La senadora nacional recibió un fuerte apoyo regional e internacional ante el avance de las causas penales en su contra

Tras la intervención al gremio que dirige Omar Pliani, diferentes organizaciones sociales y más de treinta sindicatos se solidarizaron con Sivendia en una asamblea realizada en sede del sindicato intervenido. Debate por el tema en el Congreso de la Nación.

La Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), legisladores, personalidades y organizaciones sociales repudiaron hoy, en una masiva movilización, la intervención al Sindicato de Canillitas.

Lo hicieron en una asamblea multitudinaria en las puertas del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (SIVENDIA).

El secretario general y diputado, Omar Plaini, pidió a la CGT y CTA llamar a un "paro con movilización" contra el Gobierno "Vamos a estar de pie aunque tengamos que morir de pie. Vamos a seguir peleando contra los empresarios y este gobierno", dijo.

"Las ideas y los principios no se intervienen. Gracias por todo el apoyo. Seguiremos luchando", dijo Plaini. Además, el suspendido secretario general de Sivendia aseguró que Macri quiere "un país sin sindicatos".

"Les digo a todas las centrales sindicales que los canillitas nos declaramos en estado de alerta y movilización y que necesitamos la unidad de todos los dirigentes sindicales para parar a este Gobierno", sostuvo Plaini al encabezar una asamblea que se realizó en las puertas de la sede de Canillitas, donde la suspendida conducción no puede ingresar tras el fallo judicial que determinó la intervención.

Jefes sindicales de unos treinta gremios se reunieron en la sede de Canillitas, en Balvanera, y coincidieron allí que la administración de la alianza Cambiemos viene dando señales de que pretende "un país sin sindicatos", informó hoy Infonews.

Por su lado, en el Congreso Nacional, diputados nacionales de la oposición rechazaron el allanamiento a su sede-donde están las oficina de su secretario general y diputado, Omar Plaini-, al considerar ese hecho como “una invasión a los fueros” del legislador nacional.

El procesamiento del dirigente y diputado -al que se sumó la intervención del sindicato, el allanamiento de su sede y un embargo por 200.000 pesos- fue dispuesto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi a raíz de presuntas irregularidades cometidas en el marco de las elecciones sindicales de 2013.

En el marco de la sesión en la que se debate, en particular, el proyecto de responsabilidad penal empresaria, el presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, pidió una cuestión de privilegio, al advertir que los fueros de los diputados “abarcan no sólo a su domicilio sino sus oficinas” y sostuvo que el allanamiento a la sede del gremio de Canillitas “viola la institucionalidad y da inseguridad jurídica”.

“El juez invade la cosa juzgada. No tenía sentido para intervenir el sindicato”, aseguró Recalde, quien pidió “respetar los fueros de un diputado nacional”, en referencia a Plaini.

En ese sentido, el presidente del bloque Justicialista, Oscar Romero, manifestó su “preocupación por lo que está ocurriendo con los representantes de los trabajadores” y advirtió sobre un “avasallamiento judicial contra el movimiento obrero”, a la vez que dijo que en el caso de Plaini, “se agrava porque se han invadido sus oficinas”.

“Nos preocupa profundamente porque se agrava en el caso de Plaini, ya que se ha invadido sus oficinas. Por eso queremos acompañarlo al diputado”, aseveró Romero en el recinto.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó el lunes pasado sin prisión preventiva al titular del gremio de canillitas, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa por supuesta "falsificación de documento público" originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

La medida se aplicará en los organismos de la administración nacional como empresas y sociedades estatales deberán brindar información al Ministerio de Modernización. La información contendrá los datos personales y salariales de todos los estatales. También se registrarán las licencias justificadas y no justificadas, y la afiliación sindical.

El Gobierno dispuso la creación de una “Base integrada de información de empleo público y salarios en el sector público nacional” como parte de un proceso que tiene “el fin de lograr una homogenización de las bases que componen el motor de gestión de todo el Estado”.

Así lo indica el Decreto 365/2017, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

De acuerdo con la norma, tanto entidades de la administración nacional como empresas y sociedades del Estado deberán “suministrar a la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización los datos de sus sistemas de liquidación de haberes y de gestión de recursos humanos (…) en los plazos y modalidades que establezca la autoridad de aplicación”.

En los considerandos, el Gobierno argumentó que “la modernización del Estado requiere el diseño y puesta en funcionamiento de planes de recolección de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa y formulación de políticas de recursos humanos aplicables a toda la organización de manera homogénea”.

“Para contar con información relevante, precisa y oportuna, es necesario aplicar métodos y procedimientos claramente definidos y controlados que permitan impulsar racional y equilibradamente las políticas de desarrollo de recursos humanos”, explicó el Ejecutivo.

“En consecuencia, se estima conveniente iniciar un proceso de estandarización, para el Sector Público Nacional con el fin de lograr una homogenización de las bases que componen el motor de gestión de todo el Estado, sin perjuicio de que la naturaleza particular de cada una implique un diseño funcional dentro de sus propias estructuras”, justificaron