El Gobierno cerró esa área para reducir el gasto público y evitar duplicidades en la administración, como parte de una reforma estatal más amplia.
El presidente Javier Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso la disolución del Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida se enmarca dentro de la política libertaria de reducir el tamaño del Estado y avanzar hacia la privatización de sectores clave.
El Instituto, que tenía como misión asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto mediante el Decreto 870/2024, firmado por Milei y Caputo. El decreto justifica la medida bajo el argumento de “racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.”
El Decreto 1004/2014, que había dado origen al Instituto durante la gestión de Kirchner, establecía que su objetivo era integrar al sector público y privado en la planificación del transporte, fomentar la investigación en el área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.
No obstante, el Gobierno actual afirmó que con el tiempo el Instituto comenzó a superponerse con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte.
En abril de 2024, el Instituto había sido transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo el Ministerio de Economía, por medio del Decreto 318/2024. Sin embargo, una evaluación posterior concluyó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de su disolución.
El Gobierno argumentó que esta medida responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos” y que las funciones del Instituto podían ser absorbidas por otras dependencias. El decreto enfatiza la importancia de destinar los recursos a “áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan”, en línea con la estrategia de la actual administración para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.
Con la disolución del Instituto, todos sus recursos materiales y financieros serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba la entidad ahora cerrada. Así, el Decreto 1004/2014 de Cristina Kirchner, que había creado el organismo, queda derogado.
Esta decisión se inscribe en un proceso más amplio de reforma del Estado que busca no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre distintas áreas gubernamentales y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos.