Para acelerar el juicio oral a Cristina de Kirchner, se desistiÃģ de una demanda civil por $22.500 millones. Eso habilita pago de costas y tasas por mÃĄs $5.000 millones
La medida fue publicada en el BoletÃn Oficial y es retroactiva al 13 de abril, por lo que quienes hayan abonado peaje durante este tiempo podrÃĄn solicitar su reintegro.
Se trata de Roger Botto, quien habÃa sido designado en 2016. Ahora amenaza con hacerle juicio al Estado si lo desplazan de la administraciÃģn pÚblica
El ministro de Obras PÚblicas adelantÃģ este lunes que “llevarÃĄ a la Justicia” una denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri y el ex ministro de Vialidad, Guillermo Dietrich. “Se pasaron de marketing y grandes anuncios de megaproyectos que despuÃĐs no se concretaban”, sentenciÃģ Katopodis.
Mientras, bomberos y personal de Vialidad Nacional, que depende de su cartera, trabajan arduamente para apagar un incendio descontrolado, el ministro de Transporte usÃģ sus redes para mostrarse descansando en sus vacaciones.
El peor rostro del ajuste. La destrucciÃģn del ÃĄnimo y la esperanza a futuro que brinda la dignidad del trabajo a las personas
Los trabajadores del organismo que depende del Estado Nacional denunciaron que en las Últimas horas 107 personas recibieron telegramas de despido.
Los trabajadores de Vialidad Nacional se declararon en estado de “alerta y movilización” por el cierre de 5 escuela técnicas, que deja en la calle a 300 docentes y 1200 alumnos, en lo que consideran como el comienzo del “vaciamiento y desguace” del organismo nacional, el paso previo a su “privatización”.
El proceso comenzó con la decisión del gobierno nacional, adoptada mediante un decreto presidencial de 2017, de crear la empresa Corredores Viales SA, que habilita la tercerización de las obras viales a empresas privadas con contratos y licitaciones sin control estatal; continuó con otro decreto para vender la sede del primer distrito de Vialidad y avanzó con el cierre de las escuelas industriales y una lista de 200 despidos que circula en el organismo.
La resistencia de los trabajadores de Vialidad Nacional volverá a hacerse sentir hoy con una asamblea en la amenazada sede del 1er distrito de la institución –sobre la Avenida General Paz– contra el cierre de las escuelas técnicas de Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y la virtual que dicta clases a distancia.
Allí participarán todos los gremios del sector: Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional (Fepevina), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Validad Nacional, junto a padres, alumnos y profesores de las escuelas cerradas. La única excepción será UPCN, a la que el resto de los gremios responsabilizan de ser “funcional” a los planes privatizadores de Vialidad.
“Exigimos la inmediata reapertura de las escuelas técnicas en conjunto con la reincorporación y pago a los 300 docentes”, expresó César González, secretario general del Stvyara, a través de un comunicado, donde anunciaron el estado de “alerta de movilización” de los trabajadores de Vialidad.
Los trabajadores del sector ya habían llevado sus reclamos al Congreso, donde solo fueron recibidos por las bancadas del arco opositor. Allí, desde los diferentes bloques elevaron pedidos de informes a Vialidad y hasta un proyecto para declarar de “interés nacional” las escuelas técnicas del organismo nacional para buscar evitar sus cierres definitivos. Aunque las escuelas están cerradas y su docentes ya no cobran haberes.
“Lo que el director de Vialidad hoy ve como un gasto constituye en realidad una inversión, ya que los que se forman luego, su mayoría, ingresan al organismo como profesionales. La realidad es que quieren que todo funcione desde el sector privado, y reducir al máximo nuestro trascendental rol vial que cumplimos para el país”, sumó la secretaria adjunta del gremio, Graciela Aleñá. “Mientras tanto, Vialidad aporta los recursos económicos para mejorar la concesionada Autopista Richieri”, agregó la sindicalista.
Para Aleña, la situación de los trabajadores de Vialidad se complica con cada decisión del Gobierno en avanzar con el desguace. “Todo se ve agravado ante los inminentes despidos de 200 trabajadores que componen la DNV, en el marco de la privatización del organismo”, denunció.
“Venimos realizando protestas y asambleas denunciando la tercerización de funciones y el cierre de nuestras escuelas de formación”, insistió Aleña, ante la carencia de interlocutores. “Hace un año que no tenemos diálogo con Vialidad ni con Iguacel. Hasta diciembre llevamos nuestras problemáticas al Ministerio de Trabajo, pero nunca tuvimos respuestas y ahora tampoco interlocutores”, agregó Aleña ante este diario.
