El apoderado del partido en San Isidro, Luis Sprovieri, presentó días atrás un amparo para pedir la devolución de banners que se colocaron en las calles del municipio, además de mesas y sombrillas, lo que consideró una falta de respeto al "derecho constitucional de difundir las ideas, tal como lo establece el artículo 38 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, fuentes massistas afirmaron que además de los 70 banners secuestrados la semana pasada, otros 30 fueron retenidos en los días posteriores, por lo que Posse deberá devolver la totalidad del material confiscado según lo dispuesto por la justicia.

Tal como revelaron desde el partido de Massa, a mediados de septiembre "el intendente Posse dispuso un espectacular operativo policial para que en nueve puntos de San Isidro y en simultáneo se secuestrara al Frente Renovador todo su material de difusión".

El Juez Laureano Durán del Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, dio lugar hoy al amparo presentado por Sprovieri, y dispuso notificar a la Municipalidad de San Isidro que deberá estar en todo cuanto corresponda a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Electoral Nacional.

Dicho artículo sostiene que "ninguna autoridad obstaculizará la actividad de los partidos políticos reconocidos en lo que concierne a la instalación y funcionamiento de locales, suministro de información a los electores y facilitación de la emisión regular del voto, siempre que no contraríen las disposiciones de esta ley”.

La medida cautelar debe ser notificada por la delegación local de la Policía Federal Argentina; y el apoderado del Frente Renovador aclaró que "en caso de que el intendente Posse no cumpla voluntariamente con la devolución inmediata se avanzará con intervención de la misma Policía Federal".

El senador provincial Sebastián Galmarini sostuvo al respecto: "tenemos el derecho de expresarnos libremente y poder presentar a los vecinos nuestras propuestas como lo realiza cada partido político. Nunca se vivió en San Isidro una campaña con tamaña violencia institucional de parte del intendente".

Según explicaron a Télam desde el Frente Renovador, en San Isidro el bloque legislativo siempre fue de oposición a Posse, pese a que el intendente eligió mostrarse con Massa a nivel nacional debido a los contundentes resultados electorales del tigrense en 2013.

Según un comunicado del FpV, Alejandro Rodríguez, un dirigente territorial del kirchnerismo de William Morris, se encontraba en la puerta de un local partidario ubicado en la esquina de Calandrias y Costaneras, cuando resultó abordado por un sujeto encapuchado que portaba una pistola 11.25.

“No te metás en quilombos”, le espetó este desconocido a Rodríguez y luego disparó sobre el vehículo del militante.

El agresor se dio a la fuga al abordar un auto que lo esperaba cerca del local, y hasta el momento, no pudo ser identificado.

Por este motivo, organizaciones de Derechos Humanos del distrito adelantaron que harán una presentación ante los Tribunales de Morón para solicitar que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, despliegue en el distrito fuerzas federales.

“Queremos que intervengan las fuerzas federales para que se garantice la integridad de los militantes de todos los partidos. Esto no puede seguir así”, señaló en diálogo con Télam Iris Pereyra de Avellaneda, copresidenta de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.

Días pasados, Pereyra de Avellaneda denunció, en los Tribunales de Comodoro Py, que el intendente Acuña incorporó policías exonerados a un cuerpo de seguridad comunal que protagonizó varios episodios de “violencia institucional”.

“Existen en Hurlingham varios episodios de violencia institucional y tienen que ver con esta fuerza comunal que armó (Luis) Acuña. En ese cuerpo hay gente exonerada de la bonaerense y que porta armas de manera irregular”, remarcó Pereyra de Avellaneda.

En esa denuncia se consignaba que Acuña había contratado como jefe de seguridad del Municipio al ex oficial de la Policía bonaerense Gustavo Alberto Contreras, exonerado de esa fuerza en 1996.

Con ese nombramiento, Contreras fue autorizado a utilizar una pistola, lo que constituye, según Pereyra de Avellaneda, “una clara violación a las disposiciones que exige el RENAR para la tenencia de armas”.

“Acuña creó el año pasado el Centro de Operaciones Municipales (COM), un cuerpo que está formado por varios policías que en su momento fueron exonerados por irregularidades. Son gente que amedrenta a jóvenes y persiguen militantes”, señaló la referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Iris Pereyra de Avellaneda es la madre de Floreal Avellaneda, un militante de la Federación Juvenil Comunista de 15 años que fue secuestrado y cuyo cuerpo apareció en mayo de 1976 con signos de haber padecido graves torturas y empalamiento.

En las PASO, Acuña, integrante del Frente Renovador, perdió por 15 puntos ante Juan Zabaleta, el postulante a intendente por el Frente para la Victoria.

Además de estas presentaciones judiciales por abusos institucionales, Acuña afronta una causa por lavado de dinero que está radicada en el Juzgado Correccional y Criminal Número 1 de Morón, a cargo del magistrado Juan Pablo Salas.

En ese expediente, los tres hijos de Acuña, Fabricio, Emiliano y María Silvina, y María Azuzena Ehcosor -esposa de Acuña y diputada nacional por el Frente Renovador- figuran como propietarios de Fasiem, una empresa que no registra ventas ni facturación pero que posee nueve inmuebles en su patrimonio.

