En una nueva avanzada privatizadora, el Ejecutivo confirmó la liquidación del material rodante del Belgrano Cargas y la concesión de vías, talleres e inmuebles, en medio de un ajuste feroz y sin plan productivo.
La Resolución 1049/2025 oficializó un nuevo capítulo del desguace estatal: el Gobierno nacional avanza con la privatización total del Belgrano Cargas y Logística S.A., incluyendo el remate de trenes y la concesión de toda la infraestructura ferroviaria. La medida responde a una lógica de ajuste que prioriza la venta de activos públicos para tapar urgencias fiscales, sin contemplar el impacto estratégico ni social del abandono del sistema ferroviario de cargas.
Con una economía debilitada y sin capacidad para sostener un rumbo productivo, la administración de Javier Milei insiste en desprenderse de empresas públicas a cualquier costo. En este caso, la operación incluye líneas clave como la General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las tareas para ejecutar la privatización ya están en marcha: desde los inventarios del material hasta la organización de subastas digitales, todo apunta a una transferencia acelerada de funciones que históricamente pertenecieron al Estado.
La decisión, que se da apenas semanas después del anuncio sobre Aysa, consolida un modelo de desmantelamiento estatal en nombre de la “eficiencia”, pero que termina beneficiando a actores privados con bienes ya amortizados y financiados por décadas de inversión pública. El Belgrano Cargas, concebido como eje vertebral del desarrollo regional y la integración productiva, se transforma así en un símbolo más del retiro del Estado y de una política que prefiere rematar antes que construir.