La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en una decisión que golpea las expectativas que manejaba el oficialismo respecto del máximo tribunal.
Según pudo reconstruirse, en los despachos de Martín Menem y Juan Bautista Mahiques circulaba la idea de que, por el vínculo con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el fallo permanecería sin resolución hasta que la discusión se trasladara al debate presupuestario en el Congreso.
Con ese horizonte, a comienzos de junio el Gobierno firmó un acuerdo que estableció un aumento del 24% para las universidades. La apuesta oficial era que ese entendimiento alcanzara para desactivar el conflicto y que los rectores retiraran la demanda ante la Corte. Sin embargo, las autoridades universitarias aceptaron el acuerdo salarial pero no resignaron el reclamo judicial, en lo que ahora se interpreta como una lectura más ajustada del escenario en el tribunal.
El fallo deja en una posición incómoda a Menem y Mahiques y representa un revés para la estrategia económica que conducen el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. La decisión, además, rompe con la práctica tácita que regía hasta ahora entre la Corte y la Casa Rosada, según la cual el tribunal evitaba pronunciarse sobre cuestiones con impacto directo en la planificación fiscal del Gobierno.
La resolución llega además días después de que el Ministerio de Justicia enviara al Senado el pliego para designar como juez federal a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, quien ya juró como uno de los nuevos magistrados. Si en el equipo de Mahiques se interpretó ese movimiento como un gesto que aseguraba el respaldo del tribunal, el fallo de este jueves mostró un resultado distinto al esperado.