Por una obra para ampliar el Aeroparque Jorge Newbery, el gobierno le ganará tierra al agua para construir estacionamientos y propiciar el negocio de empresas privadas

Bajo la "convocatoria nacional e internacional número 212", el Gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el pliego que contempla la administración privada del servicio durante 12 años, con la posibilidad de extender la licencia tres más. Más de una vez, el intendente Horacio Rodríguez Larreta había desestimado esa posibilidad.

El concurso –firmado por Eduardo De Montmollin, presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), comienza hoy y tiene como fecha de cierre el jueves próximo.

Paradójicamente, la mayor parte de las candidatas a quedarse con el servicio de subte son empresas estatales extranjeras. Este es el caso de las dos empresas impulsadas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia: Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos).

En esa misma condición se encuentran también la italiana Azienda Trasporti Milanesi (ATM), cuyo socio mayoritario es el municipio de Milán, la alemana Deutsche Bahn, administrada por el gobierno alemán, y la británica Transport for London (TfL), en manos del alcalde londinense, Sadiq Khan.

Tras la sorpresiva privatización de Vialidad Nacional, el Ministerio de Finanzas señaló que se llamará a licitación para los corredores viales, a través del régimen público privado. Alentó a los constructores a hacer negocios.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se llamará a licitación para la realización de los corredores viales a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), y exhortó a los empresarios del sector de la construcción a invertir en el programa.

El anuncio lo realizó en la 65ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que reúne a las grandes compañías que integran la llamada patria contratista.

El funcionario oficializó sus planes para los corredores viales un día después de publicar en el Boletín Oficial la creación de Corredores Viales SA, una empresa del Estado que se manejará bajo el derecho privado y que tendrá amplias facultades para construir, mejorar y administrar rutas nacionales. Según denunciaron los sindicatos del sector, es un paso hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje (Sutpa) recordó que el estatuto social de Corredores Viales SA en su artículo cuarto, al igual que la ley de participación público privada, habilita el ingreso de socios privados al negocio. Y agregó que de esta manera el Estado "confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas".

Ante los popes de la construcción, el titular de la Unidad PPP, José Luis Morea, manifestó su confianza en que los contratos para estos proyectos de corredores se firmen en el primer trimestre del año próximo. Adelantó que cada uno va a tener un fideicomiso al que van a dirigirse los flujos que se generen.

Por su parte, Quirno explicó que el PPP ya tiene "unos 60 proyectos" en carpeta "por u$s 26.000 millones". El primer proceso será de 14 corredores viales, que "incluirán 2.800 kilómetros de autopistas y otros 4.000 de rutas seguras".

Según el proyecto de presupuesto 2018, el Estado prevé destinar 253 mil millones de pesos en forma directa a financiar obras de infraestructura. En términos reales, es igual al nivel de 2017. Pero el gobierno aspira a duplicar este financiamiento con el PPP.

Con este negocio en la mano, el presidente Mauricio Macri desembarcó ayer con su gabinete en el hotel Sheraton, donde deliraron de gusto los grandes empresarios que, como la familia presidencial, hicieron fortunas con la obra pública.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les aseguró que el año próximo se invertirá en la obra pública para el transporte 131 mil millones de pesos. Dijo que "gran parte de eso ya está licitado y se está haciendo". Puso como por ejemplo "el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la autopista 19, entre Santa Fe y Córdoba". También dijo que se avanzará "en la construcción de los puentes de Resistencia-Corrientes y Santa Fe-Paraná, entre otras tantas obras".

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que en marzo de 2018 el gobierno lanzará las licitaciones mediante el sistema de PPP para la construcción de ocho líneas de transmisión eléctrica.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que la construcción perdió casi 100 mil empleos en el primer año del gobierno de Mauricio Macri al pasar de 458 mil obreros en 2015 a 365 mil en 2016. Pero dijo que actualmente hay 410 mil trabajadores en el sector y prometió "superar su récord histórico" a fin de año.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, fue uno de los más entusiastas participantes del acto que encabezó Mauricio Macri. Felicitó al juez federal de Quilmes Luis Armella por la decisión de detener al desplazado jefe de la seccional de La Plata de ese sindicato, Juan Pablo Pata Medina, y celebró el rebote de la construcción.

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, consideró que responder al déficit habitacional demandará una inversión en créditos de 1,5 punto del PBI durante una década, lo que dará potencial para crear 330.000 nuevos puestos de trabajo.

