El acuerdo fue suscripto por el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, y el titular del Colegio de Abogados de la Provincia, Rodríguez Basalo.

Así el gobierno provincial asume los costos de la asistencia jurídica a aquellas víctimas que sufran algún delito en el territorio bonaerense y, por cuestiones económicas, no pudieran acceder a un abogado.

La Provincia se hará cargo de la mitad de los honorarios que debiera afrontar la víctima, y el Colegio de Abogados no cobrará las tasas correspondientes en estos casos, lo que posibilitará que quienes utilicen este servicio de acceso a la justicia brindado por el gobierno provincial, no deban abonar dinero alguno por la asistencia.

“A los abogados intervinientes se les brindará una capacitación específica y cobrarán, por parte del Estado, el cincuenta por ciento de los honorarios que le corresponderían si la víctima hubiese pagado”, explicó Casal.

Además, agregó que “se les abonará, en concepto de adelanto, cinco ius destinados a viáticos y otros gastos”. Según se informó, la asistencia gratuita se podrá tramitar ante alguno de los Centros de Protección a la Víctima ubicados en el territorio bonaerense, que dependen del Ministerio de Justicia.

En tanto, el Colegio abrió un registro para inscribir a los profesionales que quieran participar de este programa de defensa y asistencia jurídica a víctimas.

Podrán inscribirse en forma voluntaria los abogados que posean su matrícula profesional al día, y reúnan los antecedentes, condiciones y requisitos que determine la entidad profesional.

El proyecto es parte del programa "Casas por Cárceles" de las Naciones Unidas, y fue presentado en el distrito de Florencio Varela por el Ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal y el Intendente local, Julio Pereyra.

El programa apunta a reducir la conflictividad interna de la población carcelaria, y reinsertar a los reos.

De acuerdo con evaluaciones realizadas desde la implementación del Programa, se pudo confirmar una notable reducción del índice de violencia entre los internos de la población alojada, según afirma un informe de las Naciones Unidas.

Se trata de diez nuevas viviendas que se encontrarán en la unidad penintenciaria provincial número 23 de Florencio Varela.

Acompañado, además, del subsecretario César Albarracin y la jefa del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, el ministro explicó que “el Programa que ya lleva construido un total de 178 casas en las cárceles de la Provincia, permite alojar casi 1500 internos.

Se trata de nuevos modelos de detención que impulsa la gestión del gobernador Daniel Scioli, con el objetivo de garantizar la inclusión social basada en tres ejes: trabajo, educación y vínculo familiar/comunitario”.

Las nuevas construcciones, como las ya creadas, alojarán a ocho internos cada una, con condiciones de iluminación natural y artificial, óptima aireación de los espacios, y contacto al aire libre con posibilidad de desplazamiento en áreas verdes de recreación y amplios aventanamientos.

Las Casas por Cárceles promueven la internalización de pautas de conductas basadas en la autogestión, convivencia y reflexión para la cooperación entre pares, y estimula la adhesión de los internos a las actividades espontáneas y/o programas en educación, cultura, trabajo, deporte y recreación.

De este modo, reproducen en el ámbito penitenciario el modelo de vida en el mundo libre, y aportan a las personas privadas de la libertad un trato con sus pares más personalizado, promueven una elevación de su autoestima, la superación de los estereotipos, y una mejor preparación para reinsertarse en un futuro en la sociedad.

En el Servicio Penitenciario Provincial se construyeron 178 casas en dos primeras etapas, que alojan 1492 personas distribuidas en 28 complejos edilicios, lo cual representa el 5% de la población penitenciaria.

Los integrantes del Colectivo de Abogado/as Populares La Ciega, junto a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI) y a la Asamblea Barrial Castelli-Martín, presentaron, ayer, el pedido de declaración indagatoria para Scioli, Bruera, y cinco funcionarios de la Provincia y del Municipio.

