En situación de alerta, los principales gremios de trabajadores estatales salieron a repudiar los despidos en diferentes organismos y municipios motorizados por Cambiemos en los últimos días.

El titular del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó como "una barbaridad" los despidos y bajas de contratos de empleados públicos que impulsa el gobierno nacional, por lo que advirtió que van a intentar frenarlos por vía judicial y adelantó que evalúan movilizarse.

El gremialista sostuvo que solo existe "una minoría" de empleados públicos que no trabajan y remarcó que el Estado tiene "normas y reglamentaciones que castigan a personas que no cumplen con sus deberes".

En este sentido, el sindicalista consideró que decir que los empleados públicos "son vagos o ñoquis, es una falta de respeto hacia el trabajador", por lo que concluyó que "no se puede generalizar ni masificar de esta manera".

Además, manifestó que "no existe ninguna realidad que determina una revisión seria, responsable y evaluación como corresponde" de los contratos de los trabajadores por parte del Gobierno.

En diálogo con radio Del Plata, el líder de UPCN sostuvo que "hay mucha preocupación" entre los trabajadores públicos por su futuro laboral y describió que se "está comenzando a ver caducidad de contratos" y eso es "realmente una barbaridad porque no se ha evaluado nada".

Por otra parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, advirtió que desde el gremio analizan una medida de fuerza de carácter nacional y dijo que "no" van a "permitir" ni un solo despido o baja de contratos.

"No vamos a permitir ni un solo despido. Nos tocan a uno y nos tocan a todos", enfatizó el gremialista, quien adelantó que desde ATE están analizando tomar "alguna medida de fuerza de carácter nacional".

Godoy contó que en el gremio están "atravesando una situación grave porque tanto en el Estado nacional como en los municipios se están produciendo situaciones de despidos masivos" y reconoció que la situación heredada del kirchnerismo, con contratos precarios, "facilita la decisión" de echar empleados.

"En cada uno de los organismos donde se están produciendo despidos estamos tomando medidas de fuerza en asamblea con los trabajadores y defendiendo este derecho fundamental de la estabilidad laboral", describió el sindicalista, quien añadió que los despidos "de carácter genérico lo único que están haciendo es hacer pagar a justos por pecadores".

También opinó que llamar "ñoquis o vagos" a los empleados públicos "son los mecanismos elementales que se usan para descalificar o desprestigiar a un trabajador" y sentenció que desde ATE "no" van a "permitir que esto suceda".

"No vamos a permitir esta actitud de querer descalificarnos y de querer seguir utilizando al Estado porque se llega al Gobierno y es un coto de caza: soy el dueño, echo a los de otros y pongo a los míos", afirmó en declaraciones a radio Del Plata.

Del encuentro participaron, el jefe de bloque de Diputados del FPV, José Ottavis; el vicepresidente del bloque, Walter Abarca; los diputados Fernando “chino” Navarro, Miguel Funes, Hernán Doval, Ricardo Móccero; y el senador Juan Manuel Pignocco.

Según expresaron en un comunicado del FPV, durante la reunión, legisladores y gremialistas aseguraron la voluntad de que el Ejecutivo provincial pueda tener el presupuesto 2016, y manifestaron la necesidad de avanzar en un endeudamiento razonable y responsable para el funcionamiento de la provincia.

En ese sentido, Carlos Quintana, secretario General de UPCN provincia de Buenos Aires, aseguró “que los legisladores están dispuestos a votar el presupuesto y un endeudamiento debidamente justificado”.

A su vez, Quintana, expresó que “hay preocupación en todos porque se entiende que nuestra paritaria venció el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero tendríamos que haber recibido una propuesta de aumento salarial y no la tenemos”.

Legisladores y gremialistas coincidieron en que “hay un relato mediático que tergiversa el verdadero debate” y pidieron “en seguir avanzando para que la provincia tenga su presupuesto”.

Además, expresaron su preocupación ante la pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores debido a la brusca devaluación, los aumentos de precios y la inflación que repercute en el salario de los bonaerenses.

Finalmente, gremialistas y legisladores del FpV expresaron la necesidad de tener una discusión paritaria que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia.

