Contrariando a Macri, San Luis no cree en las metas inflacionarias de la Casa Rosada y mucho menos en el techo del 15% que impuso para la discusión paritaria.

El intendente Enrique Ponce, anunció ayer un aumento salarial de 25% con cláusula gatillo para los empleados municipales.

El aumento será en dos partes, una en abril y la otra en julio, según indicó el jefe comunal al hacer el anuncio en la apertura de sesiones ordenarías del Concejo Deliberante de la capital provincial.

Ponce señaló que habrá una cláusula gatillo en octubre, en caso de que la inflación supere el incremento salarial dispuesto y que el ítem por presentismo pasará de $100 a $500 mensuales.

Actualmente, un empleado municipal en la capital de San Luis con menor remuneración percibe $8.900 y con el incremento llegará a $11.125.

Fuente: Infonews, El Puntano

La Cámara de Apelaciones de San Luis consideró en una causa laboral que las tareas cumplidas por el trabajador después de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo no pueden considerarse extraordinarias

Mientras el gobierno de Mauricio Macri intenta avanzar con una reforma de flexibilización laboral que atrasa un siglo, algunos jueces ya comenzaron a dictar fallos que atentan contra el derecho de los trabajadores.

Así acaba de ocurrir en San Luis, donde la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial consideró que no corresponde abonar como extras las horas trabajadas los días sábados después del mediodía, si no se ha superado la jornada laboral de 48 horas semanales.

“El trabajo efectuado en oportunidad del descanso semanal no es extraordinario y sólo genera el derecho al descanso compensatorio, pero no a un sobrecargo salarial, salvo que el trabajador se vea obligado a tomar por sí la referida compensación, hecho que generaría la obligación del empleador de abonar una paga adicional por su conducta arbitraria”, fundamentó el tribunal puntano.

Los jueces también explicaron que “la remuneración que percibe el trabajador que efectúe tareas en el transcurso del descanso hebdomadario, será similar, en principio, a la habitual, pues existiendo una excepción de carácter general y permanente que justifique el trabajo en tales días, la prestación se convierte en cumplimiento normal del contrato, no resultando procedente ningún recargo, a menos que exista una norma convencional o individual que lo dispusiera”.

De esta manera, se determinó que “las tareas cumplidas por el trabajador después de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo no pueden considerarse extraordinarias por el solo hecho de trabajar en tales días normalmente destinados al descanso, máxime si aquél gozaba de los francos compensatorios y su jornada laboral no superaba las 48 horas por semana”.

El acuerdo fue firmado por todas las provincias, a excepción de San Luis, que no aceptó las condiciones planteadas por el Gobierno nacional. Incluye la aceptación del cambio de la movilidad jubilatoria, que pasa a ser por inflación más un plus no especificado.

El Gobierno de Mauricio Macri anunció esta tarde que el Gobierno logró firmar con casi todos los gobernadores del país el pacto fiscal que ajusta los gastos de las provincias y que se complementará con las reformas regresivas que se tratarán en el Congreso en materia laboral, previsional y tributaria.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, junto a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), el jefe de Gabinete, Marcos Peña, explicó que el pacto “permitirá avanzar en una agenda legislativa que refleje este acuerdo”.

Entre los puntos más polémicos, se encuentra el cambio de la movilidad jubilatoria, que ahora se calculará por el índice de precios. El documento que firmaron los gobernadores dice que deberán “garantizarse aumentos por encima de la evolución de la inflación”, pero en ningún lugar se especifica con qué mecanismos se complementará el ajuste.

Más allá de este plus indefinido, el Gobierno logró lo que quería: cambiar una fórmula de movilidad con una indexación que será más baja que la actual al utilizar el índice de precios general. Con el cambio se calculaba una caída nominal de los haberes de ente el 9 al 13 por ciento el año próximo, lo que implicaría un recorte de unos 100.000 millones de pesos.

“Suscribieron todas las provincias, a excepción de San Luis, que puede sumarse a los firmantes”, acordaron “desistir de causas de coparticipación” contra la Nación, agregó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La administración puntana, a cargo de Alberto Rodríguez Saá, mantiene 14 juicios por fondos coparticipables y pretende continuar adelante, dado que hay diferencias por el fallo que la Corte le dio a favor.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que “la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias”.

Macri no formó parte hoy de las duras negociaciones con los gobernadores, pero sí encabezó el acto de firma cuando el entendimiento ya había sido alcanzado.

“Sé que ha habido incomodidades, pero todos sabemos que tenemos una responsabilidad enorme y no podemos esperar porque hay cuestiones de pobreza y empleo que debemos resolver”, dijo el jefe de Estado, al sentarse a la mesa con los mandatarios provinciales, en un video que pareció haberse filtrado por unos segundos en el canal oficial de YouTube de la Casa Rosada y que rápidamente desapareció.

