Veinte días después de vencida la cautelar de la CIDH, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó la salida de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur del Penal de Alto Comedero. Desde la Tupac Amaru aclararon que “este traslado no da cumplimiento” a lo dispuesto por el organismo interamericano.

Milagro Sala fue trasladada desde el penal de mujeres de Alto Comedero hacia la casa de localidad de El Carmen, donde ya se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, una de las medidas alternativas propuestas hace más de un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El poder Judicial jujeño debió haber acatado la medida el 11 de agosto último, pero la demoró hasta este jueves a las 15.30, cuando finalmente el juez Pablo Pullen Llermanos efectivizó la orden de traslado.

No es la única irregularidad. La prisión domiciliaria de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur presenta una “una serie de restricciones absolutamente ilegales”, según advirtió la coordinadora de prensa de la Tupac Amaru, Sabrina Roth.

“Este traslado no está dando cumplimiento a lo que dispuso la CIDH en su medida cautelar”, denunció Roth al detallar que el inmueble de El Carmen no es el domicilio real de Milagro, “donde ella pidió estar”.

Además, la dirigente tendrá restricciones excepcionales –no más de cuatro visitas por vez y solo tres días a la semana- y una fuerte custodiada de Gendarmería, algo que viola el artículo 33 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal.

“Las restricciones de una prisión domiciliaria son que la persona no salga del domicilio, pero Jujuy es un país aparte parece. Todas las condiciones puestas por los jueces Llermanos y (Gastón) Mercau son absolutamente ilegales. La defensa ya apeló, pero deberá definir la Cámara”, explicó Roth.

Milagro fue detenida arbitrariamente el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador jujeño Gerardo Morales, aliado de Mauricio Macri, quienes desconocen desde octubre  la resolución de la ONU que ordenó liberarla de manera inmediata.

“Milagro perdió más de 18 kilos en este año y medio; y tal como lo describió la CIDH tras la visita al Penal de Alto Comedero, su estado no es el mejor, en virtud del hostigamiento que recibió en la cárcel”, subrayaron desde la Tupac Amaru.

El gobernador de Jujuy criticó hoy la cautelar emitida por el organismo continental de derechos humanos a favor de la dirigente y presa política de la Tupac Amaru.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra la cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Milagro Sala y dijo que se le "intenta otorgar un injusto privilegio" a la dirigente detenida.

Además, Morales "lamento que la CIDH haya puesto el foco en la situación de la salud, de la integridad física en el caso Milagro Sala, cuando acá dijeron otra cosa; dijeron que todo eso estaba garantizado".

El gobernador de Jujuy indicó que le dio "mucha preocupación" por "el cariz político" que tomó la cautelar. Dijo además que con esta decisión el organismo de DDHH se "desprestigió".

El mandatario jujeño fue por más y llamó a "un replanteo internacional sobre esta situación, sobre el rumbo que toma el sistema interamericano de derechos", y luego acusó a la CIDH de tener vínculos directos con "gobiernos populistas con eje en el chavismo, el kirchnerismo que llevan adelante lineamientos en términos internacionales en función de ello".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará a Jujuy este viernes para visitar a la dirigente Milagro Sala en la cárcel de mujeres donde se encuentra detenida, según lo confirmó hoy el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, después de ser notificado por funcionarios del gobierno nacional.

"Me han comunicado que vendrán el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren y la comisionada de Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño, junto a un coordinador de grupo para visitar la provincia de Jujuy", indicó Miranda a Télam.

El fiscal informó que si bien todavía no tiene la agenda de la visita, el punto central será visitar a Sala en la Unidad Número 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario provincial, más conocido como el Penal de Alto Comedero.

"Todavía no tenemos una agenda definitiva pero vendrían a tomar vista del estado de detención de Sala en el penal de Alto Comedero y recibir la documentación sobre su situación de detención", afirmó.

La visita responde a una invitación del gobierno argentino, que la CIDH aceptó. Ese órgano internacional tiene pendiente de resolución dos medidas cautelares presentadas por organismos de derechos humanos. Una de ellas reclama la libertad de Sala y la otra denuncia sus condiciones de detención. Es en el marco de esta última que aceptaron visitarla en la cárcel.

En su reciente reunión celebrada en Buenos Aires, el mes pasado, Eguiguren ya había confirmado a la prensa esta visita, con fecha tentativa para junio.

"La visita nos permitirá conocer aspectos objetivos vinculados a la medida cautelar, como las condiciones de su detención, su estado físico y emocional", señaló Eguiguren a la prensa en esa oportunidad.

En diciembre del año pasado, la CIDH urgió al Estado argentino a "dar pronta respuesta" al reclamo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria realizó en octubre último, en el que dictaminó que Sala estaba detenida arbitrariamente y pidió que sea liberada, tras lo cual el Gobierno invitó a la CIDH a visitar el país.