El gremialista formuló declaraciones después de que Vidal les explicara a los representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), de la Asociación de Trabajo del Estado, la CICOP, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la Asociación Personal Legislativo (APL), que no se podrán discutir aumentos salariales hasta febrero.

“Venimos planteando la necesidad del bono de $ 5.000 con posibilidad de financiarlo y la reapertura paritaria y la gobernadora ratificó la imposibilidad de brindar un bono y que recién en febrero se abriría la discusión salarial con lo cual esto no lleva tranquilidad a las familias de los estatales y comienza a vislumbrar una situación que será conflictiva”, advirtió De Isasi en ese sentido en declaraciones formuladas a radio Provincia.

El dirigente afirmó que "a pocos días de asumir la gobernadora nos reciba es un dato positivo en sí mismo porque implica la apertura a un diálogo como el de ayer de tres horas exponiendo todas las problemáticas como la continuidad de los compañeros contratados y becados, a quienes garantizó el trabajo después del 31 de diciembre”.

“La reunión como gesto político tiene valor positivo en sí mismo, ahora una de las más importantes es la pérdida del poder adquisitivo y allí estamos muy lejos de ponernos de acuerdo y las propuestas no colman para nada las necesidades de los trabajadores”, apuntó De Isasi.

Consultado en torno a la imposibilidad económica que manifiesta la Gobernadora para realizar un incremento salarial, el referente de ATE respondió: “Si se descongela el fondo del Conurbano habría condiciones para pagar el bono de fin de año porque con el 12 por ciento de la deuda que tiene Nación en ese sentido se podría haber pagado”.

En declaraciones radiales, el titular de UPCN, Carlos Quintana, detalló que “luego de la aprobación del presupuesto, comenzarán las comisiones técnicas para tratar en paritarias”.

“No es momento de reclamos, hay que pagar deudas. La problemática de la provincia arrastra desde hace mucho tiempo y el compromiso de la gobernadora fue, en principio, la aprobación del presupuesto, del endeudamiento, para sacar un montón de deudas que quedaron pendientes como proveedores. Luego de la aprobación, que el 29 es la sesión, los primeros días de enero estaríamos empezando con las comisiones técnicas para tratar en paritarias”, concluyó.

"Es como poner al lobo a cuidar el gallinero" sentenciaron desde sectores de la Salud al referirse a la asunción del flamante titular de IOMA, Sergio Daniel Cassinotti.

Cassinotti cuenta con experiencia en el Sector Salud, ya que presidió la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y su respectivo plan privado Accord Salud desde el año 2002 hasta el 2013.

Es por eso que distintos sectores profesionales vinculados a las salud en la provincia reclamaron una mirada sanitarista en la conducción del IOMA y advirtieron que "Cassinotti es el representante de sectores privados con fuertes intereses en la provincia".

Cassinotti, es Licenciado en Relaciones Públicas y cursó la maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social en el Instituto Universitario Fundación ISALUD. También realizó varios cursos de postgrado sobre Administración de Salud, tanto en Argentina como en el exterior.

También dirigió el Instituto Quirúrgico del Callao, gerenció diversas consultoras especializadas en Administración de Sistemas de Salud y estuvo al frente de instituciones relacionadas con la atención y cuidado de la salud desde 1982. Hasta fines de noviembre fue Director Ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini mantuvo una reunión con autoridades locales y representantes políticos del ámbito educativo para establecer una agenda de trabajo y así diagramar respuestas a las problemáticas que atraviesan las instituciones educativas del distrito.

Nardini destacó que “la educación es un tema clave para el desarrollo social de las familias; además es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de su núcleo familiar”. Y agregó, “por mis charlas con los vecinos, sé de primera mano las necesidades de los docentes, de los alumnos y edilicias por eso fue muy importante esta reunión de trabajo”.

En la reunión también estuvo presente la Secretaria de Gobierno de Malvinas Argentinas, María Luján Salgado y el Subsecretario de Educación, Daniel Morard, el Inspector en Jefe distrital, Hernán Rodríguez Colucigno; la Presidenta del Consejo Escolar, Karina Politti; los Inspectores, Laura Podestá y Marcos Polo; representantes del Centro de Formación profesional; integrantes del Tribunal Descentralizado y la Secretaría de Asuntos Docentes; y representantes de los gremios AMET, ADOCBA, FEB, UPCN, SUTEBA, UDA y SOEME.

