Rodolfo Tailhade, diputado del FPV, pidió que se incorpore al expediente la "auto condonación de casi medio millón de pesos ejecutada por parte de Aerolíneas Argentinas" al correo, en octubre de 2016.

Lejos de volver a foja cero, Rodolfo Tailhade, diputado del FpV-PJ, presentó en el día de ayer una ampliación en la causa contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Gobierno, por la cual pidió que se incorporé al expediente la "autocondonación de casi medio millón de pesos ejecutada por parte de Aerolíneas Argentinas al Correo Argentino en octubre de 2016".

Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Tailhade denunció que "La auto condonación que se investiga en los presentes actuados no resulta un hecho aislado, sino que resulta parte de un accionar desplegado por el Presidente de la Nación para beneficiar a sus empresas", y agregó: "Esto, como se explicó, se ejecuta a través de los funcionarios designados en los diferentes organismos estatales a tal fin. Y a partir de las órdenes impartidas por el propio presidente de la Nación, como lo reconoció el ministro Oscar Aguad en diferentes ocasiones".

El sitio InfoCielo, agrega que en la misma presentación, el diputado citó un fallo de la justicia brasileña en el que se hacía referencia a la quiebra del frigorífico Chapecó, cuyo 65 por ciento es de la familia de Macri, "Antes, el grupo empresario había seguido la misma lógica que con el Correo Argentino intentando un perdón de más del 90% de la deuda. Allí, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, la propuesta de la compañía a sus acreedores fue rechazada", indicó.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria denunció una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner y presentó un pedido de juicio político contra los camaristas de la Sala II, Eduardo Farah y Martín Irurzun, por la sentencia en la que confirmaron el procesamiento de la ex presidenta en la causa por ventas de dólar futuro.

La presentación fue impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, y lleva también las firmas del jefe del bloque, Héctor Recalde, y de las diputadas Teresa García y Juliana Di Tullio.

Al respecto, Tailhade expresó: “El juicio político a Irurzun y Farah se fundamenta en su condición de encubridores de Mauricio Macri. Procesaron a Cristina Fernández en la causa 'dólar futuro' y sobreseyeron a Macri en la causa 'Lebac'. Ambos encubren a Macri y a un grupo de altos funcionarios que se enriqueció con la devaluación y los contratos de dólar futuro. Y además, encubren a esos mismos funcionarios que se están enriqueciendo con las Lebac y la timba financiera ruinosa para el país”.

“Irurzun es el jefe de la oficina de escuchas que funciona en el ámbito de la Corte Suprema, que ejecutó el espionaje contra Cristina Fernández. Ahora, acaban de darle la investigación del memorándum con Irán, supuesto encubrimiento de AMIA, a Bonadío, encubridor de AMIA. ¿Será por estos favores que Macri premió a Irurzun con un DNU que extendió por 3 años más su mandato en la oficina de escuchas?, denunció el diputado nacional.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro de Tranporte, Guillermo Dietrich, serán denunciados este martes por la venta del 7% de Autopista del Sol que, luego del aumento de peajes autorizado por la gestión Cambiemos, beneficio en un 394% al grupo Sociedad Macri.

El sitio LPO informa que el diputado del FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, presentará el martes una denuncia contra el presidente Macri y el ministro de Tranporte, Guillermo Dietrich, para que se investigue si se benefició patrimonialmente al Grupo Macri por la venta del 7% de Autopistas del Sol a la firma Natal Inversiones. La operación se cerró en u$s 19,7 millones para sumar a Natal Inversiones en la empresa que tiene la concesión del Acceso Norte, la Panamericana y la avenida General Paz.

Sociedad Macri (SOCMA) es la sociedad de la familia presidencial que contiene, entre otras, a la firma Autopistas del Sol. En febrero último, el ministro de Transporte autorizó la suba del 120% de los peajes, llevando las acciones de Bolsa de Autopistas del Sol del 65 al 89, completando una suba del paquete accionario de SOCMA en un 394% desde que asumió (en 2015 estaba a 18).

De esta forma, la gestión de Mauricio Macri como cabeza del poder ejecutivo suma una nueva denuncia por conflicto de intereses, sumada a escándalos como la condonación de deuda por parte del estado al Correo Argentino, la sociedad de Avianca/MacAir en el país, y la constructora Odebrecht, entre otras.

En una decisión polémica, el Consejo de Magistratura aprobó el traslado del ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal. Fue propuesto por Cambiemos. Es una sala clave para casos que preocupan al macrismo, como el pago de sobornos por parte de Odebrecht para el soterramiento del Sarmiento.

