Mientras Dietrich elude al Congreso, trabajadores marcharon en contra de la “privatización” de Vialidad Nacional

El ministro de Transporte se negó a dar explicaciones ante la Cámara de Diputados sobre el alcance del decreto que crea la empresa Corredores Viales S.A. Miles de empleados viales rechazaron en todo el país la “entrega” del organismo estatal a manos privadas.

Guillermo Dietrich decidió no concurrir hoy a la convocatoria que le había hecho la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, tras la firma del decreto presidencial 794 , que crea Corredores Viales S.A., una empresa que tendrá las mismas atribuciones de la Dirección Nacional de Vialidad.

El ministro de Tranporte adujo “cuestiones de agenda impostergables” para eludir la cita del presidente de la comisión, Sergio Ziliotto (Bloque Justicialista), y el resto de los legisladores que querían explicaciones sobre los alcances del decreto.

El Frente para la Victoria-PJ y otros bloques de la oposición, así como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital) y el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) advirtieron que la medida del Gobierno de Mauricio Macri significa una “privatización encubierta” de Vialidad Nacional.

Miles de empleados viales se movilizaron esta tarde en distintos puntos del país para rechazar esta “entrega” del organismo estatal a la “patria contratista” y oponerse, además, a la venta del Primer Distrito Buenos Aires, una histórica sede Vialidad Nacional con más de 400 trabajadores, donde también funciona la Escuela Técnica de Vialidad.

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Tras privatizar Vialidad Nacional, el Gobierno le presentó el negocio de los corredores viales a la patria contratista

Tras la sorpresiva privatización de Vialidad Nacional, el Ministerio de Finanzas señaló que se llamará a licitación para los corredores viales, a través del régimen público privado. Alentó a los constructores a hacer negocios.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se llamará a licitación para la realización de los corredores viales a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), y exhortó a los empresarios del sector de la construcción a invertir en el programa.

El anuncio lo realizó en la 65ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que reúne a las grandes compañías que integran la llamada patria contratista.

El funcionario oficializó sus planes para los corredores viales un día después de publicar en el Boletín Oficial la creación de Corredores Viales SA, una empresa del Estado que se manejará bajo el derecho privado y que tendrá amplias facultades para construir, mejorar y administrar rutas nacionales. Según denunciaron los sindicatos del sector, es un paso hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje (Sutpa) recordó que el estatuto social de Corredores Viales SA en su artículo cuarto, al igual que la ley de participación público privada, habilita el ingreso de socios privados al negocio. Y agregó que de esta manera el Estado "confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas".

Ante los popes de la construcción, el titular de la Unidad PPP, José Luis Morea, manifestó su confianza en que los contratos para estos proyectos de corredores se firmen en el primer trimestre del año próximo. Adelantó que cada uno va a tener un fideicomiso al que van a dirigirse los flujos que se generen.

Por su parte, Quirno explicó que el PPP ya tiene "unos 60 proyectos" en carpeta "por u$s 26.000 millones". El primer proceso será de 14 corredores viales, que "incluirán 2.800 kilómetros de autopistas y otros 4.000 de rutas seguras".

Según el proyecto de presupuesto 2018, el Estado prevé destinar 253 mil millones de pesos en forma directa a financiar obras de infraestructura. En términos reales, es igual al nivel de 2017. Pero el gobierno aspira a duplicar este financiamiento con el PPP.

Con este negocio en la mano, el presidente Mauricio Macri desembarcó ayer con su gabinete en el hotel Sheraton, donde deliraron de gusto los grandes empresarios que, como la familia presidencial, hicieron fortunas con la obra pública.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les aseguró que el año próximo se invertirá en la obra pública para el transporte 131 mil millones de pesos. Dijo que "gran parte de eso ya está licitado y se está haciendo". Puso como por ejemplo "el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la autopista 19, entre Santa Fe y Córdoba". También dijo que se avanzará "en la construcción de los puentes de Resistencia-Corrientes y Santa Fe-Paraná, entre otras tantas obras".

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que en marzo de 2018 el gobierno lanzará las licitaciones mediante el sistema de PPP para la construcción de ocho líneas de transmisión eléctrica.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que la construcción perdió casi 100 mil empleos en el primer año del gobierno de Mauricio Macri al pasar de 458 mil obreros en 2015 a 365 mil en 2016. Pero dijo que actualmente hay 410 mil trabajadores en el sector y prometió "superar su récord histórico" a fin de año.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, fue uno de los más entusiastas participantes del acto que encabezó Mauricio Macri. Felicitó al juez federal de Quilmes Luis Armella por la decisión de detener al desplazado jefe de la seccional de La Plata de ese sindicato, Juan Pablo Pata Medina, y celebró el rebote de la construcción.

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, consideró que responder al déficit habitacional demandará una inversión en créditos de 1,5 punto del PBI durante una década, lo que dará potencial para crear 330.000 nuevos puestos de trabajo.

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Como en los 90´s: el Gobierno privatiza Vialidad Nacional

A través de un decreto, creó una sociedad anónima en la que asume funciones de Vialidad y abre la puerta a socios privados. Por su parte el Gobierno porteño vendió el edificio donde funciona el organismo. Sus 500 empleados no saben que será de su futuro.

El Gobierno nacional avanza en la privatización del Estado de formas particulares y ahora creó una sociedad anónima que irá reemplazando en funciones a la Dirección de Vialidad Nacional. El mecanismo replica el utilizado en otros organismos, como el PAMI.

En el Boletín Oficial se publicó hoy el decreto 794 del Ministerio de Transporte, que crea la empresa "Corredores Viales S.A.". La misma tendrá la función de "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".

La misma sale al mercado con un capital accionario conformado por el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la S.A. abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa.

"Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes", afirma la norma en sus considerandos.

Pese a tener un discurso a favor dela transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal.

"No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias", especifica la normativa.

Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de sometersea licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.

Ayer los trabajadores del organismo protestaron en las calles porque el gobierno porteño de Horacio Rodriguez Larreta había vendido el edificio donde funciona y no sabían que podía suceder con los 500 empleos que allí funcionan.

Hoy se encuentran con la oscura noticia y desde ATE denuncian un achique del Estado. lo compararon, en un comunicado de prensa, con los intentos de Onganía, Videla y Menem,

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