El juez  de La Plata , Luis Arias, comunicó la medida cautelar en la que provisoriamente deja suspendido el cierre de la negociación paritaria con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Fue un pedido de los gremios que no cerraron con María Eugenia Vidal -excepto UPCN y FEGEPPBA-, enumerando una serie de desprolijidades en la metodología.

La semana pasada, el gobierno provincial había dado por finalizada la paritaria tras el sí de UPCN y FEGEPPBA, pero todos los demás buscaron continuar con las negociaciones, no solamente por el escaso -a su entender- 15% ofrecido, sino porque el Estado cometió fallas al momento de negociar. Por eso recurrieron a la justicia, y la respuesta llegó este martes.

Los gremios de trabajadores estatales de ATE, CICOP, CTA y SOEME pidieron el pasado viernes en la justicia de la ciudad de La Plata una medida cautelar para que se dicte la nulidad de la paritaria y se reabra la discusión salarial.

Para ellos, el Ejecutivo "incurrió en vías de hecho de la administración, que violan elementales normas procedimentales". Desde el gobierno provincial minimizaron la cuestión y prometieron mantener el diálogo abierto durante todo el año.

Arias hizo lugar a ese reclamo y por ende le pide al Ministerio de Trabajo comandado por Marcelo Villegas "la remisión –en original o copia certificada- de las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso, como así también de toda otra documentación relacionada con los antecedentes y fundamentos de los hechos expuestos el escrito inicial".

"Asimismo deberá informar el modo de constitución de la mesa de negociación establecida en dicha paritaria, y los parámetros o registros tenidos en cuenta para establecer la proporcionalidad de los distintos representantes que la componen. Todo ello, en el plazo de dos (2) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de tener como base los hechos expuestos en el escrito inicial. A cuyo fin líbrese oficio con copia del escrito inicial para mejor ilustración (art. 77 inc. 1; art. 120 del C.P.C.C.)", se agrega en el fallo.

En ese sentido, también se ordena, "con carácter de medida precautelar, la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa; ello sin perjuicio de la continuidad del procedimiento de negociación paritaria que pudiera llevarse a cabo. Ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial".

Los gremios estatales habían acusado al gobierno de Vidal de haber cerrado la paritaria "sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”.

Los sindicatos apuntaron que al momento de cuantificar el nivel de apoyo a la propuesta del gobierno no se cumplió con el artículo 10 de la Ley 13.453, que establece que “A cada organización sindical con personería gremial, corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos, otorgándosele a cada una de ellas la cantidad de votos que surja de la división entre el número de los afiliados de las mismas y aquel que corresponda al gremio de menor cantidad de afiliados”.

Los gremios detallaron que la última propuesta fue enviada por mail y que los funcionarios esperan que la respuesta llegue por esa misma vía.

"El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica", arremetieron los representantes sindicales.

La respuesta por parte de la justicia platense llegó el día previo a que los gremios de ATE, SOEME, CICOP y AJB, realicen un paro de 48 horas, con movilización a la Gobernación.

Los gremios que rechazaron el aumento propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para los empleados públicos: SOEME, ATE, CICOP y CTA, entre otros, ya buscan la manera de activar sus reclamos por varias vías.

Entonces los sindicatos pidieron una medida cautelar a la Justicia para que el Ejecutivo bonaerense reabra la discusión paritaria, al tiempo que ratificaron el paro de 48 horas previstos para el miércoles y jueves de esta semana que incluirá una movilización conjunta a la Casa de Gobierno.

La presentación judicial de los gremios se dio después de que el Ejecutivo diera por cerrada las negociaciones con los estatales regidos por la ley 10.430, luego de que UPCN y FEGEPPBA aceptaran un aumento de 15,06 por ciento, contenido en un acta con una cláusula que prevé reabrir las negociaciones en julio.

Desde el SOEME, que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, denunciaron que el gobierno de Vidal violó el derecho de fondo que protege a los trabajadores y elementales normas procedimentales con el objetivo de imponer un irrisorio aumento del 15% en dos cuotas.

“Estas vías de hecho son actos nulos de nulidad absoluta y esto queda demostrado por el simple hecho de que se dieron por cerradas las paritarias sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”, dijeron desde SOEME.

La conducción bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Oscar de Isasi decidió esta noche "una huelga activa" de 48 horas para el 16 y 17 de este mes, continuando así "el plan de acción por la reapertura de las negociaciones paritarias", señaló el sindicalista.

La protesta de los estatales provinciales se realizará de forma "activa" el miércoles y jueves de la semana próxima.

La resolución se tomó luego de que María Eugenia Vidal declara cerrada las negociaciones salariales por haber acordado con UPCN un incremento salarial del 15 por ciento para el primer semestre de este año.

La medida de fuerza se realizará de manera conjunta con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y sectores docentes, aseguró el dirigente.

De Isasi también explicó que la ATE provincial aguarda la decisión de los judiciales y legislativos para adherir al paro y que se sumen al conflicto.

La oferta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires consiste en un incremento del 5 % retroactivo a enero y un 10 % en marzo que regirán por el primer semestre de 2016. Al ser escuchada fue aceptada por los dirigentes sindicales de UPCN y de la Federación de Gremios de la provincia de Buenos Aires (Fegepba), que de todos modos convocarán a una reunión de delegados para debatirla, y rechazada por ATE y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.