A través de un decreto, creó una sociedad anónima en la que asume funciones de Vialidad y abre la puerta a socios privados. Por su parte el Gobierno porteño vendió el edificio donde funciona el organismo. Sus 500 empleados no saben que será de su futuro.

El Gobierno nacional avanza en la privatización del Estado de formas particulares y ahora creó una sociedad anónima que irá reemplazando en funciones a la Dirección de Vialidad Nacional. El mecanismo replica el utilizado en otros organismos, como el PAMI.

En el Boletín Oficial se publicó hoy el decreto 794 del Ministerio de Transporte, que crea la empresa "Corredores Viales S.A.". La misma tendrá la función de "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".

La misma sale al mercado con un capital accionario conformado por el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la S.A. abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa.

"Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes", afirma la norma en sus considerandos.

Pese a tener un discurso a favor dela transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal.

"No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias", especifica la normativa.

Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de sometersea licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.

Ayer los trabajadores del organismo protestaron en las calles porque el gobierno porteño de Horacio Rodriguez Larreta había vendido el edificio donde funciona y no sabían que podía suceder con los 500 empleos que allí funcionan.

Hoy se encuentran con la oscura noticia y desde ATE denuncian un achique del Estado. lo compararon, en un comunicado de prensa, con los intentos de Onganía, Videla y Menem,

Luego de que se develara que el Gobierno aprobó la venta del 51% de ARSAT a una empresa estadounidense, Adrián Paenza, Diego Hurtado, Jorge Saliaga y Guillermo Rus criticaron la medida del Ejecutivo.

Luego de que se conociera que el Gobierno aprobó la venta del 51% de ARSAT a una empresa estadounidense, diferentes personalidades del ambiente científico salieron a criticar con dureza la medida del Ejecutivo.

El primero en levantar la voz fue Adrián Paenza, referente de la ciencia en Argentina. El matemático cargó contra el Gobierno por la polémica iniciativa: "Esto es fáctico, estamos entregando el país, es como si estuviésemos entregando una parte de la Patagonia”

“Empezamos a depender de alguien que se le puede ocurrir seguir vendiéndonos. Si pudieron sacarse de encima a todos los que trabajamos en el Estado es porque les sobra.”, sostuvo en diálogo con Radio 10 y agregó: "Si pudieran desprenderse de una tercera parte del país lo harían"

"Quienes compren esto van a tener que prepararse para que sea expropiado en el futuro. Esto es ilegal, por eso en algún momento Argentina va a recuperar lo que le han robado", concluyó.

Por su parte, Diego Hurtado, director del Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica de la Unsam, también cuestionó la posible privatización de ARSAT y sostuvo, a modo de ejemplo, que "Estados Unidos no entregaría la NASA a una empresa extranjera".

"Se desvirtúa todo el proyecto para que la Argentina pudiera poner en marcha un nuevo sector de la economía de alto valor agregado, que es por un lado la construcción de los satélites pero también tener la soberanía de dominar y tener el poder de decisión sobre el negocio de las comunicaciones satelitales", indicó el especialista.

Y finalizó: "Estados Unidos no entregaría la NASA a una empresa extranjera. Sería impensado que Alemania, Francia, EEUU, Japón o China entregaran las comunicaciones satelitales a una empresa de otro país. Sería un escándalo".

Otro que salió al cruce fue, Jorge Luis Saliaga, exarticulador entre el Arsat y el Ministerio de Ciencia, quien en declaraciones a Radio con Vos afirmó: "En el Gobierno anterior, ARSAT se veía como una vía como para desarrollar una industria tecnológica, no solo para dar un servicio más económico de internet", y agregó: "Creo que ahora desde el Estado se tiene una aspiración menos pretenciosa".

Sobre el documento revelado, explicó: "Lo que se dio a conocer es una imagen del contrato de intención que se firmó el mes pasado entre Arsat y Hughes, una empresa de Estados Unidos", y amplió: "Es decir, que se acordó es un convenio para crear una nueva empresa, en la cual Arsat no va a tener el control, sino que lo va a tener la firma estadounidense, es decir va a poner los gerentes y demás".

Por último, Guillermo Rus, exvicepresidente de ARSAT, en declaraciones a AM 750, indicó: "Me llamó la atención la cuestión de la ilegalidad de este convenio que se hizo con Hughes. Avanzar en un acuerdo sin pasar por el Congreso no es bueno".

"El ingreso de un privado extranjero al proyecto ARSAT cambia de manera negativa la esencia y los objetivos que se pusieron cuando se creó este emprendimiento tecnológico satelital", sostuvo Rus.

