Quizá sus dichos respecto que en “cinco minutos” desalojarían cualquier protesta social son los que más repercusiones trajeron, sobre todos en organizaciones sociales, pero debemos tener en cuenta algunas cuestiones que contradicen ese acting de la Ministra, que no se compadece con la carga comunicacional que pretendió imponer a la cuestión. La primera de ellas es lo que concretamente refiere el protocolo:

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Aquí no podrá haber cinco minutos, ya que aun, utilizando el procedimiento de flagrancia, debe darse intervención a los magistrados ya que ninguna fuerza puede proceder ante ordenes políticas o por mera y propia voluntad.

La segunda cuestión es política y quizá más controvertida pero menos presente, el protocolo fue aprobado por amplia mayoría de los representantes de cada provincia del Consejo de Seguridad Interior, es decir por representaciones partidarias que abarcan todo el espectro político. La única excepción clara fue la provincia de San Luis que no concurrió a la reunión, es decir el conjunto le cedió esta herramienta al actual gobierno, derogando inclusive una resolución del año 2011.

Resulta paradójico que la primera reunión del Consejo de Seguridad fuera para establecer este protocolo y no para discutir profundamente que hacer con el narcotráfico o con la inseguridad que sigue estando al tope de las exigencias de la sociedad.

Los bonaerenses que tenemos indicadores muy por encima en materia delictual que cualquier jurisdicción provincial que se tome para comparar, esperábamos un poco más. No creemos que las cuestiones de fondo se resuelvan con protocolos. Esperamos ansiosos las definiciones gestuales, y normativas fuertes que empiecen a reconciliar a la sociedad con la política, la justicia y la policía situación que hoy casi deviene utópica, pero no por ello imposible.

Sabemos que no hay atajos pero si políticas de largo plazo que cambien la autogestión policial y deseamos una completa estrategia de prevención social y de seguridad ciudadana centrada en el ámbito de cada uno de los Municipios. Pero a su vez la decisión y la necesidad de conformar mandos únicos respetando esas estrategias particulares, pero uniformes en las acciones de política provincial.

La clave del éxito de reformular la policía, y por ende la seguridad, debe tener como directriz inmediata el control sobre los efectivos y altos mandos. Sus aspectos patrimoniales deben ser públicos ,un nuevo régimen de ética pública policial y declaraciones juradas actualizables, como así la Dirección de Asuntos Internos, organismo encargado de la investigación del accionar de los efectivos debe estar constituida por personal intachable en la tarea de contralor de la policía, con autonomía de investigación previa y obligación de constituirse en querellante, y no un simple organismo que se aboque a los sumarios internos una vez producidos los hechos. Nuevos planes de formación tendientes a recobrar la cuestión vocacional de los ingresantes, donde la policía no debe ser una salida laboral.

Debe existir un compromiso multipartidario de tolerancia cero con la corrupción intra fuerza. Solo dando una señal clara que se acepta el desafió la sociedad apoyará incondicionalmente los cambios, por más que los mismos tarden en producirse dado el estado actual de la situación, pero que no deben limitarse a acciones comunicacionales, en una sociedad que ya demostró reiteradamente su paciencia ,pero también su inconformismo justificado.

*Walter Martello, ex diputado de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de Seguridad y autor del libro “20×20, ¿Sin Salida?”