Sin diferencias: Larreta y Bullrich salieron en coro a respaldar la represiÃģn de Morales

Los precandidatos del PRO apoyaron al gobernador de Jujuy y calificaron a los manifestantes, docentes y comunidades indígenas, de “mafias y delincuentes”.

En tÃĄndem, y dejando de lado las chicanas y cruces que vienen protagonizando en una tensa interna, los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, salieron a dar muestras de apoyo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego de la represiÃģn contra docentes y comunidades indígenas se volcaron a las calles a manifestarse en contra de una reforma constitucional aprobada entre gallos y medianoche.

“Gerardo viene trabajando hace aÃąos por una provincia democrÃĄtica y pacífica que le dijo basta a las mafias. JamÃĄs se dejÃģ atropellar por un sistema corrupto y mafioso”, sostuvo Larreta en un intento de justificar la represiÃģn contra las comunidades originarias.

“EstÃĄ poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren avasallarla”, siguiÃģ Larreta en su respaldo a Morales, citando el tuit en el que el mandatario expuso informaciÃģn privada de una persona detenida y mezclÃģ la represiÃģn en Purmamarca con el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

“Las protestas violentas y atentar contra los derechos de todos los jujeÃąos nunca serÃĄ el camino”, cerrÃģ Larreta al condenar las protestas que rechazan la reforma constitucional que va en contra de un derecho, el de la protesta.

En la misma estrategia de estigmatizar a los manifestantes, la ex ministra de Seguridad tampoco se perdiÃģ la ocasiÃģn para reivindicar la represiÃģn policial.

. “Discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logrÃģ la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver”, sostuvo la ex ministra de Seguridad –responsable del operativo represivo que terminÃģ en la muerte de Santiago Maldonado-.

Las comunidades originarias estÃĄn reclamando por la amenaza que significa el artículo 36 de la reforma constitucional para el avance de emprendimientos privados sobre sus tierras ancestrales, que el gobierno de Morales se niega a reconocer a pesar de ser un derecho constitucional.

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