El noveno mes del año confirma el desplome de la economía argentina, con una fuerte caída del 18% en el consumo en supermercados.

El noveno mes del año trajo consigo otro golpe duro para la economía argentina, con un desplome del 18% en el consumo en supermercados durante las primeras tres semanas de septiembre en comparación con el mismo período del año pasado. Así lo reportó la consultora Scentia, en línea con la caída del 17,9% registrada en agosto y un acumulado del 11,9% de disminución en lo que va del año.

El consumo, que siempre ha sido un termómetro de la situación económica, sigue sin repuntar a pesar de algunos supuestos signos de mejora en los ingresos anunciados por el gobierno. Según los supermercadistas, la baja acumulada hasta este mes oscila entre un 12% y 13%, lo que pone de manifiesto que la recuperación de los salarios no ha logrado traducirse en una reactivación del consumo.

Las ventas en supermercados y autoservicios siguen cayendo, en julio, estas ventas se desplomaron un 16,1% interanual, con un acumulado de 9,6% de caída en los primeros siete meses del año. Para la consultora Analytica, estos niveles son “sumamente bajos” y marcan el peor desempeño en el consumo desde que comenzó la serie histórica en 2017.

El contraste entre la leve mejora en los ingresos y la caída en el consumo es alarmante. El peso creciente de los servicios en los gastos del hogar, como electricidad, gas, combustibles y transporte público, ha absorbido gran parte del aumento salarial. Mientras que los salarios subieron un 128,5% desde noviembre, los costos de los servicios esenciales lo hicieron en más de un 300%, lo que impide que las familias puedan destinar más dinero a otros rubros, como la compra en supermercados.

Aunque los créditos con tarjeta crecieron un 8,4% en términos reales en julio, evitando una caída aún mayor, no han sido suficientes para reactivar el consumo masivo. Los supermercados, conscientes de esta crisis, han recurrido a descuentos y promociones agresivas, como el 2×1 y rebajas del 50%, con la esperanza de atraer a los consumidores que cada vez están más restringidos por la inflación.

La crisis económica que vive Argentina, exacerbada en septiembre, sigue golpeando de lleno en el consumo, especialmente en bienes esenciales, dejando claro que los esfuerzos por reactivar la economía aún no logran cambiar el rumbo.

La diputada libertaria se va una semana a Ucrania junto a otros libertarios.

Mientras Argentina se enfrenta a una crisis económica cada vez más grave, con niveles alarmantes de inflación y desempleo que afectan a millones de ciudadanos, la diputada libertaria y conocida terraplanista Lilia Lemoine ha emprendido un viaje a Ucrania que muchos consideran completamente absurdo y fuera de lugar. Junto con el parlamentario del Mercosur Iván Dubois, también de La Libertad Avanza, Lemoine participa en un viaje supuestamente financiado por el think-tank ucraniano Transatlantic Dialogue Center, cuyo objetivo oficial es “conocer de primera mano” la situación de Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia.

El viaje, que incluye reuniones con funcionarios ucranianos de alto nivel, como Igor Zhovkva, jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, ha generado controversia en Argentina, donde muchos cuestionan la utilidad de este desplazamiento en medio de una crisis que afecta severamente al país. Lo que ha sido particularmente criticado es la decisión de Lemoine de destinar parte de su viaje a una visita a la tumba del rabino Nahman de Breslev, lo que resalta aún más la desconexión entre sus acciones y las urgentes necesidades locales.

Aunque los gastos del viaje son cubiertos por la ONG organizadora, la diputada y su acompañante se alejaron del foco de las preocupaciones nacionales, centrándose en un conflicto internacional que no tiene relevancia directa para la situación económica argentina. Este tipo de actos han sido vistos por muchos como una distracción en lugar de un esfuerzo serio para enfrentar los problemas que su país atraviesa, especialmente en un momento en que el presidente Javier Milei ve cómo su imagen se deteriora a medida que empeoran las condiciones económicas.