Antes de un cuarto intermedio, todos los gremios rechazaron una primer oferta del 25% a cobrar en cuatro tramos, que fijaba un aumento del 5 % en enero, 11,2 % en marzo , 16,5 % en julio para llegar al 25 % en septiembre.

Oscar De Isasi, titular de ATE Provincia, destacó la importancia del compromiso gubernamental de hacer una nueva paritaria en julio, pero rechazó "por insuficiente el porcentaje que se plantea como aumento, sobre todo en las categorías mas bajas, porque así se mantiene la desigualdad del piso salarial".

El dirigente denunció además que la oferta "no tiene nada que ver con recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales".

También aseguró que le planteó al gobierno "la creciente olas de despidos" y dijo que el ministerio de Trabajo "se comprometió revisar estos casos".

De la reunión con los gremios, que se realizó en el ministerio de Economía provincial participaron los titulares de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza y de Trabajo, Marcelo Villegas.

En medio de la negociación salarial con los estatales, la gobernadora María Eugenia Vidal derogó el decreto 1916 firmado en su momento por Daniel Scioli que permitía ampliar los descuentos en los salarios de los trabajadores.

“Que existe interés público, en mantener el régimen establecido en el Decreto N° 754/00, ya que la elevación del tope del 20% al 30% cercena el principio protectorio consagrado en el inciso 1° del artículo 39 de la Constitución Nacional”, se sostiene entre los fundamentos explicitados en la derogación.

Este gesto era esperado por los estatales ya que el decreto ampliaba del 20 al 30 por ciento el tope de descuentos en los sueldos de los trabajadores y abría la puerta al ingreso de financieras para realizar préstamos.

De este modo, la gobernadora desaceleró un foco de conflicto que amenazaba con detonar medidas de fuerza por parte de UPCN y Fegeppba. En ese sentido, la gobernadora había acordado tiempo atrás con los gremios “trabajar en conjunto para armar un nuevo proyecto regulatorio”.

En los sindicatos aseguraban que el polémico decreto abría “la posibilidad de que intervengan bancos privados en operatorias que llevan a cabo los gremios y mutuales” y, a modo de ejemplo, afirmaban que esta norma gravaba con el 1° por ciento los procesos administrativos de solicitud de créditos, algo que no hasta ahora no se cobraba.

(DIB)

La ola interminable de despidos de estatales no cesa y todos los días suma nuevos capítulos. La saga de terror, que amenaza con llevarse unos 25 mil trabajadores públicos, tiene un actor que se debate entre la ausencia y el colaboracionismo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que lidera Andrés Rodriguez.

Es que el gremio de estatales cegetista sólo amagó con levantar la voz cuando comenzó el desguace, a principios de enero, luego se reunió con funcionarios de primera línea del gobierno nacional y más tarde, sospechosamente, se llamó a silencio.

Tras las críticas públicas por su actuación, ahora el sindicato publicó un comunicado de prensa en la que se dedica a atacar a ATE, pero no dice nada de los despidos.

“Responsabilidad sindical o vedetismo mediático”, es el título de un comunicado publicado en las últimas horas por UPCN, el gremio que mantiene un llamativo silencio frente a los despidos. Ese silencio se hace más que evidente en el comunicado, donde ni siquiera se los menciona y se habla de “las diferentes acciones” que lleva adelante el Gobierno nacional.

Sin mencionarlo, la nota está dirigida a Hugo "Cachorro" Godoy, el líder de ATE que acusó al gremio de Rodríguez de confeccionar las listas de despedidos de la administración nacional. UPCN menciona a Godoy como “cierto dirigente sindical de desconocida trayectoria en el empleo público” y lo acusa de tratar de “reemplazar su falta de representatividad con medio minuto de aire”.

Según publicó el portal especializado, InfoGremiales, el "Centauro" Rodriguez le pidió a Cambiemos que la revisión de personal no se lleve "puestos" a sus afiliados. Le dijo a los funcionarios que su sindicato no estaba dispuesto a defender a militantes camporistas, ni a afiliados a ATE, pero que quería conservar a sus representados.

Ante la negativa del gobierno nacional, el Centauro acordó que no se tocarían a quienes se hayan afiliado a su gremio hasta 2013. A los demás le soltó la mano.

La segunda parte de la charla con Rodriguez con el oficialismo, al que se sumó rápidamente, giró en torno a la colocación de sujetos de su confianza en distintos organismos, entre ellos IOMA. La escasez de funcionarios y la necesidad de contener un posible foco de conflicto con un gremio que tiene unos 280 mil representados, hicieron que la conversación prospere.

La información de la cumbre entre el gremialista y los funcionarios bajó fragmentada a los distintos organismos estatales. La situación dejó a los delegados expuestos en los casos donde blanquearon la realidad, y aislados, en aquellos lugares donde resolvieron, por la presión de las bases, pelear por reincorporaciones.

La otra maniobra que acordó Rodriguez, para subirle el precio a su sindicato llamativamente silencioso, fue consensuar las listas de los despedidos con algunos afiliados suyos adentro, que a posteriori y por una supuesta actuación sindical, serían reincorporados. ¿Quería ficción?.