La familia materna del Presidente vendió por 800 mil dólares un lote de doce hectáreas cercano a Tandil a una empresa a la que el Gobierno Nacional le adjudicó la construcción de una central eléctrica en esa localidad.
Se trata de MSU, una compañía agrícola de la familia Uribelarrea, que ahora se instalará en la estancia de los Blanco Villegas, pese a la protesta de los vecinos. La empresa agrícola, sin ningún antecedente en el área, ganó en el mismo año la licitación para la construcción de otras dos centrales termoeléctricas.
En julio de 2016, en medio del conflicto por el aumento de tarifas y la baja de impuestos para los ricos, el Ministerio de Energía y Minería licitó la construcción de centrales termoeléctricas en todo el país. El plan supuestamente buscaba remediar el déficit energético y aumentar la producción de energía eléctrica, pero venía con sorpresa, publicó el sitio Nuestras Voces.
La licitación, que fue canalizada por CammeSA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista. S.A.), y contó con la participación de inversores provenientes de empresas vinculados al rubro (Genneia, Pampa, Albanesi o YPF). Una flamante empresa, cuya experiencia en el área es nula, fue la sorpresa: la agrícola MSU –que creó la subsidiaria MSU Energy– y tiene como dueño al titular de las iniciales: Manuel Santos Uribelarrea (padre); su hijo Jr., de igual nombre, es el CEO de la empresa. MSU fue la adjudicataria a lo largo del año pasado de tres centrales termoeléctricas que funcionarán en General Rojo (Partido de San Nicolás) , Villa María (Córdoba) y Tandil (Buenos Aires).
La central de General Rojo ya fue construida y está pronta a iniciar sus actividades -pese a las enormes quejas de vecinos y especialistas en salud y ambiente–. Las otras dos, que se erigen en Villa María y en Tandil, fueron anunciadas para noviembre y diciembre.
La familia del presidente vendió sus tierras a la empresa que pretende saquear al estado sin preservar ningún tipo de cuidado ambiental. Esta decisión fue sorpresiva incluso para los propios funcionarios locales que apoyaban la instalación de la central.
La empresa MSU no tiene ningún antecedente en el rubro energético, ya que históricamente se caracterizó por ser una de las empresas tradicionales en producción agropecuaria de la Argentina. Posee campos propios dentro de el país; y tiene un fuerte peso en Brasil, Uruguay, Paraguay, e incluso en Ucrania donde comenzó a instalarse desde hace algunos años.
Tras el anunciado Año de las Energías Renovables, el estado apuesta a lo obsoleto y lo peligroso, también denunciado por éste medio, pese a a que la información escasea y poco se sabe sobre los riesgos que una central de estas características puede acarrear, sorprende que el informe espacio ambiental que debe presentarse para convalidar la instalación de las plantas, no pueda hacerse desde las respectivas ciudades, sino que dependan por ejemplo, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, como es el caso de Tandil; sin que eso implique la participación de distintas Universidades o entes especializados en el tema.
Las centrales Termoeléctricas comenzaron a funcionar en 1870 (logrando algunas modificaciones estructurales cerca de 1920). Desde ese entonces y hasta tiempos contemporáneos, la forma de obtención de energía mediante la utilización de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón no varió en absoluto.
Este tipo de combustión genera como desecho principal el Dióxido de Carbono, logrando un impacto sumamente nocivo para los alrededores, y contribuyendo al renombrado “Efecto Invernadero”.
En otras palabras, el anunciado “Año de las energías renovables” tiene como protagonista a centrales caras, obsoletas y altamente dañinas que de ninguna manera contribuyen, como se intenta imponer, a la creación de nuevas alternativas eléctricas.
“Una de las características en común que tienen General Rojo, Villa María y Tandil es la falta de resistencia que desde los municipios se dio ante la llegada de estas inversiones”. Si recorremos cualquiera de las ciudades, nos encontramos con intendentes de distintas banderas políticas –Ismael José Passaglia (FPV), Martín Gill (FPV) y Miguel Ángel Lunghi (UCR)– que no parecen preocupados por los riesgos posibles que la instalación de estas plantas pudiera ocasionar en sus municipios.
Científicos y especialistas de General Rojo, llegaron a denunciar públicamente, que se ignoraron sus advertencias y sus estudios.
