Hoy comenzará a tratarse en Senadores el proyecto de ley impulsado por María Eugenia Vidal que declara la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. Y todo indica que la iniciativa propiciará un nuevo choque entre el Frente para la Victoria y el oficialismo.

Así lo dejo entrever el bloque de senadores del FpV que calificó la propuesta de Cambiemos como "un cheque en blanco para evitar controles en la obra pública".

En concreto, el proyecto apunta a agilizar los plazos para la adjudicación de obras en la Provincia a partir de varias disposiciones que permiten al Ejecutivo eludir mecanismos de control.

El análisis opositor apunta de lleno contra el artículo 3 del proyecto, por el cual las autoridades del gobierno que encabeza Vidal quedarían "exceptuadas de publicar en el Boletín Oficial" las contrataciones realizadas.

Al respecto, desde el kirchnerismo agregaron: "Llama la atención que la gobernadora, quien durante la campaña electoral les prometió a los bonaerenses una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, envíe un proyecto de ley en sentido contrario, al liberar de todo proceso de fiscalización, control y seguimiento a las contrataciones que se realicen".

"Estamos seguros de que dicho objetivo no se cumplirá impidiendo el trabajo de los organismos de control previstos por la Constitución", remataron un comunicado en el que adelantaron su rechazo a la propuesta.

El proyecto original fue modificado en la Cámara baja: se creó una comisión bicameral de seguimiento que estará integrada por tres diputados y senadores, que serán nombrados por los titulares de Diputados y del Senado.

Ese ente podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, que deberá rendir cuentas cada dos meses sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, para evitar una eventual "cartelización" empresarial en lo que tiene que ver con la obra pública.

Además se autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.

No puede terminar de celebrar el massismo bonaerense. Sucede que mientras en el entorno del ex intendente de Tigre se entusiasman por su crecimiento gracias al Niembro Gate, sufrieron una nueva baja en el Senado Bonaerense. Se trata de Diana Larraburu que ayer oficializó su decisión.

Una fuente legislativa explicó que la decisión la adoptó luego de que su hermano, el dirigente de Bahía Blanca Dámaso Larraburu, renunció a su candidatura a intendente por esa ciudad por diferencias con el candidato a presidente del Frente Renovador, Sergio Massa.

Según el vocero, Larraburu adelantó que se integrará a la bancada “Perón y Jauretche” que integran Baldomero “Cacho” Álvarez” y Patricia Segovia, otros dos legisladores que abandonaron el bloque del Frente Renovador antes de las elecciones primarias.

De esta forma, el bloque del Frente Renovador quedó conformado con 10 bancas, la mitad de las que tenía el año pasado ya que abandonaron la bancada Fernando Moreira, Alejandro Urdampillera, Héctor Vitale y Carolina Szelagowsky que retornaron al Frente para la Victoria.

Además, Alfonso Coll Areco y Roque Cariglino crearon monobloques; Roberto Costa se sumó a un bloque macrista y Patricia Segovia y Baldomero “Cacho” Álvarez conformaron el Perón y Jauretche.

Durante la última sesión parlamentaria desarrollada en el Senado provincial, se aprobaron una serie de modificaciones de la ley 11.868 del Consejo de la Magistratura.

Los cambios, que fueron requeridos a partir de un proyecto enviado por el Ejecutivo, tienen por objeto acotar los tiempos necesarios para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, sin afectar la normal prestación del servicio de justicia.

De esta forma, se establecerán nuevos llamados a concurso a nivel provincial, por fuero, cargo e instancia de manera periódica. Esto permitirá que el Consejo de la Magistratura, frente a una vacante, disponga de un listado al que puede recurrir y continuar así con el proceso de selección.

Al menos una vez al año el Consejo convocará a examen de oposición de los postulantes (por fuero, cargo e instancia) designando al jurado que recibirá y evaluará las pruebas respectivas por mayoría absoluta de sus miembros. De no poder cubrirse una vacante por lo establecido previamente, el Consejo efectuará una convocatoria a tal efecto.

Asimismo, la sala examinadora dictaminará sobre el desempeño de los concursantes en prueba escrita y se confeccionará un listado de postulantes aprobados; y una vez que se reúnan todos los demás elementos de juicio requeridos el Consejo (ante la presencia de una vacante) evaluará antecedentes, actividad profesional cumplida y procederá a entrevistar a los concursantes.

Este sistema ya se encuentra vigente en las provincias de Córdoba y Mendoza, donde se prevén llamados periódicos a concursos generales de aspirantes a cubrir vacantes futuras.

El actual intendente de Berisso, Enrique Slezack, anunció que no buscará un nuevo mandato al frente del distrito y que, en cambio, optará por competir para llegar a la Legislatura en representación de la Tercera sección.

“Mi plan es llegar a la legislatura provincial y trabajar desde ese ámbito para toda la localidad de Berisso”, aseguró el jefe comunal.

“La decisión ya estaba desde hacía un tiempo y la idea es colaborar con la localidad desde otro lugar”, precisó, según publica Provincia Noticias.

“Cuando me vaya, al próximo intendente le va a quedar Municipio económicamente complicado por el tema del no aumento de tasas”, advirtió a su sucesor, y admitió que se trata de “una cuestión realmente difícil porque hay que esforzarse”.

Al respecto, el senador Patricio García (FPV-PJ) celebró el consenso alcanzado para aprobar la iniciativa.

“Es una reivindicación histórica. Todavía tenemos esos trágicos días donde la represión militar acalló las voces de los compañeros desaparecidos que por derecho genuino habían reclamado y que hoy intentamos restituir”, añadió y ponderó el reclamo de “los militantes, que han sido protagonistas para que estemos avanzando en esta idea”, dijo, al tiempo que ponderó la labor desarrollada por el vicegobernador Gabriel Mariotto.