El presidente se refirió así a las febriles negociaciones que entabló su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores en la última semana después de que se diera a conocer las condiciones del Pacto Fiscal.

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis frenó el aumento de la tarifa de energía eléctrica a municipios de la provincia, que se encontraban encuadrados en la categoría de máximos consumidores por la compañía de distribución de energía local Edesal.

Doce municipios puntanos enfrentan dificultades económicas por el incremento de las tarifas, y el 20 de junio último solicitaron no ser encuadrados en esa categoría que los perjudicaba con altos costos, y que en algunos casos derivaron en el corte del servicio de alumbrado público, como el de la localidad de Concarán.

El abogado Juan Cruz Domínguez, que representó a los Entre los municipios que se vieron beneficiados por la decisión judicial se encuentran Juana Koslay, San Jerónimo, Concarán, Potrero de los Funes, El Volcán, Tilisarao, El Trapiche, El Morro, La Toma, Balde, Alto Pencoso, Beazley y Estancia Grande.

municipios, dijo en declaraciones a la prensa local que “Edesal deberá compensar a los municipios que han pagado las nuevas facturaciones con aumentos, y utilizar los mismos valores que en junio del año pasado”.

El letrado aclaró que “el servicio público tiene que tener un costo mínimo para los municipios, actualmente son cautivos de las tarifas”, y subrayó que “el 30% de los presupuestos se destina sólo para pagar la luz”.

La medida cautelar aplicada por el Superior Tribunal de Justicia beneficiará, en principio, a las localidades que realizaron la presentación, pero puede hacerse extensiva a las comunas que recurran a la vía judicial.

Entre los municipios que se vieron beneficiados por la decisión judicial se encuentran Juana Koslay, San Jerónimo, Concarán, Potrero de los Funes, El Volcán, Tilisarao, El Trapiche, El Morro, La Toma, Balde, Alto Pencoso, Beazley y Estancia Grande.

La histórica medida adoptada por el Gobernador puntano para evitar que 140 trabajadores pierdan su fuente de trabajo. La planta que había cerrado en enero último pasará a ser una cooperativa y se llamará cerámica San Luis.

El Gobierno de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, expropió la fábrica Cerámica San Lorenzo en la localidad de Villa Mercedes para asegurar la continuidad de la producción luego del cierre que habían decidido los dueños.

“Si San Luis hizo el sacrificio y le dio beneficios a algunas empresas, es lógico que se use ese beneficio para el progreso social de la provincia, para crear fuentes de trabajo, entonces para eso se hace. Y por eso, por cualquier causa cuando la empresa abandona, nosotros no abandonamos”, dijo el gobernador, Alberto Rodríguez Saá al anunciar la medida.

La fábrica estuvo cinco meses parada absolutamente, ahora la empresa será administrada por sus trabajadores a través de una cooperativa.

En enero de este año, la planta de Cerámica San Lorenzo comunicó el cierre a sus trabajadores, dejando a 140 operarios sin su principal sustento económico.

La crisis había comenzado hace más de un año, cuando comenzaron los primeros despidos injustificados, licencias médicas no respetadas y un premio por productividad que la empresa no cumplió, según denunciaron los trabajadores. En julio del año pasado, la empresa suspendió por 30 días a 120 trabajadores por la caída de la demanda, lo que se tradujo en una reducción del 25 por ciento de los sueldos de los empleados afectados.

“El motivo que dio la empresa para justificar el cierre es que estaba trabajando a pérdida”, decía Claudio Verri, del Sindicato de Ceramistas. Cerámica San Lorenzo se instaló en San Luis en los `80 y cuenta con plantas en San Juan, Azul y Puerto Madryn. La administración de Rodríguez Saá informó que la empresa mantenía una deuda con el Estado provincial que fue utilizada como pago de la expropiación.

“Es un suceso histórico en San Luis, donde el movimiento obrero, apoyado por el Gobierno provincial, hoy tiene el privilegio de recuperar sus fuentes de trabajo”, dijo Juan Vega, secretario general del Sindicato de Ceramistas.

Los trabajadores buscarán ponerla en funcionamiento en 60 días. Antes de ese plazo, evaluarán las necesidades técnicas y de insumos para entrar en funcionamiento, con un aporte que les hará el Gobierno provincial. También, hasta que la fábrica empiece su proceso de ventas, la Provincia les adelantará un salario mínimo, vital y móvil.

“Al cabo de un año, si todo salió bien y la cooperativa logró la viabilidad económica y financiera de la planta, la fábrica pasará a ser de los trabajadores”, explicó Rodríguez Saa.

A diferencia del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, El Gobernador de San Luis anunció un importante aumento para todos los docentes y trabajadores de la administración pública de su distrito. 

