(por Andrés Fidanza) Mientras se discute cómo se repartirá el recorte entre jubilados, trabajadores y estatales, la AFI volvió a consagrarse ganadora en el reparto presupuestario. Con perfil bajísimo, un poco obligado y otro tanto buscado, la Agencia Federal de Inteligencia logrará en 2018 una suba de casi el 21% de sus recursos para el 2018. Se trata de un aumento pautado de más de 374 millones de pesos. Con Gustavo Arribas ya corrido del foco mediático, y hasta sobreseído de forma exprés en la causa de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht, la AFI macrista sigue acumulando fondos, discrecionalidad y poder.

El aumento presupuestario está 5 puntos por encima de la inflación proyectada por el oficialismo, y que supera ampliamente lo conseguido por otros ministerios y áreas de gobierno. Comparada con los 20 ministerios nacionales, la ex SIDE lograría crecer proporcionalmente más que 17 carteras.

Hace un año, un decreto presidencial habilitó la confidencialidad plena de sus recursos. Y ahora, por segundo año consecutivo, su presupuesto le ganará a la inflación prevista (según el oficialismo, será del 15,7% a lo largo del 2018) y al resto del gasto (un 16%, de acuerdo al proyecto presentado por ministro de Hacienda Nicolás Dujovne).

Si bien la reunión del G-20, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, explica en parte el refuerzo presupuestario, se trata del segundo año de bonanza para la AFI. A fines del año pasado, la ex SIDE se anotó un plus de 355 millones de pesos: o sea, un 24,5% de aumento que la ubicó arriba de la suba integral del presupuesto para 2017 (22%) y de la inflación proyectada (17%). En comparación con la inflación real este año, al que todavía le faltan dos meses y medio, los cálculos oficialistas pronostican un empate en 24,5%.

Ahora, de aprobarse el proyecto del macrismo, volvería a integrar el podio de los organismos más premiados. De los 1.804.468.000 pesos actuales a los 2.178.680.000 previstos para 2018, los 374.212.000 de pesos agregados se traducen en una escalada de 20,74%.

Ese salto es sólo superado, y por muy poco, por el de tres ministerios: Trabajo (22,3%), Educación (21,9%) y Desarrollo Social (21,2%). Las demás carteras quedan bastante relegadas respecto a la ex SIDE: Medio Ambiente sube la mitad que la AFI; y Salud, unos 7 puntos menos.

“La AFI de Arribas y Majdalani va tener el doble de lo que se destina al SEDRONAR. Hay que disolverla y crear un organismo contra el crimen complejo y el terrorismo. Basta de financiar a los Stiuso y otros”, opinó la diputada Margarita Stolbizer.

Hasta mayo pasado del año pasado, se podía conocer el uso de los fondos de la AFI, con excepción de los destinados a tareas específicas de inteligencia. Pero Mauricio Macri eliminó el decreto que permitía el acceso a esa parte de la información: lo hizo por vía del decreto 656.

“No hay que confundir falta de transparencia con que el fondo sea reservado, que no quiere decir sin control”, se justificó Arribas, durante su exposición en el Congreso para defender su postulación. Fue una de sus poquísimas apariciones públicas.

Desde que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó en marzo pasado, concluyendo que no había cobrado coimas de la brasileña Odebrecht, la AFI prácticamente desapareció de la agenda mediática. Macri, sin embargo, la invocó indirectamente y sin buscarlo semanas atrás. Lo hizo al respaldar la teoría del asesinato del fiscal Alberto Nisman, en contra de la voluntad de la conducción de la AFI. Ese deseo de la Agencia no implica que no coincidan con Macri. Al contrario, una parte de la jefatura de la ex SIDE se inclina por esa misma versión. Pero el interés supremo de la Agencia es despegarse por completo de la trama que terminó con esa muerte, haya sido un crimen o un suicidio.

“Es la AFI pasada”, repiten desde la Agencia Federal de Inteligencia, en un intento por separarse de la vieja guardia de espías vinculados al fiscal Nisman, como el mítico Jaime Stiuso.

Pese al planteo refundacional, algunos espías antiguos volvieron por goteo a "la casa": como el director de Finanzas Juan José Gallea, un personaje muy cercano al ex subjefe de la SIDE en tiempos de la Alianza, el abogado Darío Richarte. De la mano del presidente de Boca Daniel Angelici, otro de los dirigentes que intenta influir sobre la justicia, Richarte concretó una suerte de ingreso informal al PRO.

(por Andrés Fidanza) En julio de 2016, el juez Ariel Lijo ordena que se hagan pinchaduras telefónicas online. La causa está centrada en la supuesta complicidad de Oscar Parrilli en la fuga de un narco. El juez Lijo a su vez permite que Agencia Federal de Inteligencia tenga acceso y participe de las escuchas. Vía Oscar Parrilli, gran parte de los audios alcanzan a Cristina Kirchner. En el expediente de la causa se incluye un resumen con transcripciones de las conversaciones. Así, desde octubre, tanto la AFI, como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Parrilli manejan esa información.

Por decisión de Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Parrilli (con Cristina Fernández). Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.

El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el Director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi.

Casi seis meses más tarde, se filtran a la prensa un parte de las escuchas: una edición de los tramos en los que habla la ex presidenta. Nadie se hace cargo de la difusión: ni el juez, ni el fiscal, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Si bien los audios no tienen relación con la investigación por las que fueron autorizadas, generan ruido político y mediático, y hasta denuncias judiciales paralelas contra Parrilli y CFK.

Al momento, el contenido de las charlas no parece demostrar delitos flagrantes por parte de los pinchados. Y en concreto, no tiene conexión alguna con la investigación original: supuesta ayuda de Parrilli, el último jefe kirchnerista de la ex SIDE, al narco Ibar Pérez Corradi, ex prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.

El modus operandi de esta trama muestra un link demasiado estrecho y al borde de lo ilegal entre el poder judicial y la Agencia Federal de Inteligencia. Con la asistencia, por lo menos acrítica, de algunos medios de comunicación. En resumen, se trata del mismo combo por el que, años atrás, se acusaba al kirchnerismo. O más específicamente: se señalaba a un sector de la ex SIDE, más ciertos jueces y fiscales, por su funcionalidad con el gobierno anterior. A fines de 2014, cuando Cristina Kirchner intuyó deslealtad por parte de la vieja guardia de espías, con Jaime Stiuso a la cabeza, empezó el descabezamiento general de “la Casa”. En ese momento se rompió el stato quo sostenido por años dentro de la ex Secretaría de Inteligencia.

Ahora, el sainete de las escuchas es síntoma de un regreso: el de aquella zona oscura. Un espacio de convivencia admitida, normalizada e histórica entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. La víctima, en este caso, como siempre, es una circunstancia. Le toca a Cristina Kirchner, pero ya llegarán otros, de distinto signo político. Y aunque el kirchnerismo haya mantenido inercialmente ese esquema durante años, nada justifica que se repliquen las peores prácticas del apriete y la extorsión.

La vuelta de aquella máquina en bambalinas, en general puesta al servicio de algún sector de la política, tiene más de un nombre propio: el actual director de finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Gallea fue señalado e investigado por su rol en el pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral: la famosa Ley Banelco. Según una pista que nunca se pudo comprobar, la plata para los sobornos habría salido de los gastos reservados de la ex SIDE.

La promesa institucionalista del macrismo, en este punto, sigue pendiente. En realidad, a la fecha no parece existir la menor intención de empezar con un cambio.