Sin embargo, todavía Mahiques no fue aprobado por la propia Cámara, que no acepta su llegada. Así lo hicieron saber los jueces Angela Ledesma y Alejandro Slokar. "Es un escándalo cubrir así una vacante cuando hay un concurso en trámite sin poder terminarse”, aseguró el diputado y representante del Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura, Rodolfo Tailhade.

Antes de ser ministro de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, Mahiques se desempeñó en el tribunal de Casación porteño. En 2015 fue cuestionado por su desidia en el expediente que debía investigar la represión de la policía Metropolitana en el hospital Borda. Esa causa salpicaba al ex jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su segunda, Vidal.

La Cámara Federal, a la que aspira Mahiques, tiene casos sensibles para el oficialismo nacional como la investigación por supuestos sobornos pagados por la brasileña Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. En esa licitación participó la empresa argentina IECSA, manejada por Ángelo Calcaterra, primo del presidente.

Los diputados nacionales del FPV-PJ Héctor Recalde y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia contra el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por los pagos que recibió de parte de Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el caso de corrupción Lava Jato.

Los legisladores señalan las contradicciones entre los comunicados emitidos por Arribas el 11 y el 24 de enero, donde atribuye la transferencia de 70 mil dólares a la venta de un inmueble en Brasil y que fue ratificada luego por el presidente Mauricio Macri, y sus declaraciones ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Allí, según informaron diferentes medios periodísticos, el director de la AFI cambió completamente su versión de los hechos y dijo que la transferencia a su cuenta correspondía a la venta de “muebles y cuadros”.

También hacen hincapié en el comunicado difundido por Arribas el 3 de febrero de este año. Dentro de las cuestiones que aún quedan por investigar, Recalde y Tailhade se preguntan: “1) por qué el documento por la supuesta venta de los muebles tiene fecha de suscripción el 19 de enero de 2017 pero señala que la operación se llevó a cabo en 2013; 2) por qué el supuesto comprador de los muebles, Atila Reys Silva, no aparece en la escritura de venta del inmueble; 3) por qué la certificación del documento de venta de muebles se realizó en Belo Horizonte, ubicada a 600 kilómetros de la ciudad de San Pablo, lugar de la presunta firma”.

Los diputados sostienen que la fecha del documento que acredita una venta de muebles que habría ocurrido cuatro años antes “resulta una evidencia irrefutable de una versión armada, ficticia e insostenible. No puede entenderse cómo el 24 de enero Arribas insistía con que Meirelles le transfirió us$ 70.500 por la venta de un departamento, cuando cinco días antes se había firmado el documento que daba cuenta que se trataba de la venta de muebles”.

La causa es tramitada en el juzgado del juez Ariel Lijo y la investiga el fiscal Federico Delgado.

La intendencia de Malvinas Argentinas, a cargo del jefe comunal Leonardo Nardini y el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) radicaron hoy dos denuncias para que la justicia cite a declarar en forma “urgente” al periodista deportivo, Guillermo Salatino, para que brinde información y se investigue la veracidad sobre los supuestos saqueos y disturbios – denunciados ayer por el periodista – que supuestamente se realizarían el día de mañana en Los Polvorines.

Tras desmentir cualquier vinculación de La Cámpora con los hechos denunciados por el periodista quien ayer en su cuenta de twitter afirmó que “su jardinero le había contado que La Cámpora le había ofrecido 800 pesos por ir con palos y encapuchado a saquear mañana en la localidad de Los Polvorines”, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) acompañado por el concejal de Malvinas Argentinas radicaron hoy una denuncia en la Fiscalía de dicho municipio, para que la justicia cite e investigue la denuncia del periodista.

El escrito presentado este mediodía, en la fiscalía a cargo de la fiscal Alejandra Burgues, solicita que se convoque de inmediato a prestar declaración testimonial a Salatino a efectos que a) Explique detalladamente las circunstancias en que tomó conocimiento de los hechos b) Brinde el Nombre, Apellido y domicilio del jardinero que habría recibido la propuesta y C) aporte las pruebas que tiene, según el mismo afirmó tener en su cuenta de twitter.

En este marco, a través de la misma red social, el diputado nacional del FPV le aclaró a Salatino que "La Cámpora no tiene nada que ver con la violencia ni con prácticas mafiosas. Nuestra única propuesta es la política y la paz". Asimismo, le señaló que "es falso lo que el "jardinero" le dijo" y le remarcó que "resulta indispensable que aporte los datos del jardinero", ya que "si verdaderamente se preparan saqueos, podemos evitarlo", expresó.

Por su parte, la denuncia realizada por la intendencia a cargo de Leonardo Nardini, fue radicada en el fuero federal de San Martín y quedó en manos del juez federal Emiliano Canicoba Corral.