Los participantes destacaron la presencia del intendente en la mesa de trabajo, como un “hecho sin precedentes” en el distrito.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, recibió ayer a los gremios estatales bonaerenses con el fin de presentarse protocolarmente ante sus dirigentes, recibir sus inquietudes y avanzar en la confirmación de espacios de diálogo entre las entidades sindicales y el gobierno de María Eugenia Vidal.

En este sentido, el funcionario recibió en primer instancia al titular de UPCN, Carlos Quintana y posteriormente continuó el diálogo con el secretario general de ATE, Oscar de Isasi; al secretario general de la AJB, Pablo Abramovich; y al presidente de la CICOP, Fernando Corsiglia, entre otros.

“Le planteamos a los dirigentes gremiales cuales van a ser los ejes de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal que tienen que ver con el estar, el hacer y el escuchar, siempre buscando el diálogo constructivo y el equilibrio entre el Estado y los distintos actores del mundo de la producción y el trabajo”, expuso Villegas.

Acompañaron al ministro el jefe de Gabinete, Federico Bellezze; el subsecretario de Trabajo, Mariano Muñoz; y el subsecretario de Negociación Colectiva del Sector Público, Carlos Di Paolo.

Los gremios ya mostraron una postura belicosa con la gestión Vidal por lo que el acercamiento, además, trató de calmar las aguas y llegar con menos tensión a lo que será las paritarias 2016 que tendrán varios ingredientes económicos que las harán explosivas.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) está en la mira de la Justicia, que comenzó a actuar al son del cambio de época, y jaquea a varios de los principales opositores a la gestión entrante de María Eugenia Vidal

Al momento son 15 las causas penales abiertas en los tribunales platenses que involucran a la totalidad del directorio de la institución –integrado por funcionarios políticos y representantes sindicales de Suteba y UPCN.

Concretamente se habla de supuestas estafas y sobreprecios que habrían ocasionado un daño patrimonial superior a los 2800 millones de pesos en el año 2014 y en el primer semestre de 2015.

Las denuncias impactan de lleno en Roberto Baradel, titular del gremio docente mayoritario bonaerense Suteba y Carlos Quintana, titular de la UPCN Provincia de Buenos Aires.

Sabiendo de la complejidad y del estado público de la situación denunciada por la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), Baradel propuso el tratamiento del tema en el último congreso de su sindicato, que aprobó una declaración en su respaldo y en el de la representante del Suteba.

“Las denuncias son contundentes. Ahora se viene una nueva etapa. Por eso pedimos al presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, una auditoría restrictiva de de los últimos 8 años de gestión. Todas estas denuncias involucran a los gremios con representación en el directorio, como UPCN y Suteba, que son parte primaria de este vaciamiento. Producto de nuestras denuncias estoy siendo amenazado”, dijo a Diario Hoy el médico Idelmar Seillant, presidente de Apioma.

Paro o asueto forozoso. Eso será, según quien lo mire, la protesta que hoy encabezarán los empleados estatales bonaerenses del gremio oficialista Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) luego de que el gobierno provincial no les permitiera pasar el asueto por el Día del Trabajador Estatal a un día hábil.

Este año, la jornada no laboral fijada para el 27 de junio de cada año cayó un sábado y la administración de Daniel Scioli decidió no trasladarla. Se trata de una ley aprobada en 2014 por la Legislatura bonaerense.

El texto nada dice de que los festejos deban ser cambiados de día en caso de caer en un fin de semana, pero el gremio hizo su propia interpretación de la normativa.

La conducción bonaerense de UPCN convocó a la medida de fuerza bajo el argumento de que "existen fundados argumentos para avalar y dar respaldo legal al reclamo, teniendo en cuenta los derechos consagrados en las Constituciones Provincial y Nacional", según publica el diario El Día de La Plata.

La opositora Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió diferenciarse y no sumarse a la protesta. De todas formas, el titular de la filial bonaerense, Oscar de Isasi, defendió la fecha como un logro sindical.

"El 27 de Junio no es cualquier día, porque en esa misma fecha en 1979 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de los convenios 151 y 154, recomendó a los países miembros de la institución la discusión paritaria para los trabajadores estatales", explicó.

