Lo requirió la fiscal federal Paloma Ochoa el lunes. Se habría almacenado información prohibida sin autorización judicial ni criterio racional

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que se cite a declaración indagatoria al ex secretario de Energía del gobierno de Mauricio Macri, por haber dictado en 2018 una resolución en la que “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.

En el marco del tarifazo que intentó llevar adelante Cambiemos que obligaba a los usuarios a compensar a las empresas distribuidoras de gas por las perdidas que sufrieron producto de la devaluación que llevó adelante el propio gobierno, la fiscal federal Paloma Ochoa imputó al secretario de Energía, Javier Iguacel, por supuesto abuso de autoridad.

Sigue el escándalo en torno a la empresa Farmacity, que está vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Primero, la firma recibió el visto bueno del gobierno de María Eugenia Vidal para que pueda operar en provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Ahora, procesaron a un ex funcionario macrista por proteger a la sociedad.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos, quien procesó a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud. Se lo acusa por una supuesta protección a Farmacity, al demorar y luego negarse a sancionar a la cadena.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

No es el primer escándalo que rodea a Farmacity, que empieza a hacerse sentir al interior de la coalición Cambiemos, cada vez más complicada por casos de corrupción. La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. Después del anuncio de Casal, las acciones de Quintana aumentaron su valor. Total normalidad.

Un rato después, los concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires hay una verdadera rebelión de los farmacéuticos que se sienten perjudicados con la llegada de la cadena.

Lo dictó la fiscal federal Paloma Ochoa por supuesto "conflicto de intereses e impacto ambiental" en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz.

El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, junto al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron imputados por la fiscal federal Paloma Ochoa por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.

La denuncia, que recayó ante el juez federal Sebastian Ramos, había sido presentada por el senador Fernando “Pino” Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale.

Por ello, Sebastián Ramos, pidió que se investigue si los funcionarios de Cambiemos incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". Los denunciantes también detallaron que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y, el 27 de enero de 2016, fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.

La fiscal Paloma Ochoa imputó al empresario Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de las sucursales de su cadena de supermercados, así como también a los funcionarios responsables de ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el depósito del negocio familiar y son sospechados de haber ocultado el caso.

La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La inspección de parte de ANMAC, fue realizada el 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito.

El arsenal encontrado es escandaloso: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.

Asimismo, resultó llamativo para los investigadores un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, además de ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.

Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les habían borrado los números de serie.

En lo que respecta a los directivos ANMAC fueron avisados en su momento sobre tamaño arsenal pero respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Por lo tanto la ANMAC no actuó y se ocultaron las pruebas hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.