Organismos de Derechos Humanos respaldaron a estudiantes ante la “criminalizaciÃģn” de Larreta

Referentes del sector apoyaron el reclamo del estudiantado porteÃąo. “Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas” afirmÃģ Taty Almeida.

Organizaciones de derechos humanos respaldaron este lunes a las y los estudiantes porteÃąos que participan de tomas en colegios en reclamo de mejoras en las viandas, soluciones de infraestructura y en rechazo a las prÃĄcticas laborales, y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y “estrategias de criminalizaciÃģn” ejercidas por el Gobierno porteÃąo, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lÃĄpices siguen escribiendo”, dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa realizada en la casa de la Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio de Monserrat.

De la conferencia participaron tambiÃĐn, entre otras organizaciones, HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusÃĄndolos de permanecer en lugares sin autorizaciÃģn”, dijo.

ExplicÃģ que “en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminaciÃģn y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa”.

“Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigaciÃģn de los delitos. QuÃĐ bonita forma de escuchar y encontrar soluciones”, ironizÃģ Almeida.

En tanto, Morales tambiÃĐn se refiriÃģ a la “estrategia inadmisible” de Rodríguez Larreta de “presionar a las familias econÃģmicamente, enviÃĄndole una carta documento para que paguen, cada una, un millÃģn doscientos mil pesos” por supuestos daÃąos al patrimonio escolar.

“El objetivo de este proceso de criminalizaciÃģn es silenciar el reclamo”, advirtiÃģ y definiÃģ la estrategia del Ejecutivo porteÃąo como “jurídicamente inviable y políticamente lamentable”.

Luego, tomaron la palabra varias estudiantes, entre ellas Valentina, de la escuela Rogelio Yrurtia del barrio Parque Avellaneda, actualmente tomado.

“Recibimos mÚltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería”, detallÃģ.

Por su parte, Malena, del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describiÃģ uno de los reclamos estudiantiles: “Estamos 11 horas cÃĄtedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diÃĄlogo, queremos formar parte de las decisiones”.

“Los mensajes de odio que da la ministra de EducaciÃģn (porteÃąa) en los medios de comunicaciÃģn incita a la violencia”, planteÃģ.

Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, ubicada en Palermo, y sintetizÃģ que, en su caso, el “principal reclamo son las pasantías mal implementadas”.

“A muchos les dijeron que iban a hacer un curso y terminaron lavando platos”, graficÃģ.

DespuÃĐs, tomÃģ la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° aÃąo en el colegio Federico García Lorca, de Paternal.

Una noche de la semana pasada, a las 21, llegÃģ un patrullero con dos policías a la casa de Elsa, preguntaron por ella y le mostraron una cÃĐdula por una contravenciÃģn por la toma del Lorca, pero se negaron a entregarle la notificaciÃģn.

“La consigna fue: si no se presenta en la fiscalía en tres días, la llevaremos por la fuerza”, contÃģ la mujer.

En la conferencia de prensa tambiÃĐn estuvieron representantes de la UniÃģn de Trabajadores de la EducaciÃģn (UTE) y la AsociaciÃģn Docente Ademys-CTA.

“MaÃąana realizaremos una medida de fuerza para acompaÃąar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas”, afirmÃģ AngÃĐlica Graciano, secretaria general de UTE.

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Impulsada por Dilma, mÃĄs de 250 referentes mundiales respaldaron a Cristina

MÃĄs de 250 lideresas de 17 países expresaron su solidaridad con la vicepresidenta, en una presentaciÃģn impulsada por Piedad CÃģrdoba, Chantal Moufee y Taty Almeyda.

MÃĄs de 250 mujeres lideresas de 17 países suscribieron un documento en apoyo a Cristina FernÃĄndez de Kirchner ante una “descarada persecuciÃģn” y denunciaron que la causa denominada Vialidad es “un capítulo mÃĄs de la estrategia del lawfare” en AmÃĐrica Latina.

Entre las firmas se encuentran la de la expresidenta brasileÃąa Dilma Rousseff; la senadora colombiana Piedad CÃģrdoba; la periodista espaÃąola Pilar del Río; la filÃģsofa Chantal Moufee, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda; entre otras.

El acompaÃąamiento se realizÃģ mediante una declaraciÃģn que lleva la rÚbrica de las reconocidas mujeres en el que se afirma que la persecuciÃģn a la vicepresidenta “obedece a su condiciÃģn de mujer y lideresa que ha confrontado con sectores del poder y ha irrumpido en la política para ampliar derechos para las mayorías del pueblo argentino“.

“Sabemos tambiÃĐn que las derechas reaccionarias han desplegado una violencia misÃģgina muy particular contra las compaÃąeras que protagonizan y conducen fuerzas progresistas y populares”, expresa el documento.

En ese mismo sentido, se apunta contra “la articulaciÃģn” de “grandes medios de comunicaciÃģn, corporaciÃģn judicial, grupos econÃģmicos y derecha antidemocrÃĄtica para atacar los procesos populares y sus liderazgos”.

“En el caso de Cristina, sobre la base de un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio se ha montado una extraordinaria campaÃąa mediÃĄtica de linchamiento que tiene el objetivo de proscribirla políticamente para debilitar la acciÃģn del movimiento popula en su conjunto y la democracia en la regiÃģn”, destaca el escrito.

TambiÃĐn suscribieron el documento la ministra de GÃĐnero, Elizabeth GÃģmez Alcorta; las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel FernÃĄndez Sagasti.

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