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció hoy un aumento de un 38% para los salarios más altos de la administración pública del distrito y de un 60,7% para los más bajos, entre los que se encuentran los que reciben los docentes de la provincia.

Se trata de un aumento de un 38% para los salarios más altos de la administración pública de San Luis y de un 60,7% para los más bajos, entre los que se encuentran los que reciben los docentes de la provincia.

Rodríguez Saá continúa ejerciendo políticas públicas y posicionamientos políticos que lo ponen en la vereda de enfrente a la del Gobierno nacional. Ahora anunció un salariazo para los docentes y los trabajadores de la administración pública provincial, en medio del conflicto docente que afrontan María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

"Este aumento salarial no me va a frenar la obra pública en la provincia. “Los números de la Provincia de San Luis dan para tales aumentos", aseguró en diálogo con Radio 10.

 

El Presidente se hizo presente en esa provincia con el objetivo de mostrarse rodeado de adultos mayores pero fue abucheado por la ciudadanía, que condena sus políticas de ajuste y su intento de ajustar las jubilaciones. En el aeropuerto lo recibieron militantes de ATE con globos negros y carteles con leyendas como “Macri devolvé la pesada herencia”. Mirá el video.

El mandatario nacional, Mauricio Macri, arribó hoy al aeropuerto de San Luis con el objetivo de reunirse con un grupo de adultos mayores, luego de su intento de ajustar las jubilaciones. En el aeropuerto no fue recibido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá – con quién está políticamente enfrentado- si no por un grupo de militantes de ATE que rechazan las medidas de ajuste del gobierno.

Segùn informó Pàgina12, los militantes tenían globos negros, carteles con leyendas como “Macri devolvé la pesada herencia” y también gomas para quemar, pero la policía local impidió que lo hicieran.

Además, como es habitual, Macri evitó todo contacto con la gente que no fueran los jubilados que estaba arreglado que participaran de su acto, pero al arribar al centro de jubilados, una multitud – que se había concentrado en la calle- lo abucheó al grito de “vendepatria hijo de puta”.

Esta semana, el Mandatario había intentado ajustar las jubilaciones cambiando el método de cálculo de la movilidad previsional, pero debió dar marcha atrás con la medida frente a las fuertes críticas de todos los sectores.

Desde la aprobación de la ley de movilidad previsional en 2009, a los jubilados nunca les fue tan mal como durante su primer año de gestión. De acuerdo a la medición de precios del centro de estudios Cifra, de la CTA, que promedia datos oficiales de nueve provincias, en  2016 los jubilados sufrieron una pérdida record frente a la inflación, ya que obtuvieron aumentos de haberes por el 31,68 por ciento, mientras que la inflación escaló a 40,7 por ciento.

Desde la implementación de la movilidad previsional hasta 2015, los jubilados tuvieron una suba extraordinaria de su poder adquisitivo. En ese período recibieron incrementos por un acumulado de 523,06 por ciento contra la inflación acumulada quedó en 289,21 por ciento. De eso resulta que un jubilado pudo comprar con su haber en 2015 un 60 por ciento más de productos que en 2009.  Durante la gestión kirchnerista, sólo en 2014 la inflación le ganó a las jubilaciones.

Macri aseguró que “el nuevo índice de movilidad va a estar por arriba de la inflación” y batió el parche de que “hemos logrado poner la inflación bajo control y necesitamos seguir así para que en 2019 estemos definitivamente por abajo del 10 por ciento”. No habló de las exigencias del Fondo Monetario Internacional que no sólo incluyen cambiar en método de cálculo del aumento de las jubilaciones –cosa que trató de hacer y no pudo- sino también reducir el haber jubilatorio en relación al salario promedio obtenido durante la última parte de la vida laboral activa.

La empresa confirmó que despedirá a sus 70 empleados en San Luis y acusó que su producción se vio perjudicada por las medidas de Cambiemos.

Los trabajadores de la fábrica Alpargatas, en San Luís denunciaron que están por quedarse en la calle. El secretario general de la Asociación Obrera Textil en Villa Mercedes, Rodolfo Garciarena, anticipó que aproximadamente ochenta empleados “comenzaran a recibir sus telegramas de despido entre el miércoles y el jueves" próximo y que el viernes "recibirían el pago de sus indemnizaciones”.

La extrema medida se debe la baja de producción por la apertura de las importaciones ya que sus dos actividades principales (calzado y textil) se vieron muy perjudicadas.

Alpargatas es la fábrica en la que se hacen las zapatillas Topper. “Es lamentable la situación que estamos viviendo en San Luis, ya es la segunda fábrica que cierra en menos de una semana y vemos la inacción de los gobiernos tanto nacionales como provincial para conservar las fuentes laborales”, dijo Garciarena.