El testimonio de Salatino en la justicia es fundamental para colaborar en la investigación por posible delito de “sedición”. Asimismo, en caso de comprobarse la falsedad de los dichos del periodista, sus dichos configurarían el posible delito de "intimidación pública".

Ambas solicitudes presentadas a la justicia para que se cite al periodista a brindar su testimonio y verificar la veracidad de sus dichos, fueron presentadas con carácter de "urgente" ya que los supuestos hechos descritos por Salatino se materializarían mañana martes 20 de diciembre.

Esto lo que publicó el periodista en su cuenta de Twitter

Contestación del diputado Rodolfo Tailhade.

Escrito presentado por el diputado Tailhade este mediodía, en la fiscalía a cargo de la fiscal Alejandra Burgues.

El plenario del Consejo trató un dictamen de desestimación que presentó la consejera representante de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Adriana Donato, que en línea con los representantes de Cambiemos consiguió que se descartara la denuncia contra Bonadio. Esta desestimación se suma a las 11 que ya realizó, en lo que va del año, el órgano encargado de evaluar el desempeño de jueces.

Bonadio acumuló a lo largo de su carrera 78 denuncias, 11 de estas fueron desestimadas este año con la nueva conformación del Consejo de la magistratura. En tanto solo 7 siguen vigentes.

La desestimación que acompañó el oficialismo fue rechazada por los consejeros Virginia Garcia, Rodolfo Tailhade, Ruperto Godoy y Jorge Daniel Candis. Asimismo la Jueza Vázquez se abstuvo.

Este beneficio se suma al que obtuvo en el plenario anterior donde tres causas contra Bonadio que llevaba el consejero Héctor Recaldae, tras su renuncia a la banca del Consejo y el siguiente corrimiento de Thailade de la comisión de Disciplina y Acusación, recayeron de forma arbitraria en el diputado nacional Pablo Tonelli.

El consejo de la Magistratura también se expresó sobre las amenazas contra la jueza Martina Forns y Alfredo López, sin embargo equiparó los hechos.

En este sentido, el consejero Tailhade calificó como “una burla que se prentenda equipar” a los dos jueces, ya que en un caso “estamos hablando de una granada en la esquina de la casa de una jueza”, y en otro, “de un juez que convocó a una marcha en su favor porque si no renunciaba, lo que demuestra que es incapaz de mantenerse independiente”, expresó el diputado del FpV en relación al Juez marplatence que tuvo a cargo por unos días la investigación de los piedrazos al presidente Mauricio Macri.

Asimismo señaló que la Jueza recibió amenazas, por lo que los hechos “no pueden ser soslayados por el consejo” y cuestionó a los periodistas “que apretan a los jueces” y puntualmente se refirió a Joaquin Morales Solá “quien adelantó el fallo de la Corte”, sobre las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido Virginia Garcia sostuvo que hay que ”prestar atención”, ya que existe “un plan intimidatorio para quienes no acompañan medidas que impulsa este gobierno”, en tanto relacionó el fallo de la corte con un caso de “violencia institucional” por la manera en que el máximo tribunal se refiere a la jueza.

Con respecto a López Tailhade agregó que “convocó a una marcha en su favor y solo asistieron 30 neonazis”, en tanto sostuvo que de la movilización participó Carlos Pampillon.

Pampillón fue señalado como quien habría organizado al grupo de ultracatólicos que se colocaron en las escalinatas de la Catedral Metropolitana para “custodiarla” ante la presencia de mujeres que reclamaban por sus derechos.

Finalmente Tailhade propuso exhortar a la Corte Suprema a que “deje de apretar a los jueces”, y señaló que Carlos Rosenkrantz fue el autor de de ese fallo que “desprestigia” al propio tribunal ya que “cuestiona a la jueza Forns por no tomar un posición definitiva cuando la propia corte se hizo la tonta”, concluyó.

Imágenes de la sesión:

A pedido del consejero Pablo Tonelli, que solicitó ocupar un lugar en esa comisión y desplazar a Rodolfo Tailhade de su participación en la comisión, la mayoría del consejo votó, en plenario, por correr al representante del FPV .

Tailhade ocupaba un lugar en esa comisión tras haber reemplazado al presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. "Se trata de una cuestión política", argumentó el diputado del FpV quien explicó que no existe en el reglamento fundamentos para que lo "corran" de la comisión.

Asimismo relacionó la decisión "arbitraria" del consejo con el hecho de que la comisión lleva adelante dos causas contra el juez Claudio Bonadio.

"Recalde llevaba dos causas contra Bonadio, por eso me quieren correr", sentenció y pidió que los magistrados Cabral y Moldes expusieran sus fundamentos. Sin embargo ninguno de estos dos consejeros se pronunciaron al respecto pese a que votaron a favor de la remoción de Tailhade.

