Un nuevo fallo contradijo la polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que consideró semanas atrás que sólo aquellas familias que acrediten no tener fondos para pagar un colegio privado puedan reclamar una vacante en la escuela pública.

Legisladores de la oposición exigen que los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En un fallo sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no puedan abonar la matrícula de una escuela privada.