Con el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo convirtió en ley el acuerdo para desembolsar 171 millones de dólares a los holdouts remanentes. La oposición denunció una “entrega de recursos públicos al servicio de la especulación” bajo un fuerte trasfondo geopolítico.

El Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que habilita el pago de 171 millones de dólares a los dos últimos grupos de fondos buitre que mantenían demandas activas contra la Argentina en los tribunales de Estados Unidos. La votación se definió a contrarreloj en vísperas del vencimiento del plazo acordado con los acreedores, fijado para el próximo 30 de junio.

La medida, defendida por La Libertad Avanza como un paso para reducir “riesgos judiciales” y recuperar reputación internacional, fue duramente cruzada por los bloques opositores, quienes señalaron que este desembolso responde estrictamente a un compromiso geopolítico asumido por Javier Milei ante Donald Trump.

Historia de una entrega: del canje del 92,4% de los bonos en default (2005-2010) al pago de Milei por decisión política

Para dimensionar el impacto de la nueva ley, es necesario repasar la historia reciente de la reestructuración de la deuda soberana argentina:

• El desendeudamiento de Néstor Kirchner (El 92,4%): Tras el colapso y default de 2001, el gobierno de Néstor Kirchner inició un histórico proceso de renegociación que se consolidó a través de los canjes de 2005 y 2010. Bajo la premisa de que “los muertos no pagan las deudas”, la Argentina logró una adhesión del 92,4% de los acreedores globales, quienes aceptaron millonarias quitas bajo nuevas reglas de juego. Fue un hito internacional que rescató al país de la parálisis financiera global manteniendo la soberanía económica.
• El negocio del 7.6% restante (Los buitres): Un pequeño remanente de bonistas —el 7.6% restante, liderado por fondos netamente especulativos o “buitre”— rechazó sistemáticamente ingresar a los canjes. Su estrategia nunca fue negociar, sino comprar bonos defaulteados a precio de liquidación para luego litigar en los tribunales norteamericanos del juez Thomas Griesa exigiendo el 100% del valor nominal más intereses punitorios usurarios.
• La decisión política de Milei: El pago actual de 171 millones de dólares no responde a una obligación automática, sino a una decisión política explícita de la gestión de Javier Milei. Mientras que las gestiones del kirchnerismo mantuvieron la pelea soberana en la ONU para poner límites globales a la especulación de estos fondos, y tras el millonario pago que ya les había concedido el macrismo en 2016, Milei optó por validar el negocio del holding especulativo. Desde la oposición denunciaron que la Casa Rosada premia la especulación financiera internacional en detrimento de las arcas públicas del Estado, en un contexto de feroz ajuste interno sobre los jubilados y los trabajadores argentinos.

Las claves del proyecto aprobado:

• El monto del desembolso: El acuerdo establece el pago definitivo de 171 millones de dólares a dos firmas demandantes. El oficialismo argumentó que el entendimiento frena definitivamente el peligro de futuros embargos contra activos de empresas estatales como YPF o el Banco Nación.
• Cláusula de resguardo legal: El articulado incorpora una cláusula de standstill que obliga a los beneficiarios a deponer cualquier acción judicial activa o futura contra la República Argentina una vez que se complete la transferencia de los fondos.
• Alineamiento internacional: En el recinto, los legisladores opositores remarcaron que el apuro por sancionar la ley se debió a un pacto político directo de Milei para congraciarse con el establishment norteamericano y con la administración de Trump, utilizando divisas del Banco Central para cerrar un litigio que llevaba más de dos décadas en Nueva York.