A pesar de que Lemoine presentó un proyecto de solidaridad con Ucrania en la Cámara de Diputados, su decisión de viajar en este contexto ha sido calificada como insensible y mal calculada. Mientras tanto, en Argentina, la población sigue esperando soluciones concretas para la crisis interna, pero algunos de sus representantes parecen estar más interesados en la visibilidad internacional y en gestos simbólicos sin impacto real.

En lugar de centrar sus esfuerzos en buscar soluciones para la inflación y el desempleo, la diputada libertaria opta por una agenda internacional, lo que ha sido duramente criticado por su aparente desconexión con las prioridades y dificultades que enfrenta la sociedad argentina.

La consultora Analogías publicó los resultados de su sondeo en el marco de la masiva Marcha Federal Universitaria.

El día en que miles de personas participaron en la Marcha Federal Universitaria, en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, se conoció una encuesta que revela la sólida confianza social en las universidades públicas. Según el estudio realizado por la consultora Analogías, un 84,3% de los encuestados tiene una imagen positiva de la universidad pública, mientras que solo un 10,9% percibe de manera negativa su labor, y el 4,8% no expresó opinión. Este respaldo es especialmente fuerte entre las mujeres, con una aprobación del 85,2%, y entre los hombres, que alcanzaron un 83,3%. El rango etario que más valora a estas instituciones es el de 45 a 59 años, con una aprobación del 87%.

La imagen del gobierno en picada

En contraste con este masivo apoyo a la universidad pública, la imagen del gobierno de Javier Milei se desploma. Un sondeo reciente de la consultora Poliarquía mostró que la aprobación del presidente cayó 7 puntos en septiembre, situándose en un 40%, muy por debajo del 47% registrado en agosto. Este declive se da en un contexto de creciente preocupación por la desocupación, que ha superado a la inflación como el principal temor de los argentinos. Según el informe, uno de cada dos ciudadanos siente que los aumentos en las tarifas de servicios están afectando gravemente su situación económica, mientras que el 29% responsabiliza directamente a las políticas libertarias por la crisis actual.

Mientras la imagen de Milei se deteriora, el prestigio de la universidad pública se refuerza no solo en términos de percepción general, sino también en su evaluación académica. El 42,3% de los encuestados calificó el desempeño y el nivel de aprendizaje en estas instituciones como “muy bueno”, con un respaldo aún mayor entre los jóvenes de 16 a 29 años, quienes otorgaron un 50,8% de aprobación. Estos números contrastan drásticamente con el pesimismo que rodea al gobierno, cuya desaprobación subió 4 puntos, alcanzando un 47%, el índice más alto desde el inicio de la gestión libertaria.

En el plano político, las universidades públicas se erigen como baluartes de excelencia, movilidad y cohesión social, mientras que el gobierno de Milei enfrenta una crisis de legitimidad en medio de un panorama económico desalentador. La creciente confianza en las universidades, demostrada por un 59,3% que apoya la Ley de Financiamiento Educativo, resalta la importancia de estas instituciones frente a un gobierno cada vez más cuestionado por su manejo económico y su enfoque confrontativo.

A medida que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos, las universidades públicas consolidan su lugar como garantes del futuro y del bienestar social, en claro contraste con un gobierno cuya popularidad sigue cayendo a medida que las dificultades económicas se agravan.

Los diputados del PRO podrían desarmar el club del veto y dejar desnudo al Poder Ejecutivo Nacional frente a la protesta de las universidades por la falta de financiamiento. Por ahora, no se confirma el apoyo de los amarillos a la decisión del gobierno de anular la suba de fondos a las universidades nacionales. El presidente Javier Milei posterga su decisión.