La representante de los jueces, Gabriela Vázquez, y el consejero Jorge Daniel Candis votaron al igual que el bloque del FPV en contra de la remoción del nuevo consejero argumentado que debe haber un “equilibrio de fuerzas políticas” en todas las comisiones.

De esta forma, Tonelli, ocupará un lugar en la comisión de Disciplina y Acusación y Tahilade ocupará un lugar en la comisión de Administración. Por lo que el FpV no tendrá representación en la comisión que debe evaluar el accionar de los jueces.

Por otro lado el consejo de la Magistratura eludió un pedido de la senadora Virginia García de solidarizarse con la Jueza Martina Forns por las amenazas que recibió tras haber fallado en contra de los tarifazos. Asimismo Tonelli descartó que las amenazas contra la jueza tuvieran relación con las declaraciones que el ministro de Energía, José Aranguren, realizó durante su exposición en el Congreso de la Nación.

Los consejeros también aprobaron que la jueza María Gabriela Lanz, pareja del empresario español Valentín Temes Coto, procesado por traficar cocaína, subrogue el juzgado federal N° 6, pese al pedido de certificación de los consejeros del Frente para la Victoria.La jueza tiene aún una causa abierta donde está sospechada de lavado de activos provenientes del narcotráfico y donde se pidió su indagatoria.

Temes Coto, es un empresario que desde hace 13 años está preso acusado de integrar una organización que intentó traficar a España 3350 kilos de cocaína ocultos en cargamentos de manzanas.

La mayoría del consejo también aprobó el dictamen por el cual se propuso designar al titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, Federico Calvete, como magistrado subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, hasta el 30 de noviembre de 2016 bajo la ley de subrogancia 26.376.

En este punto la senadora García resaltó lo arbitrario del tratamiento ya que en el caso de la designación de un subrogante para el juzgado de Primera Instancia de Río Gallegos se designó a la Cámara de Cómodoro Rivadia y no a un nuevo subrogante, pasando por alto la ley de subrogancias que explicita que quien debe subrogar debe ser un juez de la misma jurisdicción y de la misma instancia. De esta manera la senadora santacruceña dejó entrever que en aquella oportunidad hubo un acuerdo político donde se anuló una instancia judicial con afectación directa a los ciudadanos.

En cuanto a la Consideración del anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio financiero del 2017, Virginia García también señaló la incongruencia de Cambiemos, de promover el traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Cíudad de Buenos Aires y de todos modos, aprobar un presupuesto.

Diputados nacionales del FPV-PJ denunciaron hoy ante el Consejo de la Magistratura al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, Marcelo Martínez de Giorgi, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en el marco de lo que fue el pedido de detención de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por la causa “Sueños Compartidos” que tramita en el juzgado a su cargo.

Entre los fundamentos de la denuncia, se remarca que “se trató de un evidente avasallamiento de los derechos de la misma, acto que demuestra una elocuente persecución política, lo que configura un abuso de poder junto con una evidente pérdida de imparcialidad -deberes que debe respetar su investidura- constitutivos de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en razón de lo cual debe ser evaluada su conducta por el Consejo de la Magistratura para ser removido de su cargo”.

Asimismo, se detalla que en dicha causa la asociación presidida por Bonafini “fue tenida como parte querellante”, teniendo “un rol de víctima en la investigación penal”.

En tal carácter, se indica, Madres de Plaza de Mayo “realizó presentaciones, acompañó caudalosa documentación y se presentó en el expediente en diversas oportunidades con el fin de colaborar con el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación”.

Sin embargo, se precisa “el 16 de junio de 2016, de manera intempestiva y sorpresiva, luego de TRES años de investigación, la Sra. Hebe de Bonafini pasó de ser víctima a ser acusada; de ser parte querellante a ser convocada a prestar declaración indagatoria”

“Si por un lado resulta altamente llamativo -por lo arbitrario e intempestivo- el cambio de roles en el proceso penal, la detención que se ha ordenado respecto de la Sra. Bonafini impresiona como un claro abuso de poder, que afecta la imparcialidad del juez y lo hace incurrir sin lugar a dudas en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, continúa el escrito.

En este sentido, señalan “Existían otros mecanismos mucho menos lesivos de la integridad psíquica, física y espiritual de la Sra. Bonafini, para lograr su comparecencia al proceso, sobre todo valorando que ha contribuido a lo largo de la investigación en aportar todo cuanto fuera conocido por la Asociación para el esclarecimiento del caso”.

Entre los denunciantes se encuentran los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, Andrés Larroque, Juliana Di Tullio, Josefina González, Mayra Mendoza, Juan Cabandié, Carlos Castagnetto y Gabriela Estevez.