"Milagro Sala está mal detenida. Es imposible probar el riesgo de fuga" en el caso de la líder de la agrupación Tupac Amaru, afirmó la directora ejecutiva del organismo.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, volvió a reclamar este viernes "al Estado nacional y provincial" jujeño que "liberen a Milagro Sala".

"Milagro Sala está mal detenida. Es imposible probar el riesgo de fuga" en el caso de la líder de la agrupación Tupac Amaru, afirmó Belski.

En declaraciones a Radio 10, Belski señaló que "las malas detenciones se ven no sólo en el caso de Milagro, sino también en otras personas de raíces indígenas".

Por otra parte, evaluó que la Corte Suprema podría resolver "enviarla a prisión domiciliaria, lo cual también está mal" y subrayó que "jurídicamente, no es complicada la situación de Milagro, es compleja a nivel político".

Amnistía Internacional se suma a la presión que se ejerce desde los distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para reclamar la liberación de la dirigente social que ya superó los 500 días de detención.

Así lo definió esa corriente sindical en un Congreso que se realizó hoy en Mar del Plata. Exigen “la liberación y desprocesamiento” de los dirigentes del gremio y la reapertura de paritarias, entre otros reclamos. Los principales puntos de las acciones serán Buenos Aires y Río Negro.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió en su conclave anual en Mar del Plata la realización de una huelga nacional en demanda de “salarios dignos y la defensa del convenio colectivo” y en rechazo de la paritaria anual del 20% firmada entre el gobierno y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Uno de los referentes de de ATE, Hugo Godoy, explicó que la protesta también fue convocada para rechazar “la utilización de los ítems presentismo y productividad como una extorsión sobre los trabajadores y el cese de la precariedad laboral, y en demanda del pase a planta”, agregó.

“El aumento acordado por la UPCN del 20% en tres tramos fue vergonzoso, porque no significó siquiera el 17% anualizado. Además, violó el convenio colectivo al permitir el pago de bonificaciones -presentismo y productividad- como instrumentos extorsivos”, puntualizó el dirigente sindical.

Julio Fuentes, secretario adjunto nacional de la ATE, explicó además que el 7 de junio se realizará una jornada nacional de lucha -con epicentro en Río Negro- en demanda de “la inmediata liberación de los dirigentes estatales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti”, y añadió que el 27 de ese mes -Día del Trabajador del Estado- habrá “una nueva jornada nacional de protesta general”.

Aguiar es secretario general de la ATE Río Negro y de la CTA Autónoma local y, su par Capretti, es el adjunto del gremio estatal en la provincia.

“Las marchas para exigir la libertad de Aguiar y Capretti, detenidos la semana anterior luego de encabezar una movilización en rechazo del plan de ajuste y endeudamiento aprobado por la Legislatura rionegrina, se realizarán hacia la Casa de Gobierno de Rí­o Negro y frente a la Casa de esa provincia en Buenos Aires”, coincidieron en señalar esta tarde a esta agencia Godoy y Fuentes.

Además, los congresales nacionales determinaron otra jornada de protesta para el 27 de junio próximo, respaldada por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), de la que Fuentes es secretario general, luego de ser reelecto en febrero último en el Congreso de Cartagena de Indias, Colombia.

El Congreso también decidió acompañar el 3 de junio próximo “la marcha impulsada por el colectivo ‘Ni una Menos’ y las trabajadoras de la ATE contra la violencia de género”, y declaró “el alerta máxima ante el intento de destrucción que sufre el gremio, cuya última expresión fueron los casos Aguiar-Capretti”.

Tras el encarcelamiento del secretario adjunto del gremio, anoche fueron allanadas las casas de otros diez referentes de esa corriente sindical. Distintos sectores denuncian  que se trata de una causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial de la provincia patagónica.

La Policía de Río Negro allanó anoche la casa de diez integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de forma violenta, manteniendo la persecución política y sindical por parte del gobernador  Alberto Weretilneck

El viernes pasado efectivos policiales irrumpieron, sin orden judicial, la casa del secretario adjunto del gremio, Aldo Capretti, a quien detuvieron a la rastra delante de su familia. Continúa encarcelado.

El dirigente quedó alojado en la Comisaría 1ra de Viedma a disposición del fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Carlos Mussi, quienes además ordenaron la detención de Aguiar y otros dos gremialistas de ATE acusados de “coacción agravada” por protestar contra el Plan Castello, un proyecto de obras viales del goberandor que endeuda a la provincia por más de 580 millones de dólares.

