Las personas privadas de la libertad alojadas en 57 cárceles y 9 alcaidías departamentales de la provincia de Buenos Aires fueron censadas en la última semana bajo el sistema de viviendas colectivas.

En provincia de Buenos Aires, el operativo se inició el miércoles 11 de mayo y culminó el lunes16 por la noche. En la misma, involucró a 258 censistas pertenecientes al SPB, que fueron capacitados en dos encuentros coordinados por personal del Indec y la Unidad de Gestión y Coordinación Estadística del servicio penitenciario, según precisaron a la agencia Télam.

El cuestionario tuvo diferentes aristas ya que se les preguntó sobre niveles de educación alcanzados; lugar de nacimiento y, en el caso de ser extranjeros, se consultó en qué año llegaron a Argentina; si cuentan con cobertura de salud; si cobran pensiones o jubilaciones; si se reconoce indígena o descendiente de indígenas; si se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros, entre otras cuestiones.

El Censo Nacional de Viviendas Colectivas del Servicio Penitenciario 2022 se realizó en forma coordinada entre el Indec, los ministerios de Economía y de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

¿Qué son las viviendas colectivas?

Son espacios destinados al alojamiento de personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), como por ejemplo: cuarteles, hogares de religiosos, hospitales, hogares de personas mayores, prisiones, campamentos u obradores, residencias de estudiantes, colegios o internados, hogares de niñas, niños y adolescentes y hoteles turísticos. Están reguladas por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, de salud, de educación, entre otras.

¿A quiénes se censará?

Se censará a todas las personas que residen y duermen en la vivienda colectiva 4 días o más en la semana, en calidad de internas / internadas / huéspedes y no regresan habitualmente a su vivienda. En todo el país el censo a las viviendas colectivas culmina el martes 17 por la tarde.

Se realizaron en 12 talleres del Servicio Penitenciario bonaerense. La solidaridad en contextos de encierro.

Durante el año pasado se regitraron 673 casos de torturas en establecimientos penales y comisarias, informó hoy la Defensoría de Casación. La mayoría de las víctimas de los apremios ilegales son mujeres y niños menores de 18 años.

Sólo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias. La Defensoría de Casación informó que durante el 2016 se registraron 673 casos de torturas y tratos inhumanos en dependencias penitenciarias y comisarías, de las cuales sólo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias.

Se relevaron 331 casos de malos tratos, en distintas modalidades: golpes de puño y patadas (226 casos), asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos).

“Resulta especialmente preocupante que en muchos casos las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres (15 casos) y niños menores de 18 años (133 casos), no obstante la prohibición legal y judicial de su alojamiento en comisarías en estos últimos casos”, consigna el informe anual sobre Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos en la provincia, difundido ayer.

Se consignó que en el capítulo de violencia policial sobre un total de 327 casos, 307 son de brutalidad mediante golpes de puños, patadas, ducha fría, entre otros tormentos.

En el mismo sentido se hace referencia en el informe a un muestreo de 33 casos recopilados en el 2016, mediante el programa “Causas fraguadas/armadas”, donde se analizan y describen “patrones sistémicos en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos”.

Con relación a la violencia penitenciaria, se relevaron 331 casos durante el 2016, con distintas modalidades: golpes de puño y patadas (226 casos), asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos). Por último se denunció la falta o inadecuada atención médica en 291 casos.