Y añadió: "Unas de las principales características de la gestión en Cambiemos en lo que tiene que ver en comunicaciones es que son muy distintas las cosas que hacen a las que dicen. ARSAT era y tiene que ser un emprendimiento sustentable, a pesar de que requieren mucha inversión".

"Ellos dijeron una serie de mentiras que ARSAT salía 4 millones de dólares por año, y no es verdad. Finalmente lo desfinanciaron, no quisieron seguir con la construcción del ARSAT 3 y le quitaron la posibilidad a la empresa de endeudarse", precisó y afirmó: "Con los recursos que generan los otros dos satélites, más un préstamo de un banco, se iba a poder sustentar la flota".

Respecto del pacto firmado por el Gobierno, aseguró: "Es una forma de privatizar, es crear una nueva empresa. Si ARSAT 3 forma parte a Hughes es definitivamente una privatización".

Aunque la máxima autoridad de la línea aérea de bandera, aseguró que la empresa “busca reducir costos sin despedir personal”, habló de la posibilidad de que la aerolínea estatal vuelva a manos privadas.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, admitió que aunque no está en estudio, es posible que la compañía se pueda volver a privatizar.

Según consignó hoy El Cronista, Dell Acqua admitió,  que “es posible” una “reprivatización” de Aerolíneas, pero aseguró que “no estamos de ninguna manera estudiándolo”.

Asimismo, dijo que “uno de los compromisos que asumimos es bajar la cantidad de fondos necesarios que el Estado nos aporta. El objetivo es llegar a 2019 con una empresa en equilibrio”.

El funcionario, se refirió además que buscan reducir los costos de la empresa y prometió hacerlo “con todos nuestros empleados a bordo”.  Sin embargo, cabe recordar que, al momento de asumir, Mauricio Macri realizó la misma promesa en torno a mantener los puestos de trabajo y hoy los despidos ascienden a 250.000.

“Si tenemos en cuenta que el promedio del aporte del Estado en la gestión anterior fue de u$s 670 millones, el año pasado logramos bajarlo a u$s 320 millones y este año, con u$s 180 millones, vamos a realizar todas las operaciones y vamos a seguir en este proceso de crecimiento”, explicó Dell Acqua.

El presidente de la empresa, Mario Dell Acqua, descartó despidos, pero la eventual posibilidad de privatizarla. Dice que una prioridad es "reducir costos" estatales.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, aseguró que esa empresa va a reducir costos sin despedir personal, y admitió que "es posible" que la compañía pueda reprivatizarse.

"Reducir costos puede ser viable, va a ser viable y lo vamos a hacer con todos nuestros empleados a bordo", sostuvo el funcionario.

Y añadió: "uno de los compromisos que asumimos es bajar la cantidad de fondos necesarios que el Estado nos aporta. El objetivo es llegar a 2019 con una empresa en equilibrio".

"Si tenemos en cuenta que el promedio del aporte del Estado en la gestión anterior fue de US$ 670 millones, el año pasado logramos bajarlo a US$ 320 millones y este año, con US$ 180 millones, vamos a realizar todas las operaciones y vamos a seguir en este proceso de crecimiento", explicó.

En un reportaje publicado este lunes por un matutino porteño, Dell Acqua admitió, por otra parte, que "es posible" una "reprivatización" de Aerolíneas, pero aclaró: "no estamos de ninguna manera estudiándolo".

El exministro de Economía de Carlos Menem sostuvo que se deben volver a privatizar las empresas estatizadas durante el kirchnerismo e instó a Macri a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo desempolvó la vieja receta y propuso que "todas las empresas que se han reestatizado" durante el kirchnerismo se "podrían privatizar", e instó a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

Cavallo consideró que, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, "subestimaron la gravedad de la crisis heredada por 12 años de kirchnerismo".

Para el ex jefe del Palacio de Hacienda durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, "lo mejor para el país es que haya ganado Macri", pero advirtió que "no estuvo bien preparado" en materia económica.

"Hay que reformar al Estado, por ejemplo todas las empresas que se han reestatizado las podrían privatizar. A las empresas hay que manejarlas con estilo empresario", aconsejó Cavallo, en diálogo con el canal 26.

Insistió en realizar también una reforma monetaria en el marco de "un régimen coherente y un sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso".

"Este régimen ha funcionado de mil maravillas en Perú, dos monedas de competencia que le trajo estabilidad y mayor crecimiento" a ese país, añadió.