Los trabajadores del sindicato de peajes también salieron ayer al cruce del plan de “corredores viales”, anunciados por Vialidad Nacional. “Que las obras que todo esperamos no signifiquen más desocupación, endeudamiento y rutas inseguras”, reza el volante que trabajadores de los peajes repartían ayer en los accesos a la Capital.
Allí detallan “algunas verdades” que “Iguacel quiere tapar con asfalto”. Entre ellas, que las llamadas “rutas seguras” que promete Vialidad “no contarán con seguridad vial, asistencia al usuario, balanzas de pesados ni postes de SOS”. Y que la asistencia que hoy brindan los concesionarios privados pasarán a manos de los municipios del interior que deberán hacerse cargo, poniendo a disposición “policías, bomberos y ambulancias” de los pueblos. “Queremos que Iguacel diga en qué puestos va a reubicar a estos trabajadores (que pertenecen a los actuales concesionarios privados) y qué tareas van a desempeñar”, sostienen desde el gremio del peaje sobre los puestos de trabajo que se perderían. Algo que ya sucedió en los nuevos corredores viales de Ameghino, Santa Fe y Cipolletti, donde los puestos de trabajo de los concesionarios no fueron contemplados.
Fuente: Página 12
La decisión afecta a los 300 docentes y 1200 alumnos que asisten a las 5 escuelas, repartidas en los distritos de CABA, Santa Fé, Chubut, Tucumán y Santa Cruz.
Las escuelas de Vialidad Nacional ofrecían tecnicaturas de nivel terciario, orientadas al trabajo en la obra pública, que no se dictan en ningún otro establecimiento. Por año cientos de alumnos se reciben e ingresan al mercado laboral como mano de obra calificada en el sector.
“Es terrible porque las escuelas técnicas de vialidad nacional fueron cerradas por la dictadura militar. Hace 13 años por un proyecto que se empezó a crear desde los gremio y por los trabajadores, se reabrió la escuela de Buenos Aires y después después las otras escuelas que están en el interior del país”, explicó María del Carmen Burgos, trabajadora y delegada de la Escuela N° 1, Oreste Casano, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, que funciona un secundario con orientación en construcciones viales.
La delegada también advirtió que a los docentes les adeudan el sueldo y el futuro de los alumnos es incierto ya que no pueden completar los estudios.
“Acá se dicta la tecnicatura superior en obras viales que es única en Latinoamérica, una carrera terciaria que prepara técnicos en obras viales. Cerrar estas escuelas en este momento lo que hace es crear primero un vacío de técnicos nuevamente. Los alumnos hoy se encuentran coartados de la posibilidad de capacitarse en esta carrera y que no pueden ir a tomarla a ningún otro lado”, agregó.
Burgos señaló que la medida del Poder Ejecutivo es “una locura” y denunció que no hay mesa de diálogo con el Ejecutivo. “A algunos alumnos hoy les falta una materia para poder recibirse y no la pueden dar porque están sin docentes”.
“Es un plan estratégico que tiene el Gobierno porque cuanto menos educación haya mas poder van a tener. Son la patria contratista gobernando, tanto a nivel nacional como en Vialidad. Las obras las terciarizan y que cada uno trabaje con su personal. Entonces, ¿para que quieren técnicos capacitado? No les interesa”, indicó.
El resto de las escuelas que dejaron de funcionar son la N°2 en la provincia de Chubut, la N°3 en Tucumán, la N° 4 en Santa Fé y la N°5 en Río Gallegos. Además, la Dirección Nacional de Vialidad tiene una escuela virtual en la que se dicta a distancia la tecnicatura de Técnico Superior en Obras Viales.
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Fuente: Diario Pulse
Será este martes cuando la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo trate el decreto presidencial 794/17, que crea la empresa Corredores Viales S.A.
Los trabajadores de Vialidad Nacional marcharán mañana hasta el Congreso para rechazar la “privatización encubierta” del organismo, luego del decreto que establece la creación de la empresa Corredores Viales S.A., una especie de Vialidad “paralela”.
Mediante el decreto 794/2017, publicado el 4 de octubre en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri estableció que esa sociedad anónima tenga todas las atribuciones de la entidad estatal: “construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional”.
Y lo hará sin ajustarse a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ni a la Ley de Obras Públicas.
El decreto contiene, además, dos artículos que apuntan contra los trabajadores: uno establece que la nueva empresa “mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado”, y el otro que Vialidad podrá disponer la “transferencia” de sus trabajadores a la sociedad anónima, con lo cual perderían la condición de empleados públicos.
Los empleados viales se movilizarán al Congreso alrededor de las 16:00, cuando la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo trate el decreto 794/17.
La Comisión también tiene en agencia otros dos DNU: el 698, con el que el Gobierno puso en marcha la Agencia Nacional de Discapacidad; y el 746/17, que modificó las funciones y competencias de la Agencia de Acceso a la Información, tras la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información pública.