Mañana vence el plazo para que salga el veto a la ley de financiamiento de las universidades que aumenta los fondos para la educación y establece una revisión bimestral de las partidas. La Casa Rosada aún no consigue sumar diputados – “héroes” – que salven al veto en Diputados, como pasó con los macristas y radicales que lograron proteger al presidente frente a los jubilados. Los “héroes” terminaron comiendo asado en la Quinta de Olivos para festejar el ajuste a los trabajadores pasivos.

La reciente disposición se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector aeronáutico.

Como se había anticipado, la Administración ha intensificado su acción contra Aerolíneas Argentinas. Este miércoles, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró a la aerolínea de bandera como una empresa “sujeta a privatización”. La norma deberá ser aprobada por el Congreso y surge en medio del conflicto con el personal de la compañía, que ha llevado a cabo medidas de fuerza por reclamos salariales y en defensa de la aerolínea.

El decreto 873/2024, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, sostiene que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio” y “el cuidado de las arcas públicas”. Se argumenta que esta acción busca que “los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

En este sentido, se destaca que Aerolíneas Argentinas cuenta con “1107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas”, lo que equivale a aproximadamente 14 pilotos por avión operativo, un número considerado “desproporcionado” en comparación con los estándares internacionales. Además, se señala que, a pesar de los resultados económicos negativos de la aerolínea, sus empleados conservan beneficios que agravan la situación. Se menciona que “en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1 %, el Estado debe destinar sus limitados recursos fiscales a satisfacer las necesidades de los más vulnerables” y que “el Tesoro Nacional no puede sostener una empresa con altos niveles de déficit”.

Desde el inicio de su gestión, la Administración ha puesto su foco en Aerolíneas Argentinas. Aunque la aerolínea no figuraba en la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases, la privatización se ha convertido en un objetivo prioritario, lo que ha generado resistencia por parte de los sindicatos del sector. Este miércoles, los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevarán a cabo un paro de 24 horas en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (Cefepra) ubicado en el Aeropuerto de Ezeiza. Esta medida no afectará a los vuelos programados. Esta será la primera acción de protesta del gremio liderado por Pablo Biró desde mediados de septiembre, cuando, junto a la Asociación de Aeronavegantes (AAA), paralizaron más de 300 vuelos de Aerolíneas Argentinas durante un paro de 24 horas.

El dirigente gremial fue hospitalizado en estado crítico debido a problemas de salud.

Luis Barrionuevo, dirigente de 82 años y líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTHGRA), fue internado de urgencia esta tarde en el Sanatorio Güemes, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su ingreso se produjo tras presentar un cuadro de descompensación, caracterizado por la pérdida de la percepción del tiempo y el espacio. Los médicos están realizando una serie de estudios para estabilizar su condición y determinar el diagnóstico adecuado.

Barrionuevo ha estado al frente del sindicato durante 39 años. Aunque no forma parte directamente de la CGT, lidera un sector del sindicalismo vinculado a Carlos Acuña, co-titular de la central. Es un dirigente con gran influencia entre sus pares y ha mantenido una relación tensa con el gobierno de Javier Milei. A pesar de haberlo respaldado en la última campaña electoral, su apoyo se retiró cuando Milei se acercó al PRO, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos.

Docentes, no docentes y alumnos se movilizarán en una marcha federal para rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario y defender el acceso a la educación pública, ante los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno.

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes participarán mañana en una marcha federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional, en respuesta al veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso.

Bajo el lema “La universidad no es el problema, es parte de la solución”, la comunidad educativa de las universidades públicas rechaza el recorte presupuestario implementado por el gobierno, que forma parte de su agenda de ajuste.

El acto central de la Marcha Federal Universitaria tendrá lugar a las 17 horas en la Plaza del Congreso, con réplicas en las principales ciudades del país.

El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades se intensificó la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro de 48 horas en defensa de sus salarios y de la ley vetada.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, los gremios rechazaron la oferta del Ministerio de Capital Humano de un aumento salarial del 5,8% en octubre, que el Ejecutivo calificó como un incremento histórico.

