porque no podemos confiar en cuestiones de palabra”, enfatizó.

Pero, más allá de estas acciones concretas, este viernes los trabajadores convocaron a una marcha y una vigilia de antorchas en la sede central del INTI, ubicada sobre avenida General Paz, en Buenos Aires. La concentración comenzará a las 16 horas y la marcha está prevista para las 18:30.

“Vamos a cerrar esta semana con una vigilia y una marcha de antorchas, justamente para mostrarle a la sociedad nuestra defensa irrestricta de esta medida del instituto. Necesitamos una respuesta contundente”, sostuvo.

“El expediente sigue avanzando a pesar de la cautelar. Hay compañeros que saben y pueden ver con sus propios ojos que sus sectores no están más vigentes, que las líneas de trabajo no van a seguir y que sus nombres penden de un hilo de que hoy digan que sí, mañana digan que no. Estamos viviendo momentos de zozobra”, agregó.

“Convocamos a la marcha a los vecinos, por supuesto a la comunidad educativa, los organismos de ciencia y técnica, los sindicatos, representantes políticos y los medios de comunicación. Porque si algo tenemos muy en claro los organismos de ciencia y técnica es que este gobierno es el oscurantismo, y nosotros justamente lo que queremos hacer es echar luz. Lo vamos a hacer de manera simbólica, visible hoy con nuestras velas y nuestras antorchas, dándole un mensaje contundente al gobierno. Creemos que el INTI es un lugar donde se pueden sumar todas las luchas, todo el malestar que está teniendo la sociedad, en un lugar y en un punto contundente como elINTI”, concluyó.

Una nueva encuesta nacional reveló un fuerte deterioro de la imagen del presidente Javier Milei, en medio de la crisis económica, el ajuste y la creciente preocupación social por el empleo, la corrupción y el futuro del país.

El desgaste del gobierno de Javier Milei sigue profundizándose y ya impacta de lleno en el humor social. Así lo reveló el último informe de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, que mostró que la desaprobación presidencial alcanzó el 58,3% en mayo de 2026, mientras comienzan a consolidarse figuras opositoras como Axel Kicillof y Myriam Bregman.

El estudio reflejó un marcado deterioro en la percepción sobre la gestión libertaria en un contexto atravesado por el ajuste económico, la caída del consumo, el desempleo y la incertidumbre social.

Ante la consulta sobre el desempeño del Gobierno nacional, el 58,3% de los encuestados respondió que desaprueba la gestión de Milei, mientras que apenas el 39,9% manifestó su apoyo. El 1,8% restante dijo no tener una posición definida.

La encuesta también mostró que el rechazo a la administración de La Libertad Avanza ya supera ampliamente a la aprobación cuando se analiza el funcionamiento general del Gobierno: el 55,4% calificó la gestión como “mala o muy mala”, frente a un 34,6% que la consideró “buena o excelente”.

Uno de los datos más preocupantes para el oficialismo aparece en la evaluación económica. El 62% de los consultados consideró que la situación económica actual del país es “mala”, mientras que apenas un 12% opinó que es “buena”.

La percepción sobre el empleo es todavía más negativa: el 69% definió como malo el panorama laboral en Argentina y más de la mitad cree que tanto la economía como el trabajo empeorarán en los próximos seis meses.

El estudio también expuso fuertes diferencias sociales y territoriales. Entre las personas con ingresos menores a $630.000 mensuales, el rechazo a Milei trepa al 71,7%, mientras que en los sectores de mayores ingresos el apoyo sigue siendo predominante.

En cuanto al perfil educativo, la desaprobación alcanza el 64,5% entre quienes tienen estudios superiores, mientras que las mujeres aparecen como el segmento más crítico hacia el Presidente, con casi un 66% de rechazo.

La investigación además mostró que el respaldo al oficialismo comienza a erosionarse en regiones donde anteriormente mantenía niveles más altos de adhesión, especialmente en el interior bonaerense y la región de Cuyo.

En paralelo, la encuesta reflejó el crecimiento de dirigentes opositores que empiezan a capitalizar el malestar social frente al ajuste. Tanto Kicillof como Bregman aparecen entre las figuras con mejor proyección dentro del escenario político nacional, en un contexto donde amplios sectores cuestionan el rumbo económico y social del Gobierno.

Mientras el oficialismo insiste con el ajuste y la defensa del “déficit cero”, los datos muestran una creciente preocupación social por la pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de empleo, el deterioro de la salud pública y el impacto de las políticas económicas sobre la vida cotidiana.

Mientras tanto, Karina y Javier Milei intentan blindarlo.

El gobierno de Javier Milei enfrenta sus peores momentos en cuanto a la pérdida de confianza mientras intenta proteger a uno de sus funcionarios más cercanos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Acusado de presunto enriquecimiento ilícito, Adorni también atraviesa sus peores horas, con una investigación judicial que amenaza con escalar a una indagatoria formal. En medio de este escenario hostil, el oficialismo busca blindarlo a toda costa, aunque las grietas internas y la presión social complican el panorama.

Desde Casa Rosada, la postura oficial es una mezcla de tranquilidad y desafío: “Estamos tranquilos, no creemos que pase. No hay elementos para que ocurra”, afirmaron desde el círculo cercano de Karina Milei, quien lidera la defensa del funcionario. 

La estrategia del gobierno se centra en desestimar las acusaciones argumentando la falta de pruebas en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita: “No hay pruebas”, insisten, mientras Adorni sigue sin presentar su declaración jurada, un requisito clave para esclarecer el origen de su patrimonio.

Sin embargo, incluso dentro del oficialismo comienzan a surgir voces críticas que cuestionan la postura oficial: “No va a pasar ahora. La justicia es tiempista. Deben estar esperando, y como Adorni dice que la está por presentar, tienen que esperar”, comentó un funcionario libertario a Infobae. Otros, más cercanos al núcleo duro del gobierno, advierten que cualquier avance judicial podría estar motivado por las internas en Comodoro Py: “Si lo hacen, si eso llegara a ocurrir, sería por la interna judicial de Comodoro Py. El Gobierno se metió ahí y se trajo el quilombo”.

Mientras tanto, la opinión pública parece haber dictado su propio veredicto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas hacia Adorni y, por extensión, hacia el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei. Los comentarios de los y las tuiteras reflejan un descontento que no cesa de crecer y que pone en jaque la credibilidad del jefe de Gabinete.

“¿Presentaste la declaración jurada ‘Ladrorni’?”, escribió un usuario en X, usando el apodo despectivo con el que muchos se refieren al funcionario. Otro fue más directo: “¡Qué caradura! ¿Cuándo vas a renunciar?”. Las críticas no solo apuntan a Adorni, sino también al gobierno en su conjunto: “Qué gobierno trucho, además de inhumano, arrastrado y bananero, es muy trucho”.

El descontento social se alimenta de las recientes apariciones públicas de Adorni, quien intentó mostrarse activo en su rol político. Durante los actos por el Día de la Patria, fue visto al lado de Karina en varias ocasiones clave: caminando juntos desde la Casa Rosada al Cabildo, participando en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y saludando desde el balcón presidencial. 

Sin embargo, estas escenas no han hecho más que avivar las críticas. “Seguís intentando fingir normalidad. No te sale. Estás quemadísimo”, sentenció otro usuario en las redes. El anuncio de Adorni sobre un supuesto crecimiento del 45% en las exportaciones argentinas desde el inicio de su gestión tampoco logró apaciguar los ánimos. “No hay nada que haya crecido más que tu patrimonio…”, ironizó alguien en X. Otro comentario cargado de indignación cuestionó directamente las prioridades del gobierno: “¿Cuánta guita va a ir hospitales?; ¿Cuánta guita van a escuelas y universidades?; ¿Cuánta guita va a ir a jubilados y discapacitados?; ¿Nada?; ¿Fiestonga para celebrarlo?”, dijo exasperado.

Mientras tanto, la estrategia del gobierno para sostener a Manuel Adorni parece ser doble: minimizar las acusaciones mientras se refuerza su imagen pública mediante apariciones junto a los líderes del oficialismo. A esto se suma un irónico Santiago Caputo que publicó una foto junto a Adorni durante los actos del 25 de mayo que parece ser más una mojada de oreja a Karina Milei que una defensa seria al Jefe de Gabinete.  

Los memes que aparecieron tras el anuncio de Manuel Adorni: 

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias volverán a movilizarse frente a Tribunales para exigir que Javier Milei deje de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario y frene el ajuste que golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento de las facultades.

Las universidades públicas volverán a salir a las calles esta semana para enfrentar el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. En medio del desfinanciamiento educativo, la pérdida salarial docente y el deterioro del sistema científico, docentes, estudiantes y autoridades universitarias encabezarán una nueva jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en un reclamo directo a la Corte Suprema para que garantice la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial.

La protesta se desarrollará entre las 11 y las 17 con clases públicas, charlas y actividades abiertas encabezadas por docentes e investigadores de distintas universidades nacionales. Desde las organizaciones convocantes advirtieron que el ajuste del Gobierno ya impacta de lleno en salarios, becas, investigación científica y el funcionamiento cotidiano de las facultades.

“Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, investigar y construir un futuro mejor”, señalaron desde los espacios universitarios que impulsan la jornada.

Entre los participantes estarán la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA Pablo Perazzi.

El conflicto universitario escaló luego de las multitudinarias marchas federales realizadas durante las últimas semanas en todo el país. Mientras el Gobierno insiste en priorizar el “equilibrio fiscal”, desde el sistema universitario denuncian que Milei busca vaciar las universidades públicas y avanzar sobre uno de los pilares históricos de la educación argentina.