Es que, según consideran los familiares de las víctimas de la inundación histórica, a todos ellos se los considera penalmente responsables de las muertes ocurridas el 2 y 3 de abril de 2013 en la capital provincial.

Esta presentación se realiza en la causa principal (IPP 13275/13), a cargo del Juez Guillermo Atencio (juzgado de Garantías N°1), que instruye el fiscal Jorge Paolini (UFI N°8).

Los otros funcionarios sobre los que se solicitó indagatoria son el Ministro de Infraestructura de la Provincia, Alejandro Arlía; el ahora Ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal; el Ministro de Salud de la Provincia, Alejandro Collia; el Secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, Enrique Sette; y el Jefe de Gabinete municipal, Santiago Martorelli.

“Seguramente la semana que viene tendremos una reunión definitiva para que nuestro Congreso Nacional, a partir de la Cámara de Diputados, dé el debate legislativo”.  Así se manifestó el Ministro de seguridad bonaerense, sobre el proyecto de tipificación del delito barrabrava.

En ese sentido resaltó el diálogo y la búsqueda de consensos tras el encuentro que mantuvo junto al jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y el secretario de Deportes, Alejandro Rodriguez; con los referentes del bloque del Frente para la Victoria en el Congreso, la diputada Diana Conti y el diputado Carlos Kunkel.

La iniciativa, lanzada por el sciolismo en abril de 2014, "descansó" en la comisión de Legislación Penal de la cámara de diputados, presididia por Patricia Bullrich, durante un año, hasta los incidentes con la policía en el encuentro entre el club Laferrere y Dock Sud.

Cuando estaba todo listo para ser tratado, desde el propio Frente para la Victoria, la diputada Diana Conti se opuso al proyecto, tras leerlo, por considerarlo "discriminatorio".

“La democracia se construye así y me parece que es muy sano tanto que Diana haya tenido una opinión como también sentarse a una mesa con mucha contribución, junto con otro diputado y nosotros con el gobernador a la cabeza”, aseveró el ministro.

Por último, detalló que la ley “va a tener dos horizontes muy claros, el primero desalentar y erradicar todo tipo de violencia de barras en el fútbol y el segundo, impedir, sancionando severamente a los dirigentes que contribuyan, a que estos barras puedan financiarse”.

Con el tratamiento de un crimen por violencia familiar, arrancan los Juicios por Jurados en la Provincia.

El primero de ellos será en el Tribunal Criminal Nº 5 del departamento judicial San Martín a partir del 10 de marzo. Durante dos días se realizarán las audiencias orales.

Sin embargo, otras 165 causas fueron elevadas a esta modalidad de juicio por jurados, una decena de ellos de toda la Provincia ya tiene fecha, así como los ciudadanos elegidos que darán el veredicto del juicio.

En La Plata, son 16 las causas que están en proceso de ser sometidas a esta modalidad.

Y así serán de aquí en más, con participación de la ciudadanía, los procesos de enjuiciamiento para casos donde la imputación se trate de un delito que supera la pena de 15 años.

Asimismo, están programados otros juicios por jurado, tanto en el interior como en el Conurbano, para desarrollarse en el mes de marzo y abril próximos.

El juicio por jurados se instrumentó a partir de la sanción (en septiembre de 2013) de una ley impulsada por el Ejecutivo provincial, que determina el establecimiento de un jurado popular clásico, integrado por ciudadanos comunes.

“La implementación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires constituye la herramienta constitucional democrática más importante de acercamiento entre la justicia y la gente”, explicó al respecto el ministro de Justicia, Ricardo Casal.

“Consideramos que todo ciudadano es naturalmente capaz para ser jurado, pues la esencia de este sistema es la participación directa del pueblo, con una composición representativa de la sociedad que refleje su heterogeneidad”, completó.

El establecimiento del juicio por jurados le reconoce al imputado el derecho de optar por solicitar que el proceso de juicio se desarrolle o no con la modalidad de jurados.