La causa contra los referentes estatales se inició luego de la brutal represión policial que sufrieron el miércoles último, cuando realizaban un paro de 24 horas y protestaban frente a la Legislatura contra la aprobación de la iniciativa.

Así lo afirmó el secretario adjunto de ATE de Río Negro, Aldo Capretti, tras ser detenido de forma ilegal en su domicilio. Además, se ordenó la captura de Rodolfo Aguiar y otros dirigentes en una “causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial de la provincia”.

El máximo referente de los estatales rionegrinos, Rodolfo Aguiar, exigió “la inmediata libertad” del secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, detenido anoche de manera “salvaje e ilegal” en su domicilio, y se mostró preocupado por su estado de salud.

Según denunciaron desde el sindicato, la policía lo apresó sin mostrar ninguna orden judicial y, pese a que no ofreció resistencia, “fue tirado sobre la vereda de su casa, golpeado y esposado”.

El dirigente quedó alojado en la Comisaría 1ra de Viedma a disposición del fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Carlos Mussi, quienes además ordenaron la detención de Aguiar y otros dos gremialistas de ATE acusados de “coacción agravada” por protestar contra el Plan Castello, un proyecto de obras viales del gobernador Alberto Weretilneck que endeuda a la provincia por más de 580 millones de dólares.

La causa contra los referentes estatales se inició luego de la brutal represión policial que sufrieron el miércoles, cuando realizaban un paro de 24 horas y protestaban frente a la Legislatura contra la aprobación de la iniciativa.

Tras señalar que se trata de una “causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial, Aguiar dijo que “no existe ningún tipo de  prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública”.

“Temo en este momento por mi vida y la seguridad de mi familia. Hay una escalada de violencia en la Provincia y no se advierte que las autoridades estén a la altura de las circunstancias para ponerle freno. Por cualquier cosa que ocurra mientras esté bajo estas circunstancias, hasta que sea apresado o bien decida mi presentación voluntaria, hago  directamente responsables por mi integridad al gobernador Weretilneck,  al juez Mussi y al actual jefe de la Policía (Daniel) Jara”, sostuvo el secretario general de ATE.

Aguiar llamó a toda la militancia rionegrina a realizar asambleas y recorridas por los sectores de trabajo con “una campaña esclarecedora que ponga en debate el discurso oficial y hegemónico”.

“El poder político está utilizando todas sus herramientas y no duda en  violentar el orden constitucional para infundir miedo, temor y llevar a cabo un disciplinamiento generalizado sobre todos los trabajadores”, advirtió.

Los estatales se movilizaron en las ciudades de General Roca y Viedma para reclamar la liberación de Capretti y el cese a la criminalización de la protesta social.

“Demandamos al juez Mussi que se expida rápidamente sobre la situación de nuestro secretario general adjunto”, dijo el dirigente Federico Gabarra durante la marcha en General Roca y agregó: “Esta actuación de la Justicia excede todos los parámetros legales. El compañero debe recuperar su libertad de manera inmediata y se debe dejar de perseguir a los militantes sociales y populares”.

Diferentes organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, entre otras, se movilizaron hasta el Hotel Sheraton donde mañana comenzará a deliberar la CIDH. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión interamericana recibió a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala con quienes mantuvieron una reunión de más de una hora.

Acompañados por más de 10.000 personas, el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala marcharon hoy, con antorchas en mano, hasta el Hotel Sheraton de Retiro, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará a sesionar a partir de este miércoles.

Cabe recordar, que a fines del año pasado, la CIDH le manifestó al Gobierno a dar "pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (Grupo de Trabajo) que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria y llama a su liberación inmediata" y ratificó su postura sobre el carácter “arbitrario” de la detención de Sala.

Durante el acto se pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos de la Túpac Amaru de Jujuy y de Mendoza. Además, se exigió la renuncia de secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

Los referentes Estela Díaz, Mara Brawer, Alejandro “Coco” Garfagnini, María Elena Naddeo, Hugo Yasky, Daniel Catalano, Anibal Ibarra integraron la delegación que fue recibida por la CIDH en el hotel Sheraton.

A la salida del encuentro, María Isabel Rivero, secretaria de prensa y comunicación de la CIDH indicó que recibieron “mucha información sobre la situación concreta de Milagro Sala que es el tema por el cual estaba convocada la movilización y muchos elementos de contexto de la situación”.

(Por Eugenia Calvó, desde San Salvador de Jujuy) El encarcelamiento de Alberto Cardozo se explica en un contexto de creciente represión y persecución a sectores opositores al gobierno provincial y de la Nación. Denuncias de torturas, vejaciones y la convivencia en el penal con el asesino de su sobrino, son algunos de los tormentos que debe padecer diariamente.

La gravedad del asunto se basa en que día a día se comprueba que Jujuy ha funcionado como laboratorio de un plan sistemático de represión. Empezó con la detención de Milagro Sala, se extendió hacia referentes y miembros de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones; secuestro y torturas a estudiantes y la violación de la autonomía universitaria.

El 26 de abril pasado se cumplió un año de la detención de Cardozo, principal referente de la Organización Barrial Tekuré. Su encarcelamiento se dio en el marco de la persecución desatada contra los sectores populares que manifiestan oposición al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Los presos políticos de Jujuy fueron la punta de lanza, que permitió, tanto al gobierno nacional como provincial, la habilitación de una violencia ejercida desde el estado, violando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. El código contravencional es utilizado como “herramienta legal” de esta violencia para el disciplinamiento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales.

Motivo de la detención

En el año 2007 Cardozo denunció que dos personas atentaron contra su vida disparando armas de fuego. A consecuencia de ello, resultó herida una niña, sobrina de Cardozo.

Según Cardozo, durante la investigación hacia su persona y su organización, no pudieron demostrar ninguna irregularidad en las obras realizadas; fue entonces, cuando el gobierno, con la complicidad del poder judicial, decide reabrir una causa que estaba a punto de prescribir con el sólo propósito que el dirigente involucre e implique a Milagro Sala, quien también terminó procesada como coautora de tentativa de homicidio.

Desde que se encuentra en el penal de Gorriti, Alberto Cardozo sufrió torturas y vejaciones, balaceras en su casa y el asesinato de su sobrino, que estaba cumpliendo condena en el mismo penal donde se encuentra Alberto.

Beto Cardozo y Organización Barrial Tekuré

Es el principal referente de la Organización Barrial Tekuré. En las últimas elecciones parlamentarias fue candidato a diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados.

La organización barrial Tekuré  se configura entre el 2007- 2008 y es una fuerza política y social que se instaló a nivel provincial nucleando alrededor de 1500 personas.

En el 2010 junto a otras agrupaciones conformaron la Red de Organizaciones. El compromiso arrancado al gobierno provincial y nacional facilitaron a este conjunto de organizaciones las condiciones para desarrollar el trabajo social que venían realizando.

Beto Cardozo y Tekuré hoy

Hoy Alberto Cardozo está a la espera del avance de su causa. Su organización no ha desaparecido; por el contrario, mantienen presencia en los distintos barrios y localidades recuperando su expresión inicial, las copas de leche.

Tanto Cardozo como sus compañeros refuerzan que “Beto” está preso por no querer declarar mentiras; confían que mantenerse firme en la verdad es lo único que lo sacará de prisión.

En el comienzo del juicio por una manifestación contra Morales en la que no estuvo, la dirigente social responsabilizó al Gobernador radical por su detención. “No tuve nada que ver con eso. La bronca y la indignación (de Morales) es porque soy peronista y porque he decidido defender las banderas de la dignidad, de Néstor y Cristina Kirchner”, dijo Milagro Sala al hablar ante el tribunal que la juzga por una manifestación contra el gobernador Gerardo Morales.

La dirigente de la Tupac Amaru llegó esta mañana a la sede del Tribunal Oral Federal de Jujuy custodiada por personal penitenciario, se sentó en el banquillo frente a los jueces, escuchó los cargos por los que se la juzga y negó que sea cierto lo que le imputan.

“A Morales le molesta que los negros nos pudimos organizar”, dijo durante su declaración, antes de la cual sus abogados leyeron un texto en el que aludieron al marco de persecución política de ese proceso contra la dirigente social, quien está detenida por otras causas desde hace un año y cuya libertad fue exigida por la ONU, la CIDH y la OEA

La denuncia que dio origen a este juicio oral fue hecha por Morales tras una manifestación en su contra ocurrida en octubre de 2009, cuando era senador nacional, en la que le arrojaron huevos. En ese hecho, la dirigente enjuiciada no estuvo, pero se la acusa de ser instigadora. La única prueba en su contra es el testimonio de un hombre que la señaló como partícipe de una reunión para organizar el “escrache”, sobre la cual no hay pruebas de que haya existido.

Ante la relatividad de los testimonios y la falta de pruebas, el tribunal jujeño declaró prescripta la causa en mayo pasado, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a darle curso y agravó los cargos.

Además de Sala, los acusados por el “escrache” a Morales son también otros dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales (que a finales del año pasado y principios del actual realizaron un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial), Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra. Se los acusa de supuestas amenazas coactivas y daño agravado.

El Tribunal inició el proceso a las 9 con la lectura de los datos formales de los tres acusados, durante lo cual Sala corrigió al funcionario judicial que la mencionó como diputada provincial: “Diputada del Parlasur”, aclaró.