Los negocios de Quintana: procesaron a un ex funcionario macrista por favorecer a Farmacity

Sigue el escándalo en torno a la empresa Farmacity, que está vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Primero, la firma recibió el visto bueno del gobierno de María Eugenia Vidal para que pueda operar en provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Ahora, procesaron a un ex funcionario macrista por proteger a la sociedad.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos, quien procesó a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud. Se lo acusa por una supuesta protección a Farmacity, al demorar y luego negarse a sancionar a la cadena.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

No es el primer escándalo que rodea a Farmacity, que empieza a hacerse sentir al interior de la coalición Cambiemos, cada vez más complicada por casos de corrupción. La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. Después del anuncio de Casal, las acciones de Quintana aumentaron su valor. Total normalidad.

Un rato después, los concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires hay una verdadera rebelión de los farmacéuticos que se sienten perjudicados con la llegada de la cadena.

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Imputan a Aranguren y a Laura Alonso por las represas de Santa Cruz

Lo dictó la fiscal federal Paloma Ochoa por supuesto "conflicto de intereses e impacto ambiental" en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz.

El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, junto al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron imputados por la fiscal federal Paloma Ochoa por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.

La denuncia, que recayó ante el juez federal Sebastian Ramos, había sido presentada por el senador Fernando “Pino” Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale.

Por ello, Sebastián Ramos, pidió que se investigue si los funcionarios de Cambiemos incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". Los denunciantes también detallaron que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y, el 27 de enero de 2016, fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.

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