La Cámara Alta bonaerense aprobó un proyecto de ley que otorga una nueva función a los defensores oficiales y letrados auxiliares para poder asistir y representar a víctimas de Violencia Institucional. La iniciativa fue impulsada por la legisladora de Nuevo Encuentro Mónica Macha.

“A partir de este proyecto una persona puede recurrir a un defensor oficial para que lo asesore y represente en una causa que lo tenga como víctima de Violencia Institucional. Se trata de un paso más en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la provincia de Buenos Aires”, manifestó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense.

Según el texto de la ley, lo que se busca es que una persona víctima de violencia institucional o sus familiares puedan ser representados en juicio como particular damnificado en el proceso penal en el que se investiguen y juzguen esos hechos.

“Para los sectores populares, que son las principales víctimas de violencia institucional, es problemático el acceso a la justicia. Con este proyecto buscamos que el Estado garantice un representante legal de forma gratuita y cualquiera sea la condición social de la víctima”, declaró la senadora aliada al kirchnerismo.

Según el informe anual 2012 del Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos, elaborado por el Comité Provincial contra la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el sistema Penal y Derechos humanos, del Instituto Gino Germani, las víctimas de la violencia estatal en nuestro país son centralmente jóvenes, varones, y provenientes de los sectores vulnerables de la sociedad.

Además, en territorio bonaerense, la violencia institucional alcanza ampliamente a niños y jóvenes según deja constancia el Informe del Registro de Casos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Defensoría de Casación provincial. Tal es así, que según las estadísticas, en el 91,8% de los casos registrados las víctimas son hombres y en el 79,9% menores de 34 años.

Este proyecto necesita del aval de la Cámara de Diputados bonaerense para convertirse en ley. En tanto, una vez sea sancionada complementará la ley que estableció la creación de Fiscalías Especializadas en la temática.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza condenó hoy a 10 años de prisión al policía bonaerense Diego Torales por la aplicación de torturas al adolescente Luciano Nahuel Arruga, cuatro meses antes de que desapareciera en 2009.

Los jueces por unanimidad encontraron culpable al ex uniformado por ser responsable de "tormentos físicos agravantes" contra el adolescente, de 16 años, en la cocina del entonces destacamento policial de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

La Fiscalía y la querella habían pedido que Torales fuese condenado a 16 años de prisión, mientras que la defensa planteó la absolución del mismo.

Hace unos días el diputado bonaerense Miguel Funes había pedido una "condena ejemplar" para dar un claro mensaje a la sociedad en este caso.

“La causa de Luciano Arruga ya no le pertenece solo a la familia, sino a muchos hombres y mujeres de esta Nación, el rostro de Luciano ha trascendido, y eso también ha sido producto de la lucha de la familia”, expresó Funes y agregó: “La causa Arruga es un emblema”.

Julio Diego Torales, esta acusado de haber torturado al adolescente, quien desapareció cuatro meses después de esa detención en 2008, y cuyo cadáver fue hallado en el cementerio de la Chacarita en octubre del año pasado como NN.

En este sentido, el diputado bonaerense del Frente para la Victoria, Miguel Funes, que acompaña a la familia de Luciano Arruga​,​ sostuvo en declaraciones a la prensa que el joven “fue torturado y humillado por Torales”.

Funes calificó de “increíbles” las preguntas de la defensa en relación a la labor de Luciano, de cómo hacía para “ganarse el mango con el cartón”, enfatizó.

“Acá hay que dejar claro que la justicia debe juzgar que pasó el 22 de septiembre en aquel destacamento del horror” subrayó.

El martes pasado, declaró Vanesa Orieta, hermana de Luciano y su testimonio, como el de su madre fueron clave para comprobar que el adolescente, fue detenido y golpeado siendo menor de edad en el destacamento policial de Lomas del Mirador.

En este sentido el diputado de La Cámpora, resaltó la "fuerza" de la familia arruga al indicar que los ha visto "abrirse paso en muchas cuestiones y que gracias a esa lucha "dieron con el cuerpo de Luciano" por lo que hoy "son un ejemplo de la no claudicación".

A su vez, Funes puso su esperanza en los funcionarios judiciales que "saben que toda una sociedad los esta mirando y espera una condena ejemplar".

"La causa de Luciano Arruga ya no le pertenece solo a la familia, sino a muchos hombres y mujeres de esta Nación, el rostro de Luciano ha trascendido, y eso también ha sido producto de la lucha de la familia", expresó y agregó: "La causa Arruga es un emblema".

En la audiencia de ​ayer​, fueron citados a declarar diez testigos de la defensa, seis de ellos son policías del destacamento (Néstor Guillermo Díaz, Miguel Ángel Olmos, Damián Marcelo Sotelo, Miguel Osvaldo Soraire, Mónica Viviana Chapero y Sergio Oscar Fékter).​ ​Hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza ​​escuchará los alegatos de las partes.​