El Consejo Interuniversitario Nacional también mantiene una presentación judicial ante la Corte Suprema para exigir la implementación efectiva de la ley y alertó que el deterioro presupuestario ya pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde las universidades advierten que el ajuste no solo golpea a docentes y estudiantes, sino que compromete el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. “Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, remarcaron desde el sector educativo.

El proyecto del Gobierno nacional obtuvo media sanción y elimina subsidios clave en Buenos Aires y otras provincias. Gobernadores e intendentes advirtieron que el impacto será “brutal” en pleno invierno.

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para recortar el régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas y alto consumo energético durante el invierno.

Si el Senado convierte la iniciativa en ley, más de 1.240.000 hogares bonaerenses perderán los descuentos en sus facturas y enfrentarán aumentos que podrían ir del 40% al 100%, según el nivel de consumo y la región. El impacto también alcanzará a cientos de miles de usuarios en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

La medida implica desarmar la ampliación del beneficio aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de una iniciativa presentada por Máximo Kirchner. Aquella reforma había incorporado a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país al sistema de subsidios, permitiendo descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Con el nuevo proyecto, el esquema volvería prácticamente al formato original de 2002, dejando afuera a millones de familias que hoy reciben asistencia para afrontar el costo de los servicios en invierno.

Uno de los rechazos más duros llegó desde el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la iniciativa como “un gran error” y advirtió sobre las consecuencias sociales del ajuste.

“Yo pensé que ya se había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no”, sostuvo el mandatario durante un acto en Florencio Varela.

Kicillof además cuestionó la legalidad de algunos artículos y adelantó que podría acudir a la Justicia si la ley es aprobada definitivamente. También acusó al Gobierno nacional de trasladar directamente el costo energético a las familias mientras otros países implementan medidas de protección ante la crisis internacional.

La reacción no quedó solamente en el peronismo. El Foro de Intendentes Radicales bonaerenses también expresó su rechazo y manifestó su “profunda preocupación” por el impacto que tendría la eliminación del beneficio en miles de hogares de la provincia.

El avance del proyecto vuelve a poner en el centro de la discusión el fuerte ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre subsidios, tarifas y políticas de asistencia, en medio de un contexto económico marcado por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

Miles de trabajadores, médicos y pacientes movilizaron en todo el país contra el desfinanciamiento del sistema público. Advirtieron por la falta de medicamentos, vacunas y el deterioro de hospitales.

Más de 60.000 personas participaron este miércoles de la Marcha Federal por la Salud Pública, una de las movilizaciones sanitarias más importantes de los últimos años, en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.

La protesta comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminó en Plaza de Mayo, donde trabajadores sanitarios, médicos, pacientes, sindicatos, universidades y organizaciones sociales denunciaron un fuerte deterioro del sistema público de salud y alertaron por las consecuencias directas que ya sufren millones de personas.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, las columnas reclamaron contra los recortes presupuestarios, la falta de medicamentos, el vaciamiento de programas sanitarios y la crisis que atraviesan hospitales y centros de atención en todo el país.

Durante el acto central, las organizaciones aseguraron que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40% respecto de 2023 y advirtieron que más de 742.000 personas perdieron cobertura médica en medio del aumento de las prepagas y la caída del empleo formal.

Además, denunciaron que los hospitales públicos ya trabajan con niveles de ocupación cercanos al 90% incluso antes de la llegada del invierno, mientras crecen las dificultades para acceder a tratamientos, estudios y atención médica.

Uno de los reclamos más fuertes estuvo dirigido al desmantelamiento del programa Remediar. Según expusieron los convocantes, la política de medicamentos gratuitos pasó de entregar 79 remedios esenciales a apenas 3, dejando sin cobertura a millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público.

También hubo fuertes críticas por los recortes en el PAMI, las demoras en el Calendario Nacional de Vacunación y el deterioro de áreas sensibles como salud mental, discapacidad y prevención de enfermedades.

“El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria: se está traduciendo en enfermedad y muerte”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, durante la movilización.

Las organizaciones advirtieron además sobre el crecimiento de enfermedades prevenibles y alertaron por el aumento de casos de sarampión, coqueluche, hepatitis A y meningitis debido a la caída en las campañas de vacunación.

En el documento consensuado que se leyó frente a Plaza de Mayo, los manifestantes señalaron que “la salud es un derecho humano fundamental y no una mercancía” y exigieron al Gobierno nacional la restitución urgente de programas recortados, el envío de medicamentos y vacunas y una mesa federal para enfrentar la crisis sanitaria.

La protesta tuvo réplicas en distintas provincias y reunió a gremios, hospitales, asociaciones de pacientes, estudiantes universitarios y trabajadores estatales en una nueva demostración de rechazo al ajuste del Gobierno nacional sobre áreas sensibles del Estado.