Antes de ser votado, el proyecto sufrió modificaciones. Fueron excluidos del beneficio los docentes y no docentes, como se los incluía en el proyecto principal, y se incorporó a los jóvenes del plan PROGRESAR.

De esta forma, el boleto Especial Educativo será de carácter gratuito y alcanzará a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior universitario, formación profesional y bachilleratos populares; y no se extenderá el universo de docentes, no docentes y auxiliares de educación de todos los niveles de gestión estatal, incluidos los bachilleratos populares que contemplaba el proyecto original, indicó el Parlamentario, este jueves.

El boleto podrá ser utilizado durante los días hábiles del año escolar y deberá cubrir la totalidad de las actividades educativas. Para acreditar la calidad de beneficiario se deberá contar con una autorización emanada por la autoridad de aplicación que el Poder Ejecutivo designe.

El Poder Ejecutivo destinará los fondos necesarios para garantizar la implementación del Boleto Especial Educativo creado por la presente Ley, aunque la erogación tendrá que ser incluida en el próximo proyecto de presupuesto por lo que la idea, de ser sancionada por los diputados, regiría a partir de 2016.

A su vez, la empresa deberá cubrir el seguro del usuario de este boleto, de igual forma que con el resto de los pasajeros, y se faculta al organismo de aplicación para tomar los recaudos necesarios para evitar que el beneficio establecido no vaya en desmedro del servicio que se brinda al resto de los beneficiarios del transporte público.

En otro orden, los senadores Baldomero Álvarez de Olivera y Patricia Segovia (ex integrantes del Frente Renovador) oficializaron la conformación del bloque denominado “Perón y Jauretche”; mientras que el senador Alejandro Urdampilleta (también ex miembro del FR) pasará a formar parte del bloque FPV-PJ.

En la misma sesión, los bloques manifestaron repudio al veredicto instrumentado por los jueces de Casación Penal, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, magistrados responsables de reducir la pena al violador de un menor, entre otros discutibles fallos.

La Cámara Alta prorrogó por el plazo de dos años la vigencia de la Ley 14.407 que declara en todo el territorio de la Provincia la emergencia pública en materia social por violencia de género, con el objetivo de paliar y revertir el número de víctimas de este flagelo. Además, se manifestó adhesión a las actividades realizadas en todo el territorio nacional bajo el lema #NiUnaMenos.

En el recinto, los senadores aprobaron un proyecto que instituye el derecho de todos los educandos y educandas de los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, a recibir educación sexual integral (en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26.150 y Provincial 13.688).

En esa línea, también se votó una iniciativa que crea un régimen de integración educativa para estudiantes con discapacidades temporales y permanentes, que actualmente cursen en establecimientos de gestión estatal y privada dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que incorpora la estrategia de reducción de riesgos y daños para embarazos no planificados en el programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.

“La aprobación del proyecto que logramos es un avance muy importante para la salud de más mujeres. Necesitamos institucionalizar las consejerías en todos los hospitales y en los centros de salud de de la Provincia para evitar la muerte de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”, afirmó la senadora Mónica Macha, autora de la iniciativa.

El proyecto modifica la Ley N° 13.066 de creación del Programa Salud Reproductiva y Procreación Responsable y crea las Consejerías para la Reducción de Riesgos y Daños en Situaciones de Embarazos No Planificados.

“Con este proyecto buscamos bajar la mortalidad de mujeres a causa de abortos inseguros y está centrado en el derecho a la información,” explicó la legisladora kirchnerista.

Las Consejerías intentarán constituir un espacio de contención y asesoramiento a la mujer en situación de embarazo no planificado, basado en información legal, públicamente accesible y científicamente respaldada, orientada a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer.

“Cargado de un fuerte estigma y culpabilización por su condición de ilegalidad, el aborto es de las principales causas de muerte materna en Argentina. Y son principalmente las mujeres de los sectores populares las que sufren esta situación”, afirmó la senadora de Nuevo Encuentro.

La legisladora, esposa de Martín Sabbatella, reconoció que “Con esta iniciativa queremos replicar la experiencia de Consejerías que implementamos en el Municipio de Morón y donde tuvo resultados comprobados y contundentes”.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el 2013 el 18% de las defunciones maternas en la provincia de Buenos Aires fueron causadas por abortos inseguros.

Como resultado de estas variables, desde hace 20 años, en Argentina mueren alrededor de 100 mujeres por año por abortos inseguros, siendo ésta la primera causa de muerte materna en muchas provincias.

En la provincia de Buenos Aires, la información proporcionada por el Ministerio de Salud, afirma que la tasa de muerte materna oscila en las 30 defunciones por 100.000 nacidos vivos por año, de las cuales, un promedio de 24 defunciones son causadas por la práctica de abortos inseguros.

Tras el receso legislativo, los senadores de la provincia de Buenos Aires volverán a ingresar al recinto para realizar la sesión Preparatoria de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea tendrá lugar en el otro recinto del bicameral Poder Legislativo bonaerense, el próximo lunes 2 de marzo.

La idea del oficialismo es ratificar las autoridades para la asamblea del lunes.

Esto es, que se elija un vicepresidente que no ocupó el cargo en todo el pasado año y, al parecer tampoco, lo ocupará el presente.

El dirigente con posibilidades de realizarlo es el actual Ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

De esta manera aparece en escena la pregunta sobre qué sector de la oposición está dispuesto a acompañar, con presencia o ausencia, esta voluntad del oficialismo.