Luego le aconsejó al oficialismo: "Traten de ganar la elección (legislativa) de 2017 de la forma como puedan, pero utilicen el año para hacer lo que debieron, tener preparado un buen plan de estabilización y crecimiento".

También criticó a Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano del presidente Macri, porque le recomendó "gradualismo" y no tomar la cuenta la "crisis heredada".

Al respecto, recordó que Durán Barba fue asesor del ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad, quien en enero de 2000 tuvo que dejar el poder por una crisis económica-financiera, hecho de lo que responsabilizó al consultor.

La idea del Gobierno Nacional es que la firma, ahora en manos de YPF, pase a manos de inversores extranjeros. La decisión fue del Presidente y la tomó antes del retiro espiritual de Chapadmalal.

Una nueva idea de Mauricio Macri para que el Gobierno siga en el, por ahora infructífero, camino de atraer inversiones extranjeras. Es que el Presidente dio la orden de acelerar los plazos para re privatizar Metrogas, firma que en la actualidad controlada por la petrolera estatal YPF.

La tarea es sumar más empresas energéticas del exterior como ocurrió en las últimas licitaciones de usinas térmicas de menores dimensiones que fueron ganadas por cuatro compañías que no competían en el mercado local.

Se trata de una decisión tomada antes del retiro espiritual de todo el Gobierno en Chapadmalal y busca también regularizar "cuanto antes" la situación de YPF en Metrogas ya que, la excusa es que. su presencia incumple con la llamada Ley del Gas que impide la integración vertical en el mercado de la energía. Se trata de la ley 24.074, sancionada en 1992, que prohibe a una empresa productora y transportadora como es YPF asumir el control de una compañía distribuidora como lo es Metrogas. En el capítulo 34, referido a las limitaciones, la norma sancionada por el gobierno de Carlos Menem dispone restricciones en la composición accionaria de las empresas que forman parte de la cadena de la industria del gas.

Este artículo fue incluido "para evitar que se originen conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias" y ahora sirve como catapulta para la reprivatización.

Sin embargo, en 2013 y mediante una resolución del Enargas, el kirchnerismo permitió el ingreso de YPF al control total de Metrogas. Hasta ese momento, la petrolera poseía 45,33% de Gas Argentino (GASA), controlante de Metrogas. El 54,67% restante estaba en manos del grupo británico British Gas (BG) que decidió irse del país enfrentado con el gobierno a cargo de Cristina Fernández. De hecho, mantuvo una demanda ante el Ciadi por el congelamiento tarifario. A su vez, GASA es dueña del 70% de Metrogas y el 30% restante se lo reparten ANSeS (8,13%); el personal (10); y acciones que cotizan en las bolsas de valores de Buenos Aires y de Nueva York.

Esa ecuación accionaria cambió por la Resolución 1/2566 D firmada por el entonces interventor del Enargas, Antonio Pronsato, en la cual se argumentó que "no existen obstáculos que impidan aprobar la compra". Se dijo que los objetivos de la Ley del Gas no eran violados por YPF y que la operación "redundará en un sustancial beneficio para el usuario del servicio de distribución de gas natural ya que permitirá aplicar a Metrogas una gestión responsable, no solo en lo económico-financiero sino también asumiendo principios sociales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras".

Todas palabras y consideraciones vagas pero que le evitaron al kirchnerismo tener que cambiar la ley mediante la cual el menemismo privatizó Gas del Estado y le dio marco a la regulación del transporte y distribución del gas natural.

Así, YPF pasó a tener control absoluto de una firma con 2,2 millones de clientes en Capital Federal y GBA que, como el resto del sector de servicios públicos, mantuvo los cuadros tarifarios congelados que con los subsidios mantuvieron el servicio cerca de los usuarios.

Cuando el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, asumió su cargo, designó a un ex titular de Metrogas y por ese momento a cargo del área de gas de YPF, al frente del Enargas. Desde ese puesto, David Tezanos reemplazó a Pronsato, ligado al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y trató de cumplir con la premisa de recuperar la institucionalidad del ente.

En este marco también se suma la orden de normalizar el Enargas y designar a sus miembros por concurso. Como parte del mismo sendero, el gobierno de Macri intenta enterrar esta serie de particulares interpretaciones sobre el monopolio que tiene YPF al ser protagonista de toda la cadena del sector, participando de la producción, el transporte y también de la distribución del gas natural.

El directorio de YPF ya fue informado de la decisión y hasta se asegura que hay ya varios grupos extranjeros "mirando las carpetas de Metrogas".