A pesar de que el Gobierno convocó a los gremios para negociar paritarias, las organizaciones sindicales —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT— consideraron insuficiente la propuesta, argumentando que no compensa la pérdida salarial acumulada.

“La oferta no alcanza para equilibrar la situación, dado que solo incluye un 5,8% para octubre, ignorando la enorme deuda en los salarios de docentes y no docentes”, señalaron desde el sector docente, anticipando la movilización.

La CGT confirmó su respaldo a la marcha, subrayando su apoyo a la defensa de la educación y la universidad pública. Héctor Daer, uno de los líderes de la central sindical, instó a encontrar una solución sin menoscabar el prestigio de las universidades públicas. En diálogo con Radio Splendid, Daer destacó la urgencia de llegar a un acuerdo con los gremios docentes para salir de la crisis.

Por otro lado, Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha, enfatizando que lo hacen “por su presente y su futuro”.

En contraste, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de inflar el número de estudiantes para recibir más fondos. Según sus declaraciones, el 38% de los alumnos no tienen registros claros de inscripción en las materias, lo que cuestiona la transparencia en el uso de los recursos.

El Ministerio de Capital Humano, por su parte, defendió su compromiso con la universidad pública, resaltando las medidas tomadas para mejorar el sistema educativo y presentando “siete puntos clave” en relación con el conflicto, entre ellos un aumento presupuestario adicional del 6,8%.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno ha tenido momentos de alta tensión, siendo uno de los picos la masiva movilización del 23 de abril, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país en defensa de las universidades públicas.

El periodista ultralibertario Alejandro Fantino volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei, esta vez por el acto “peronista” de Parque Lezama donde se vieron micros acarreando gente desde el Conurbano y barrabravas engrosando la escasa concurrencia de libertarios. El acto organizado por Karina Milei no logró juntar más de 5 mil personas. Papelón.

“Yo sería disruptivo, ¿para qué vas a jugarle como juega el típico acto político tradicional?. Faltaba Herminio Iglesias quemando el cajón”, ironizó Fantino.

“Javier es un pibe absolutamente enfocado en lo económico, no sé si le gusta mucho el tema político. Y con el tema político le apareció un montón de gente a la cual él quiere y me parece que lo empezaron a hacer equivocar”, dijo Fantino en referencia a Karina Milei, que se encargó de armar el escuálido acto.

El Gobierno cerró esa área para reducir el gasto público y evitar duplicidades en la administración, como parte de una reforma estatal más amplia.

El presidente Javier Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso la disolución del Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida se enmarca dentro de la política libertaria de reducir el tamaño del Estado y avanzar hacia la privatización de sectores clave.

El Instituto, que tenía como misión asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto mediante el Decreto 870/2024, firmado por Milei y Caputo. El decreto justifica la medida bajo el argumento de “racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.”

El Decreto 1004/2014, que había dado origen al Instituto durante la gestión de Kirchner, establecía que su objetivo era integrar al sector público y privado en la planificación del transporte, fomentar la investigación en el área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.

No obstante, el Gobierno actual afirmó que con el tiempo el Instituto comenzó a superponerse con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte.

En abril de 2024, el Instituto había sido transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo el Ministerio de Economía, por medio del Decreto 318/2024. Sin embargo, una evaluación posterior concluyó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de su disolución.

El Gobierno argumentó que esta medida responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos” y que las funciones del Instituto podían ser absorbidas por otras dependencias. El decreto enfatiza la importancia de destinar los recursos a “áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan”, en línea con la estrategia de la actual administración para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.

Con la disolución del Instituto, todos sus recursos materiales y financieros serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba la entidad ahora cerrada. Así, el Decreto 1004/2014 de Cristina Kirchner, que había creado el organismo, queda derogado.

Esta decisión se inscribe en un proceso más amplio de reforma del Estado que busca no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre distintas áreas gubernamentales y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos.