Tras la filtración de audios que comprometen a la hermana del presidente, el gobierno de Milei consiguió una cautelar que prohíbe su difusión.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en su cruzada contra la libertad de expresión: consiguió que la Justicia ordene frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La denuncia, presentada por la Casa Rosada, recayó en el Juzgado Federal 12. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, intentando así justificar la censura judicial.
El juez Alejandro Patricio Maraniello dispuso el “cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno”, medida que fue celebrada por el oficialismo como un supuesto resguardo de la “privacidad institucional”. En los hechos, sin embargo, se trata de un claro avance contra el derecho de la sociedad a informarse y contra la labor periodística.
Entre los apuntados por el Gobierno se encuentran periodistas y comunicadores como Mauro Federico y Jorge Rial, además de medios digitales. La Justicia incluso ordenó allanamientos en domicilios particulares y en espacios de prensa, lo que fue denunciado por especialistas como un grave antecedente de persecución y amedrentamiento.
El Ejecutivo insiste en que se trató de “una operación para desestabilizar al país en plena campaña electoral”, pero evita dar explicaciones sobre el contenido de las grabaciones que salpican a la hermana del Presidente. Con este argumento, intenta instalar que las denuncias de corrupción son parte de una conspiración, cuando en realidad se trata de hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Lejos de garantizar transparencia, el oficialismo apuesta al silencio y la intimidación: prefiere apelar a la censura antes que enfrentar la verdad. La medida cautelar, apoyada por la Casa Rosada, marca un retroceso democrático alarmante, ya que restringe el debate público y criminaliza a periodistas y medios que solo cumplen con su tarea de informar.
En un contexto de creciente escándalo político, el Gobierno opta por blindar a Karina Milei y por usar a la Justicia como herramienta de encubrimiento. El mensaje es claro: proteger a la casta gobernante, aunque sea a costa de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información.