Juan Carlos Otero fue designado formalmente como el nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Sus antecedentes en la materia.

El organismo se presentó como querellante en la causa que investiga 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior que no habrían sido declaradas en el país por una suma que ronda los 2.600 millones de dólares

Acusan a la empresa de lavado de activos y piden la inhibición de bienes de Macri, González Fraga y Sandleris

El organismo antilavado entiende que la empresa beneficiada por el macrismo simuló su estado de cesación de pagos y además fugó y lavo dinero

Durante todo el año pasado la Unidad de Información estaba al tanto de los pagos que realizó un empresario brasileño de Odebrecht al jefe de la AFI, aunque no se advirtió a la Justicia.

Luego de la información revelada sobre el pago por parte de un operador de Odebrecht, la constructora brasileña investigada por coimas, al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, se conoció que la Unidad de Información (UIF) había recibido una advertencia y datos sobre las cinco transferencias de cerca de US$600 mil realizadas en 2013, pero decidió no investigar al funcionario de Mauricio Macri.

Según lo consignado por el diario La Nación, el organismo encargado de investigar los delitos financieros, como el lavado de activos, recibió una alerta desde el exterior en abril del año pasado por esas cinco transferencias, realizadas por un operador de Odebrecht, Fernando Meirelles, a una cuenta de Arribas en un banco suizo.

Sin embargo, la unidad antilavado, que lideran Mariano Federici y María Eugenia Talerico, ambos nombrados por Macri, decidió no investigar al actual jefe de inteligencia del Gobierno. Ni siquiera consideró informar a la Justicia por esos extraños pagos, salidos a la luz con la explosión del escándalo de corrupción Lava Jato, que involucra a varias firmas brasileñas, entre ellas Odebrecht.

Ante las repercusiones que provocó la información, Arribas emitió un comunicado en el que negó haber recibido esos pagos, que sumarían US$ 594.518, y solo reconoció una de las transferencias, la cual atribuyó a la compraventa de un inmueble de su propiedad de la Ciudad de San Pablo. Además, acusó al periodista Hugo Alconada Mon, autor de la investigación, de pretender involucrarlo en el Lava Jato “de manera antojadiza y temeraria”.

Ante la consulta de La Nación, desde la UIF, lejos de aclarar esa decisión de no investigar el caso, se limitaron a responder que "habiendo revisado la normativa vinculada a nuestro deber de secreto, no corresponde que se haga ningún comentario sobre el tema de consultas".

Ayer, tras la publicación del caso, dirigentes aliados y de la oposición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer pidieron al Gobierno que investigue al jefe de la AFI y que se lo remueva de su cargo.