En sintonía con lo anterior, remarcó: "Antes de eso algunos decían que éramos servidores públicos, que no teníamos derechos. Por eso, que el estado nacional, el estado provincial y muchos municipios ya estén reconociendo este día, implica una institucionalización más de una lucha de años, que hicieron miles de compañeros".

El 26 de junio de 2014 la Cámara de Senadores sancionó una ley, luego promulgada, estableciendo como "Día del Trabajador Estatal" el 27 de junio, en adhesión a la ley nacional 26.876, aprobada el 2013 en el Congreso y que rige para todos los empleados de la administración pública nacional.

Uno de los gremios mayoritarios de trabajadores estatales, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta de la gestión provincial, por lo que le da un alivio a la gestión de Daniel Scioli

Así la Provincia llegó a un acuerdo sobre la propuesta salarial con uno de los gremios enrolados en la Ley 10.430, al mismo tiempo que recibía el rechazo de otro de esos sindicatos: La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los trabajadores estatales de ATE rechazaron la oferta

y fue su Secretario General, Oscar De Isasi, quien hizo de vocero de la decisión: "se ha mejorado la propuesta en concepto de algunos pedidos realizados desde este gremio, desde lo económico sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que en concepto de anualidad es un aumento del 31 por ciento".

Por otra parte, Adriana Pizarro titular del gremio de empleados ministeriales de Buenos Aires (AEMOPBA), e integrante de FEGePPBA, afirmó que "la propuesta es compleja por cada sector involucrado y además teniendo en cuenta que no se blanquea los gremios la masa salarial que se va a destinar al aumento".

"A los auxiliares de la educación se le propone un aumento importante, aunque insuficiente, pero para los trabajadores del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, un administrativo sin cargo profesional, pasará a cobrar más que un arquitecto o ingeniero y eso también lo tenemos que defender", aclaró.

La propuesta del Gobierno de Scioli incluye que, desde marzo, todos los trabajadores iniciales de la Ley 10430 pasarán a cobrar un sueldo básico de 7 mil pesos con sumas no remunerativas y no bonificables.

Con el visto bueno de UPCN el gobierno encuentra la herramienta suficiente para presionar al resto de los involucrados y debilitar sus potenciales reclamos.

Los estatales bonaerenses enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron, ayer, la oferta de aumento salarial desplegada en la mesa de negociación por el gobierno provincial.

La misma garantizaba un salario inicial de 7.000 pesos para marzo. En estas condiciones quedan ratificadas las medidas de fuerza para el próximo lunes.

El secretario general de ATE-Provincia, Oscar de Isasi, explicó que la propuesta presentada hoy “aumenta 3 puntos en agosto pero mantiene los mismos porcentajes para marzo” por lo que fue rechazada de plano por considerarla “insuficiente”.

Además, rechazó que se trata de una “suma en negro” y que, por tratarse de “una garantía, es a cuenta de futuros aumentos”.

“En las categorías más bajas el aumento anualizado da un 31 por ciento, 9 puntos menos de lo que estamos planteando”, graficó.

Es que los trabajadores del Estado de ATE vienen reclamando que las negociaciones salariales se acerquen a la suma del 40% de incremento sobre el básico.

Según fuentes gremiales, la propuesta incluye una garantía salarial de 7.000 pesos a partir de marzo y 7.300 desde agosto y un incremento del orden del 30 por ciento para aquellos que superen esa cifra.

Además, incluía un aumento en las bonificaciones remunerativas no bonificables que reciben los auxiliares de la educación, los empleados de las secretarías de la Niñez, Derechos Humanos, Adicciones y Patronato de Liberados y el personal hospitalario, entre otros.

Si bien el ofrecimiento fue rechazado por ATE, la Federación de Gremios Estatales (FEGEPPBA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se comprometieron a responder entre esta semana y la próxima si aceptan la oferta.

Los gremios de Fegeppba, ATE y Upcn, solicitaron una semana para responder a la propuesta hecha por el gobierno de Daniel Scioli.

Sin embargo tras las declaraciones de Oscar De Isasi, quedó de manifiesto la voluntad de ATE, que optaría por rechazar la propuesta.